Sorprendió que, en la batalla contra la evasión anunciada ayer por el gobierno, no hubiera mención sobre el caso de quienes derivaron fondos al exterior, en el crítico año del «corralito» (Cavallo-De la Rúa) y del default, sin haber reconocido esos capitales en sus respectivas declaraciones. Ya había trascendido que la AFIP había detectado alrededor de 1.400 casos sobre estos pases al exterior, legales obviamente, pero en infracción impositiva por no estar incluidos en el patrimonio. Este tema, caro en la búsqueda de evasores, generó la teoría punitoria -socialmente, claro- de difundir el nombre de tres docenas de estos infractores, sin duda connotados o relacionados con el mundo de los negocios y de la política. Se insinuaba como parte de una campaña que no es nueva en la Argentina (se practicó en otras administraciones) y que también cosechó adeptos en el exterior: la denuncia pública a los famosos. Durante Felipe González, en España, por ejemplo, fue casi emblemática esa campaña contra la cantante Lola Flores. Varios tributaristas la auspician, convencidos de que ese impacto mediático luego se convierte en ejemplar para otros evasores, mientras otros expertos consideran que esa política es inconveniente para quien pretende comandar un organismo recaudatorio serio y eficiente. Lo concreto es que, por ahora, el anuncio sobre 35 infractores -denunciar más personas significaría una pérdida de atención en el público- está congelado o, lo más concreto, seguramente la AFIP opera individualmente sobre los 1.400 casos.
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