Tope a jubilaciones de privilegio sería retroactivo al '94

La cartera laboral sigue negociando con los legisladores aliancistas el proyecto de ley que termine definitivamente con las jubilaciones de privilegio. En realidad, las jubilaciones de privilegio están suspendidas desde 1994, a partir de un decreto dictado por el gobierno de Carlos Menem. Lo que se hará ahora es darle carácter de ley a un decreto, para así evitar millonarios reclamos judiciales.

En diálogo con este diario, ayer el interventor de la ANSeS, Douglas Lyall, explicó que la idea es que la norma tenga carácter de retroactividad para aquellas jubilaciones otorgadas desde 1994, año en que se eliminaron los regímenes especiales por la Ley 24.241 de reforma previsional.

Con relación al tope de las jubilaciones de privilegio, cabe recordar que hasta 1994 no existía un techo, éste surge después con la Ley de Solidaridad Previsional que establece un tope y escalas de reducción.

Ayer se reunieron la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, acompañada por el secretario de Seguridad Social, Jorge Sanmartino, con los diputados Eduardo Santín, Horacio Pernasetti y María América Gonzaález. La presencia de legisladores del Frepaso y del radicalismo refleja la voluntad en el oficialismo parlamentario de debatir el proyecto de ley que dé sostén jurídico al decreto del '94 y evitar así una nueva ola de juicios.

Por su parte, ayer el secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, Alfredo Castañón, confirmó que la intención del gobierno es que la ley que limita las jubilaciones de privilegio tenga un efecto retroactivo. «En la Argentina, en otra época, se pudo pagar con bonos a jubilados y a proveedores, y modificar condiciones de plazos fijos. Entonces, me parece que ahora tenemos que avanzar en modificar injusticias», argumentó el funcionario.

Por su parte, el diputado de la Alianza Eduardo Santín anticipó que «se va a facilitar el tratamiento en el Congreso» de esa norma.

• Ratificación

El titular de la ANSeS puntualizó que el texto que se remitirá al Congreso «es nada más que para ratificar un decreto reglamentario de la Ley 24.241, de jubilaciones especiales, que establece una derogación definitiva de cualquier régimen especial». Llyal recordó que en 1994 se dispuso por decreto la derogación de «cada uno de los regímenes especiales», y añadió que «por ser una norma reglamentaria, ha generado algunos inconvenientes, y entonces los beneficiarios de estos regímenes se presentaban ante la Justicia y obtenían la concesión de este tipo de beneficio». Según el funcionario, ahora «la idea es avanzar un poquito más y ver si el Congreso le puede encontrar alguna salida, ratificando este decreto», que lleva el número 78/94 y fue rubricado por Menem.

Santín señaló que los jueces «han encontrado un resquicio legal para declarar la inconstitucionalidad de la medida». «Entonces, me parece que hay que romper con esos resquicios, y para eso, hay que avanzar en forma de ley para derogar ese régimen y dar por terminado el tema de manera definitiva», argumentó.

No obstante, Santín advirtió que si se sancionara una ley con efecto retroactivo, «lo único que harían es darles trabajo a los abogados, con el argumento de que las leyes no legislan hacia atrás, y ganarían los juicios que el Estado terminaría pagando». Recordó al respecto que en el caso de las jubilaciones especiales «hay dos leyes que legislaron sobre esos regímenes especiales, quitas importantes que, en algunos casos, llegan a 50 por ciento». «Queremos sancionar una ley que no tenga ningún resquicio que permita declararla inconstitucional», explicó el diputado de la Alianza.

«Queremos tener todos los mecanismos para que salga de debate, porque, más que el impacto económico, este tema resulta agresivo para la sociedad», explicó Santín.

• Derechos adquiridos

Castañón señaló que si bien «la idea todavía no está plasmada», adelantó que los integrantes del gobierno estuvieron reunidos el lunes tratando de ver la forma de «modificar el régimen de jubilaciones especiales, pero no sólo a partir de la sanción de la ley, sino que también debemos pensar en la manera de modificar los derechos adquiridos». La intención del Poder Ejecutivo es eliminar las jubilaciones de aquellas personas de los poderes Judicial, Ejecutivo, Legislativo y de Cancillería, que hasta ahora se podían retirar sin un mínimo de dos años de aportes y sin la edad prevista para el resto de los regímenes previsionales. Los beneficiarios de las jubilaciones especiales reciben en la actualidad 85 por ciento móvil del salario, sin excepciones, al momento del retiro. Si el gobierno no consigue suprimir los derechos adquiridos, tendrá que buscar alternativas que implicarán «un esfuerzo de imaginación».