Volvió López Murphy con plan económico

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) volvió ayer públicamente a presentarse en sociedad como usina de propuestas económicas con la exposición del trabajo «Una Política Económica para la Década». Fue ayer a la mañana en la segunda jornada de la Reunión Anual de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), luego de la mala experiencia que algunos de sus integrantes tuvieron hace menos de tres meses como efímeros conductores de la economía argentina. El encargado de reintroducir a FIEL entre los banqueros y economistas, un ámbito donde siempre los hombres de este origen tuvieron un lugar de preferencia intelectual, fue el propio Ricardo López Murphy, que ejerció el rol de presentador del informe descargando toda una batería de frases sugerentes: «Pido oídos receptivos para nuestras propuestas» y «sólo buscamos lo mejor para nuestro pueblo y nuestro país».

Ahora, el ex ministro de Economía anunció una apuesta mayor. FIEL propone un ahorro del gasto público total por 11.000 millones de dólares anuales tocando fondos públicos por u$s 37.000 millones. Habla de reducir 94.850 cargos públicos y privatizar el Banco Nación.

A los costados de López Murphy en la presentación se ubicaron Juan Luis Bour, Manuel Solanet y Enrique Szewach. El primero fue el encargado de aclarar que la propuesta para los próximos 10 años «no se trata de un plan económico sino de una estrategia de largo plazo para alcanzar el crecimiento de la economía».

En una de las pocas referencias a las últimas medidas económicas, FIEL consideró que la implementación de un tipo de cambio especial para las operaciones de comercio exterior «presentó pocos costos y pocos beneficios» por lo que habrá que esperar para saber cuál es el resultado final de la influencia que tendrá sobre la visión que los inversores tienen de la medida. El estudio se plantea como objetivo maximizar la tasa de crecimiento de la economía y atacar los problemas de pobreza y distribución de los ingresos, mediante la concreción de reformas en el sistema laboral, el régimen monetario y la disciplina fiscal.

El tramo más extenso de la presentación estuvo a cargo de Solanet, quien expuso su propuesta de reforma administrativa que prevé la reducción de 94.850 empleados públicos sólo en el Poder Ejecutivo (lo que representa 33 por ciento de la planta de personal) con el objetivo de alcanzar «una eficiencia de la gestión y una mejor orientación y calidad del gasto social». «Tenemos todos una percepción de que el gasto social es una de las principales falencias. Se gasta mucho pero mal en educación, salud y seguridad», afirmó Solanet para reafirmar uno de los aspectos más polémicos del corto paso del equipo de FIEL por el Ministerio de Economía. El economista sostuvo que el gasto público pasible de reforma administrativa en el nivel nacional es de 10.000 millones de pesos, de 22.000 millones en las estructuras provinciales y de 5.000 millones en los municipios. De acuerdo con las proyecciones de Solanet, los ahorros en esos tres segmentos serían de 3.100 millones en el Estado nacional, 6.500 en las provincias y 1.500 en los municipios, «un total de 11.100 millones de dólares, lo que es equivalente al déficit público actual».

Respuesta

Solanet contestó además, con nombre y apellido, a Aníbal Ibarra, que en la apertura de las sesiones de ABA había reclamado que la reducción del gasto no debe ser «una causa nacional». El hombre de FIEL dijo que «esta reducción no es brutal ni abrupta como dijo Aníbal Ibarra. Hemos hecho cosas más difíciles que una reforma administrativa, temas que implicaban conflictos ideológicos. Acá no los hay, pero se requiere decisión para ir adelante».

En ese momento el economista recibió el aplauso más prolongado de la exposición.

La propuesta se completó con la exposición de Bour, que propició una reforma del sistema previsional con la eliminación de la ANSeS y el PAMI, «una profunda modificación y unificación de los contratos de trabajo con costos de ruptura ciertos y menores» y una simplificación y reducción de la tributación. Dijo además que «sé que algunos no nos quieren escuchar, pero a lo mejor si nos escuchan seguido, aprenden», en lo que fue interpretado como una respuesta a las críticas del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren.

El economista consideró que «por hacer lo que se podía y no lo que se debía se pagaron altos costos en materia de distribución del ingreso, con un salto grave en la materia a partir de 1994». «El problema de la distribución de la riqueza no es atribuible a las reformas promercado», aseveró Bour, que agregó que el estudio que presentó FIEL «es un trabajo profesional y no ideológico».

El informe completo se conocerá en forma de libro antes de octubre y además de López Murphy, Bour y Solanet, colaboraron Daniel Artana, Abel Viglione, Fernando Navajas, Pablo Guidotti, Nicolás Dujovne y Marcela Cristini.

Además del de FIEL, el segundo trabajo que se refirió a la necesidad de reformular la estructura del gasto público fue el de Humberto Toledo; probablemente el único preparado específicamente por un exponente del ámbito político.