Desdoblan aumento en tarifas de gas: en abril será del 10%

La intención es atenuar el impacto de la inflación y cuidar el humor social antes de las elecciones. También responde a un pedido de la UCR.

NA

El objetivo oficial es atenuar el impacto en la inflación y cuidar el humor social en los meses preelectorales.

El Gobierno se vio obligado a atenuar el aumento en las tarifas de gas que rige desde el lunes próximo. La suba será del 29%, pero recién se afrontará plenamente con los consumos que se realicen a partir del 1 de octubre y que se pagarán después de las elecciones.

La decisión que se tomó el miércoles por la tarde, luego de que el dólar había cerrado a $44,92, busca moderar el impacto en los índices de inflación, atenuar el derrame sobre otros precios de la economía, y evitar que crezca el malhumor social en los meses preelectorales, y de paso responde a insistentes cuestionamientos de la UCR sobre las tarifas.

Sin embargo, la medida no cambia las reglas de juego ni los contratos firmados con las empresas, por lo cual la decisión implica un desembolso extra de $4.500 millones por parte del Estado. De ese total, $2000 millones son para compensar a las petroleras productoras de gas por el desdoblamiento del aumento y $2.500 millones son para cubrir los costos financieros del diferimiento de parte de la factura de los meses de invierno.

Según la Secretaría de Energía, el cronograma para los usuarios residenciales de todo el país será el siguiente:

A partir del 1 de abril, las tarifas de gas se incrementan un 10%, con lo que se cubrirá el aumento destinado a transporte y distribución.

A partir del 1 de mayo, habrá una suba adicional del 9,1%, lo que acumula un 20,01% en dos meses.

A partir del 1 de junio habrá otro incremento del 7,5%, llegando así al total del 29%.

Pero para los consumos de junio, julio, agosto y septiembre, habrá un diferimiento del 22% del total de la factura, que los usuarios terminarán pagando sin intereses entre diciembre y marzo.

Según fuentes oficiales, como consecuencia del diferimiento, en junio se terminará pagando una tarifa igual a la que rige hasta ahora. Será de todas formas un 50% más cara que la del invierno pasado considerando el alza que se aplicó desde octubre.

De acuerdo con la estimación oficial, que dependerá en la práctica de las temperaturas, los hogares de menor consumo diferirán para el verano el pago de $ 875, los de consumo medio $ 1.663 y los de alta demanda $ 3.859. Esas sumas aparecerán en las facturas como “diferimiento estacional”, no incorporadas en el total y luego descontadas, por lo que pasarán desapercibidas para gran parte de los usuarios como ya ocurrió en 2017 también en los meses preelectorales. En cambio, en 2018 los consumidores tuvieron que pedir el diferimiento y luego pagarlo con intereses, lo que derivó en una escasa adhesión al sistema.

Del 29% de aumento en las tarifas, un 10% surge de reconocer a transportistas y distribuidoras un 26% de ajuste en sus ingresos, para lo que se tomó la evolución de precios mayoristas (IPIM) de septiembre a febrero, según está previsto en los contratos con esas empresas firmados en 2017.

Al mismo tiempo se les rechazó el reclamo de un 10% adicional porque para la actualización de octubre no se les había reconocido el total que arrojaba el IPIM, sino una fórmula que combinó otros índices como construcción y salarios. Según el Gobierno, no hay lugar para recursos administrativos ni judiciales por ese punto, porque los contratos prevén “circunstancias especiales”. El otro 19% del aumento se debe al precio del gas que perciben las petroleras. Según fuentes oficiales, el valor que finalmente se consideró es de u$s4,70 por millón de btu a un tipo de cambio de $41. Afirmaron que ese precio es más alto que el de u$s4,56 obtenido como promedio en la subasta que organizó la Secretaría de Energía en febrero, porque incorpora algunos de los contratos firmados por las distribuidoras a valores “razonables”. Es decir hubo contratos o compromisos de compra que no se tuvieron en cuenta para decidir los cuadros tarifarios. Ahora, la Secretaría de Energía se propone realizar subastas mensuales para que las distribuidoras compren el gas que les falta para cubrir los requerimientos del invierno y no dependan del spot diario que es más caro. En el Gobierno se afirma que el precio del gas local no debe llegar a la meta de u$s6,80 que fijaba la tablita de Juan José Aranguren. Por el contrario, esperan que la producción siga en aumento y que haya un sendero descendente. Con ese criterio, se piensa que el próximo ajuste que teóricamente debe ser en octubre pero que se postergará para después de las elecciones, incluirá la actualización por el IPIM de los márgenes de transporte y distribución, más el impacto de la devaluación sobre el precio del gas y menos lo que éste último baje por mayor oferta. La idea oficial es ahora que el precio local tienda a acercarse al precio de exportación y no al de la importación, como en la época de Aranguren. Pero sigue en pie la dolarización y el ajuste por precios mayoristas que en una economía con inestabilidad cambiaria y alta inflación, implica permanente aumento de tarifas. Habrá que ver además si la producción continúa en ascenso luego del cambio en los subsidios a las petroleras.