Senado apura retoques a ley de financiamiento político para votarla el miércoles 13

En caso de acordar modificaciones, en la sesión deberá constituirse la comisión para cambiar el despacho del año pasado. Contactos en Diputados para aprobarla, a más tardar, en abril.

Intento. El peronista Dalmacio Mera convocó a una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales para consensuar cambios a la ley de financiamiento. Federico Pinedo (PRO) busca sellar la sesión para el 13-3.

Tras los errores garrafales del oficialismo durante las sesiones extraordinarias de diciembre pasado, el Senado intentará acordar el martes próximo retoques al dictamen que el año pasado obtuvo sobre la ley de financiamiento político para llevarla al recinto el miércoles próximo. Sobre esta fecha titubeó el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo, aunque otras fuentes de Cambiemos aseguraron a Ámbito Financiero que se busca sellar el convite para ese día, en consenso con el PJ que comanda Miguel Pichetto.

El martes se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales, que comanda el justicialista Dalmacio Mera. Al haber un dictamen, la única posibilidad que existe de modificar ese texto es que al día siguiente, en pleno recinto, se constituya la comisión para retocarlo. “Nos vamos a juntar para no realizar desprolijidades en la sesión, con un asunto delicado. Ya hay varias ideas y también hay un pedido para analizar el tema de las redes sociales, pero está encaminado”, señalaron anoche a este diario desde el entorno de Mera. El objetivo final es que Diputados -ya hubo contactos- sancione la iniciativa en abril.

A inicios de noviembre pasado, el Senado avanzó con un dictamen. El nervio principal del texto impone “un modelo mixto” de fondeo público y privado y deja claro un límite de aportes para los partidos: personas “humanas y jurídicas” tendrán un tope del 5% de los gastos permitidos en campañas electorales en caso de querer “ayudar” monetariamente a los candidatos. Veamos hacia dónde apunta el despacho, más allá de los futuros cambios en la eventual sesión del 13-3:

Aportes. Deberán ser “efectuados únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que éstos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte”. Además, “las entidades bancarias o administradoras de tarjetas de crédito o débito” tendrán que “informar a la agrupación política destinataria del aporte la identidad del aportante y permitir la reversión en caso de que el mismo no sea aceptado por el destinatario, sin necesidad de expresión de causa por parte de este último”.

Prohibiciones. La porción más importante del tercer artículo es que continuará desactivado el fondeo vía sindicatos, aunque algunos operadores aún lo reclaman. Tampoco habrá “contribuciones o donaciones anónimas”; aportes de “entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires”; de “empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas”; de “personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar”; y quienes “hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores”, entre otros.

Trazabilidad. Las agrupaciones políticas registrarán el dinero de privados recibido en el “Registro de Trazabilidad de Aportes Electorales” que creará la Cámara Nacional Electoral, con un plazo de siete días hábiles para autorizar el uso u ordenar la reversión de éstos. En caso de no poder ser revertidos, las partidas serán destinadas al “Fondo de Financiamiento del Programa para Personas con Discapacidad” del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Control patrimonial. El juez federal con competencia electoral remitirá los informes presentados por los partidos al “Cuerpo de Auditores” de la Cámara Nacional Electoral -se crean ocho vacantes y aumenta la burocracia-, el cual analizará la situación de cada agrupación, con posibilidad de peloteo de observaciones y respuestas. El dato clave aquí es que si en el procedimiento se advirtiera “la existencia de algún ilícito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrán remitir al tribunal competente testimonio de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral”, y que “en ningún caso la competencia penal se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario”.

Responsables. El texto señala que los partidos designarán dos “responsables económico-financieros para las elecciones generales, debiendo en todos los casos ser mayores de edad, con domicilio en el distrito correspondiente, afiliados al partido político o, en su caso, a alguno de los partidos políticos que conforman la alianza”. Además, uno deberá “ser autoridad partidaria o, en su caso, autoridad de algunos de los partidos políticos que conforman la alianza y el otro deberá contar con matrícula profesional vigente de contador público”.

Publicidad y difusión. Los servicios de comunicación estarán “obligados a ceder el cinco por ciento del tiempo total de programación para fines electorales”, que significa una rebaja a la mitad en relación con las últimas campañas. En tanto, la difusión comenzará 30 días antes para las PASO y 35 para la elección general, con subas en ambos casos. Por otra parte, el Estado no podrá publicitar actos de gobierno 25 días antes de los comicios, un plazo que en la actualidad es de 15 días.

Encuestadoras. Continuará la necesidad de registro y explicación de trabajos realizados -también quiénes los adquirieron y los montos pagados-, y ante incumplimientos tendrán llamados de atención, apercibimientos, multas de $500.000 a $5 millones; y suspensión o cancelación en el registro.

Penas. Ante diversas irregularidades, los partidos “serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por un plazo de uno a cuatro años; y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una a dos elecciones”.

Tiempos. Las agrupaciones políticas tendrán que “adecuar sus Cartas Orgánicas y reglamentos y dar cumplimiento a las prescripciones dispuestas en la presente Ley dentro de los 180 días de su entrada en vigencia”.

La ley de financiamiento político es el único proyecto real que le interesa al oficialismo y a gran parte de la oposición. Por caso, desde el Gobierno esperan que cumpla su palabra la diputada y referente principal de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien el año pasado bloqueó la discusión en Diputados al no estar de acuerdo con los aportes de empresas. Curioso: en el otro extremo de esta iniciativa se encuentra el cristichavismo, quien a través de Máximo Kirchner impulsa un mayor fondeo desde el Estado y que se prohíban aportes de empresas.

En diciembre pasado, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias y la ley de financiamiento político apareció en el temario, aunque nunca se trató. Cambiemos se enfrascó y batalló en Diputados con la ley antibarras, que fue limada por la oposición y frenada por operadores futbolísticos que responden al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Quien desapareció de esa trifulca fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien dejó en soledad a su par de Seguridad, Patricia Bullrich, y a legisladores oficialistas.