La Justicia en primera instancia dictó ayer una medida cautelar que ordena al gobierno destinar la suma que Aeropuertos Argentina 2000 deposite en concepto de canon al Comando de Regiones Aéreas dependiente de la Fuerza Aérea para que ésta pueda garantizar la seguridad de los pasajeros. La decisión judicial se suma a una conflictiva situación entre el gobierno y la empresa concesionaria por el pago del canon correspondiente a este semestre cuyo vencimiento se produce mañana.
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La medida fue dictada a requerimiento de la Asociación de Pasajeros y Usuarios del Trasporte por el juez Martín Silva Garretón, el mismo magistrado que en diciembre paró el aumento de 10 centavos en ferrocarriles, trenes y subterráneos. Resulta llamativa porque, según el contrato de concesión, lo recaudado por el canon tiene algunos destinos específicos, como por ejemplo el mantenimiento de los aeropuertos que no fueron privatizados.
La resolución se tomó a una semana de que el gobierno dispusiera un aumento de las tasas aeroportuarias destinadas a la Fuerza Aérea, lo que implicó una suba de 6,5% para los pasajeros internacionales y de 14% para los viajeros de cabotaje, además de un ajuste de los importes que pagan las compañías de aviación y la inclusión, por primera vez, de taxis aéreos y aviones privados en la obligación de afrontar las tasas por control y seguridad de los vuelos. Reclamos
La medida judicial acentúa asimismo la complicada situación con AA 2000 que, según algunas versiones, también podría iniciar acciones judiciales para no pagar el canon hasta que el Estado le reconozca una serie de reclamos por 200 millones de pesos. Esas versiones trascendieron cuando la empresa presidida por Eduardo Eurnekian confió la asistencia legal al estudio del ex ministro Roberto Dromi.
AA 2000 pagó hace diez días 35 millones del canon que le corresponde abonar este semestre, y mañana debería completar el resto por 50 millones de pesos. Según la empresa, con el pago de los 35 millones quedan las cuentas conciliadas con el Estado, considerando un estudio hecho por técnicos del ex ministro Nicolás Gallo que le reconoce 107 millones del total reclamado.
Según los cálculos de AA 2000, si el Estado le debe 107 millones, éstos quedan cubiertos con los 50 millones que no pagaría ahora y con los 53 millones más intereses que adeuda por canon de otros semestres.
Auditoría
Pero Gallo, en julio pasado, elevó su informe a la SIGEN para que lo auditara, y este organismo, que se expediría entre hoy y mañana, adoptaría un criterio «restrictivo», contabilizando sólo los reclamos que considera indiscutibles, lo que daría un monto bastante inferior al prometido por el ex ministro.
Algunas versiones aseguran que el gobierno estaría dispuesto a considerar no vinculante el informe de la SIGEN, y que el Ministerio de Economía, que es la autoridad que decide después del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), reconocería reclamos por alrededor de 60 millones de dólares.
En apariencia, este reconocimiento tampoco sería suficiente para AA 2000 y Economía entraría en una etapa de negociación con la concesionaria, que incluiría otros reclamaos, además de los que tiene en sus manos la SIGEN.
