Tras pelea con gobernadores frenan garantía para deuda

El crecimiento que la Argentina no consigue alcanzar está hoy severamente bloqueado por factores políticos. Casi todos provienen del seno del oficialismo, donde se ofrece hoy una combinación de conductas acaso imposible de empeorar. Es que al vacío que produce a diario la indecisión de De la Rúa, cercana ya a la indolencia, se agrega el hiperactivismo populista de un ala importante del radicalismo. Este cuadro apareció ayer pintado con una expresividad impresionante. Alfonsín ya había dicho desde Brasil que la ley de crédito público era una iniciativa intolerable que ni debía llegar al Congreso. Alfonsín está hoy cautivo de una ilusión en él poderosísima: cree que obstruyendo a un gobierno en apuros y predicando demagogias de campaña no sólo recuperará ventaja ante Duhalde. También sueña quedarse como jefe de toda la Alianza, Elisa Carrió y el Frepaso, cuya dirigencia extraña hoy el alimento izquierdista que antes le proveía Chacho Alvarez. El jefe radical ya parece haber optado entre ese proyecto partidario y el fracaso del gobierno De la Rúa. Como un eco, ayer se le sumó Moreau, quien desalentó a Ruckauf y a otros gobernadores peronistas advirtiendo que la UCR no votaría el proyecto del gobierno. El Presidente, obediente a la presión partidaria, pasó de la tolerancia a la adhesión y abortó todas las gestiones de Economía ante el PJ dicién-dole al gobernador De la Sota que el proyecto de Cavallo no era su proyecto y que, por lo tanto, no debería esperarse de su parte un respaldo público.

El gobierno congeló ayer la negociación para conseguir la aprobación de la ley de crédito público, que permitiría garantizar la deuda con recaudación. El primer freno fue aplicado por Fernando de la Rúa, quien no estuvo nunca dispuesto a aparecer públicamente apoyando el proyecto. El Presidente duda de la idea y no quiso pararse junto a Domingo Cavallo para lanzarla.

Los gobernadores del PJ, que ayer estaban a un paso de anunciar un apoyo general a la iniciativa, terminaron enfrentados con el gobierno cuando el propio ministro de Economía les dijo que no le interesaba aprobarla si no era en medio de un consenso amplio y que no la necesitaba para el canje de bonos. Algo de esto ya había adelantado Daniel Marx el martes por la noche, cuando reconoció que la ley de crédito público no era necesaria y que no tenía en claro si podría servir para bajar las tasas de interés vía un refuerzo de las garantías.

Después de un día entero de versiones, Cavallo terminó confirmando que dentro de 45 o 60 días se enviaría un proyecto de garantía al Congreso, pero sólo para cubrir con recaudación los bonos que emitió el gobierno para que los bancos integren los encajes y los que se coloquen a las AFJP.

La fase final de la ruptura comenzó ayer hacia el mediodía, durante la reunión de los gobernadores peronistas en el Consejo Federal de Inversiones, donde por segundo día se había convocado para discutir el apoyo al proyecto para garantizar con recaudación la emisión de deuda. Hasta ese momento, el apoyo de los jefes provinciales estaba condicionado a una lista de pedidos al gobierno dentro de los que figuraba el giro inmediato de $ 225 millones adeudado por la Nación para aplicar a planes sociales administrados por cada gobernación.

Condición

Cuando los gobernadores estaban cerca de un acuerdo final, se puso sobre la mesa una condición que parecía inevitable: De la Rúa debería aparecer públicamente apoyando la ley de crédito público, cosa que hasta ese momento no había hecho. Para el PJ la cuestión era más que razonable. Ninguno de los gobernadores podía aparecer cerrando un acuerdo para votar la ley y ordenar a sus diputados y senadores que la apoyaran en los recintos, por más supuesto beneficio en fondos y baja de tasas que esto significara, sin que el propio oficialismo apareciera liderando el apoyo al proyecto.

De la Sota fue comisionado entonces para hablar con el Presidente, aunque el gobernador no estuviera en su mejor momento de relación con De la Rúa, después de algunos desplantes que sufrió en el último viaje presidencial a Córdoba. La conversación fue escuchada por todos los gobernadores del PJ, menos Carlos Reutemann, quien debió quedarse en Santa Fe para un acto. «Fernando, buen día. Te llamo porque aquí está todo casi listo. Pero, para largarnos a apoyarte, necesitamos que salgas públicamente a defender la ley», le dijo el cordobés a De la Rúa. La respuesta fue tajante: «Ese proyecto no es mío, es de Economía. Tendrían que hablar con Cavallo», le dijo el Presidente, y luego siguió con una larga disertación sobre la inutilidad del proyecto si no se conseguía aprobar con amplio consenso.

Casi congelado, De la Sota ensayó una salida: «Y los $ 225 millones que se comprometieron a girarnos, ¿cuándo los van a pagar?». «Cuando lo vea a Cavallo voy a hablar del tema; está bien. Creo que no hay otro tema para hablar», retrucó De la Rúa y colgó.

Los presentes entendieron enseguida que o al gobierno ya no le interesaba más la ley de crédito público -y las palabras del Presidente estaban sintonizadas con una estrategia de Economíao el conflicto entre la Rosada y el ministerio ya había llegado al clímax. Unos minutos después, supieron la verdad.

Con la furia de quien se siente desplazado después de haber trabajado una semana convenciendo a los más renuentes para conseguir la aprobación de un proyecto que, en origen, estaba destinado a la muerte, los gobernadores se sentaron a redactar un petitorio, casi como un manifiesto revolucionario, para dejar en claro que, de ahora en más, la aprobación de este o cualquier tema le podría salir mucho más caro al gobierno. Sobre el papel, pusieron entonces los nuevos requisitos: el pago de los $ 225 millones para gasto social que Economía les debe desde hace un año, que se les garanticen los sueldos de las administraciones provinciales desde ahora hasta fin de año, un pronunciamiento personal de De la Rúa apoyando la ley de crédito público y, además, algo imposible: un documento de la Alianza adoptando como propio el proyecto para garantizar la deuda con recaudación.

Mientras estaban en esa tarea, recibieron una llamada de Cavallo confirmado sus sospechas. «Mejor no vengas para acá. Hablamos con De la Rúa, y no sólo no leyó el proyecto, sino que tampoco se quiere jugar; pongamos un freno», le dijeron los gobernadores. «En estas condiciones, la ley no me interesa. Este no es un tema para sacar de apuro», les contestó Cavallo, mientras todos lo escuchaban a través de un teléfono sin manos. «Nos hicieron trabajar una semana, convencimos a todo el mundo, nos bancamos la presión de los bloques», le contestaron en grupo.

«El canje se puede hacer sin garantía. Prefiero pagar un puntito más y que esto no salga más.Además, a los mercados internacionales esto no les interesa. Dejémoslo para dentro de 60 días, sigamos hablando. De todas formas, va a servir más adelante para garantizar las colocaciones que hagan en el país», terminó Cavallo.

Sin discutir más, y con la idea de que en el futuro las condiciones para acceder a un pedido del gobierno serían más duras, los caciques provinciales comenzaron a desconcentrarse.