3 de septiembre 2026 - 11:03

Bolivia intervino la petrolera estatal YPFB en medio de una grave crisis de combustibles

Bolivia intervino temporalmente YPFB por deficiencias en la importación y distribución de combustibles. La medida durará hasta 180 días y abre la puerta a una reducción del rol comercializador de la petrolera estatal.

La intervención durará hasta 180 días y abre la puerta a una reducción gradual del rol comercializador de YPFB en favor de empresas privadas.

La intervención durará hasta 180 días y abre la puerta a una reducción gradual del rol comercializador de YPFB en favor de empresas privadas.

YPFB

El gobierno de Bolivia dispuso una intervención estatal extraordinaria sobre YPFB, la petrolera estatal del país, en medio de una crisis de abastecimiento de combustibles que mantiene largas filas en estaciones de servicio y se convirtió en uno de los principales problemas de la administración de Rodrigo Paz. La medida fue anunciada por el Ministerio de Hidrocarburos y apunta a revisar deficiencias en la importación y distribución de carburantes.

La intervención tendrá un plazo de hasta 180 días y no implica la supresión de la empresa. Según el decreto publicado en la gaceta oficial, el objetivo es obtener información fidedigna y suficiente para elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de la compañía.

La decisión se conoce en un contexto de escasez persistente, protestas intermitentes y denuncias por contrabando de combustibles hacia países vecinos. El Ejecutivo también anticipó que buscará quitarle paulatinamente a YPFB su rol como comercializadora, para que vuelva a concentrarse en exploración, explotación y refinación.

Una intervención para revisar la cadena logística

La oficina presidencial informó que la intervención busca “recuperar su eficiencia, fortalecer el abastecimiento de combustibles y transparentar su cadena logística”. La medida será implementada por una comisión integrada por los ministros de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos y Obras Públicas, junto con el viceministro de Transparencia.

Esa comisión tendrá la tarea de recomendar auditorías y acciones sobre la empresa estatal. El foco estará puesto en la cadena de importación, almacenamiento y distribución, donde el gobierno identificó las principales fallas.

Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos de Bolivia, sostuvo que las medidas ordinarias adoptadas hasta ahora no dieron resultado. “Las medidas regulares que habíamos tomado no funcionaron y es por eso que estamos tomando esta medida extraordinaria”, afirmó en conferencia de prensa.

El funcionario atribuyó la escasez a “deficiencias logísticas en la importación y distribución” de YPFB.

El Gobierno quiere reducir el rol comercial de YPFB

Además de la intervención, el Ministerio de Hidrocarburos anticipó una redefinición del papel de la petrolera estatal. Hasta ahora, YPFB se encarga de la comercialización de combustibles, un proceso que incluye desde la importación hasta la distribución en el mercado interno.

El gobierno de Paz busca modificar ese esquema. Según Blanco, la intención oficial es que la compañía vuelva a su “rol natural” de exploración, explotación y refinación, y deje de dedicarse a la comercialización de hidrocarburos.

Ese cambio abriría espacio para una mayor participación de empresas privadas en la importación y distribución de combustibles. En la práctica, implicaría un giro en el modelo de gestión energética boliviano, después de años de fuerte centralidad estatal en el sector.

Una crisis que no cede

La escasez de combustibles se convirtió en el principal obstáculo para el gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre de 2025 con la promesa de resolver el abastecimiento.

Las filas en las estaciones de servicio se volvieron habituales. En algunos casos, los conductores duermen dentro de sus vehículos para conservar su lugar y poder cargar combustible.

El problema tiene raíces económicas profundas. En diciembre, Paz eliminó los subsidios a los combustibles, una política emblemática de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Esa subvención había presionado sobre las reservas internacionales y terminó complicando la continuidad de las importaciones de los mismos carburantes que el Estado sostenía con precios subsidiados.

Paz había prometido que el fin de las subvenciones pondría fin a las largas filas en las estaciones de servicio, pero hasta ahora eso no ocurrió.

Denuncias por combustible contaminado y contrabando

A la falta de abastecimiento se sumó otro frente de conflicto. En enero comenzó una ola de denuncias contra YPFB por la distribución de gasolina contaminada, que hasta junio habría dañado al menos 36.000 vehículos.

El gobierno también apuntó contra el contrabando. Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, denunció que “la mitad del combustible” importado por el Estado termina derivado ilegalmente hacia otros países, con presunta complicidad de trabajadores de YPFB.

Para enfrentar ese problema, el Ejecutivo duplicó el precio del diésel hasta u$s1,5 por litro. La suba buscó evitar que el bajo precio interno siguiera incentivando el desvío de combustible hacia mercados externos.

La medida, sin embargo, generó malestar social. Desde la semana pasada se registran protestas intermitentes de campesinos y bloqueos en distintos puntos del país.

Protestas y tensión social

En el departamento oriental de Santa Cruz se reportaron cuatro puntos de bloqueo. En la localidad de Cuatro Cañadas, decenas de campesinos manifestantes cerraron por 24 horas el paso a una fila de camiones y otros vehículos con neumáticos y árboles derribados.

Las protestas desafían el estado de excepción decretado por el gobierno para contener manifestaciones previas contra la crisis económica, que habían paralizado al país entre mayo y junio.

La intervención de YPFB aparece así como una respuesta de emergencia ante una crisis que combina escasez, denuncias de corrupción o complicidad logística, tensión fiscal, eliminación de subsidios y protestas sociales.

El resultado de la medida dependerá de la capacidad del gobierno para normalizar el abastecimiento, auditar la operatoria de la petrolera estatal y ordenar una transición hacia un nuevo esquema comercial. Por ahora, la crisis de combustibles sigue siendo el mayor desafío económico y político para la administración de Rodrigo Paz.

Te puede interesar