22 de marzo 2006 - 00:00

Vuelve el laudo

No se sabe todavía si el sindicalismo que encabeza Hugo Moyano terminará aceptando las pautas de moderación salarial que intenta impartir Néstor Kirchner a través del Ministerio de Trabajo. Lo que resulta evidente es que, mientras se negocian nuevas escalas salariales, los gremialistas han decidido organizar su propia fiesta populista en el Congreso. A las leyes regresivas que el letrado de Moyano, Héctor Recalde, viene alentando en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja (sobre las que este diario informó ayer) se les agregó ahora la reposición del laudo gastronómico. Motorizado por Luis Barrionuevo, quien ocupa una banca en esa comisión, se discutirá un proyecto de ley por el cual los empleados de hoteles y restoranes tendrán que recibir una comisión de 10% sobre los ingresos netos de las empresas en las que trabajan. Las consecuencias de ese régimen en materia de inflación, desinversión y desempleo no necesitan ser mencionadas. Moyano, que le arrebata a Kirchner todo lo que quiere, carece de autoridad para frenar la voracidad de sus pares. ¿Podrá hacerlo el Presidente?

Luis Barrionuevo
Luis Barrionuevo
Si Néstor Kirchner pensó que el desafío que lanzaría el sindicalismo sobre su gobierno habría de verificarse solamente en el campo salarial, debería modificar su presunción. Su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, intenta persuadir a los distintos gremios para que no lleven las paritarias a incrementos superiores a 15%. Pero sus representantes en la Cámara de Diputados, comandados por el laboralista Héctor Recalde, lanzaron un reto también delicado: quieren que Kirchner demuestre su progresismo con una modificación antiempresarial de toda la normativa laboral.

Este diario consignó ayer que el kirchnerista Recalde, el principal asesor de Hugo Moyano en materia laboral, impulsa desde la presidencia de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara cinco proyectos destinados a desalentar la inversión, producir más desempleo y alimentar la industria del juicio: 1) llevar de 2 a 10 años el plazo de la prescripción en materia laboral; 2) eliminar los topes indemnizatorios por despidos; 3) establecer una indemnización por despido universal, cualquiera sea la duración del vínculo; 4) considerar un equivalente al despido sin justa causa casi todos los cambios en el tipo de trabajo que prestan los empleados; 5) prohibir el trabajo los domingos.

• Restitución

Anoche se supo que Recalde impondría otro tema de tratamiento en la Comisión de Legislación Laboral para hoy: la restauración del laudo gastronómico. Se trata de un viejo proyecto de Graciela Camaño, la esposa del titular del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, quien también integra el equipo que comanda Recalde. Como se ve, la iniciativa no requiere de lobbystas especiales: los tiene de sobra entre los propios diputados. El texto impulsado por Camaño (acaso la mayor experta en la dinámica parlamentaria con que hoy cuenta el Congreso) lleva la firma de otro prócer de la rigidez laboral argentina. Nada menos que Saúl Ubaldini. «Querido» es el anterior jefe de Recalde, quien integró aquella vieja lista bonaerense de 1991, por la cual el astuto Diego Ibáñez sacó a Ubaldini de la CGT para hacerlo hundir en las arenas movedizas de la provincia de Buenos Aires.

¿En qué consiste el « laudo» que quieren reimponer los gastronómicos, quienes también han redescubierto su alma setentista? El articulado del proyecto es claro: garantiza (art. 5°) para todos los trabajadores gastronómicos o del turismo un sueldo básico y «una comisión colectiva porcentual calculada sobre las ventas brutas, de las que se deducirán el IVA y el Impuesto a los Ingresos Brutos (...). Dicha comisión nunca podrá ser inferior a 10%, siendo nula toda convención de partes que la reduzca, modifique o altere».

Este beneficio alcanzaría a todos los empleados que se definen en el artículo 2°: «...todo trabajador que en forma habitual, temporaria, eventual o extraordinaria preste servicios en la venta de servicios turísticos y en la venta de bebidas, comidas y alojamiento, incluyendo al personal administrativo, de mantenimiento y de servicios varios, que, por las características de la empresa o establecimiento sean necesarios para la conclusión final del servicio».

Como es obvio, se trata del modo imaginado por Recalde y los sindicalistas para acceder a parte de la renta que genera hoy el boom turístico que se verifica en algunos centros urbanos. Pero afectará a todos los hoteles y restoranes del país, reciban o no a viajeros atraídos por las bondades de la Argentina, que se han puesto bajo la lente de aumento del tipo de cambio.

¿Cuál será el efecto que tendrá esta comisión de 10% sobre los ingresos netos de hoteles y restoranes sobre los precios que tanto quiere controlar el Presidente? Los diputados que representan a la CGT no se lo preguntan. El objetivo de ellos es otro: aprovechar la ola de populismo sobre la que, en tantos aspectos, navega Kirchner, para recuperar en este ciclo histórico prebendas que se fueron perdiendo a lo largo de las últimas décadas.

Visto desde la perspectiva de Kirchner, este programa laboral que impulsa el «restaurador de las leyes» Recalde tiene dos significados. Por un lado, representa una encrucijada política inquietante: ¿dará la Casa Rosada la orden necesaria para que sus diputados vayan en contra del sindicalismo en la defensa de «los intereses de los trabajadores», aunque esa defensa desaliente la inversión y provoque más desempleo?

Nadie tiene hoy la respuesta para este primer problema.

El segundo aspecto que seguramente inquietará a Kirchner de esta hiperatividad laboral del Congreso tiene que ver con su predilecto Moyano. La crisis de autoridad que atraviesa hoy el camionero en relación con los demás sindicalistas se debe en buena medida a la estrategia oficial de halagar solamente al Transporte (en especial, al secretario de la CGT), con independencia del resto de las organizaciones gremiales. En efecto, Moyano se lleva subsidios, exenciones impositivas para las empresas que contratan con él, controla las obras sociales a través de su abogado Juan Rinaldi y hasta administra el segundo escalón de la Secretaría de Transportes.

Este favoritismo está derivando en una consecuencia evidente, que se refleja en el Congreso: los demás sindicatos han decidido cobrarse su parte en el festín nacional y popular que, se supone, preside Kirchner. Y las ventajas que está sacando Moyano son tantas que se le hace imposible desalentar a sus colegas. Esto explica que, así como Armando Cavalieri avanza contra el supermercadismo impidiendo el trabajo dominical, Barrionuevo quiera regresar al laudo de los 70 y los abogados sindicales, encabezados por el propio Recalde, amplíen esa « industria sin chimeneas» que es la conflictividad permanente que favoreció por décadas el derecho laboral argentino.

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