El futuro de Cobre Panamá volvió a quedar abierto a una negociación entre el Gobierno de José Raúl Mulino y First Quantum Minerals. Después de casi tres años de paralización, una Comisión Interministerial recomendó al Presidente panameño autorizar el inicio de conversaciones formales con la compañía canadiense para evaluar un nuevo acuerdo que permita una eventual puesta en marcha del proyecto por varios años y, al mismo tiempo, garantice un cierre progresivo y autofinanciado del complejo.
Cobre Panamá: buscan acuerdo entre el Gobierno de Mulino y First Quantum para reapertura controlada de la mina
El informe de una Comisión Interministerial propone habilitar negociaciones con First Quantum para evaluar un nuevo esquema de operación que permita financiar el cierre progresivo del complejo sin costo para el Estado. La compañía canadiense respondió que está dispuesta a dialogar.
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Cobre Panamá. El informe no fija una fecha de reapertura de la mina ni define una estructura jurídica. Propone negociar un nuevo acuerdo, resolver los arbitrajes y vincular cualquier eventual operación al financiamiento de un cierre ordenado.
La precisión es importante porque el documento no recomienda simplemente “reabrir Cobre Panamá”. Tampoco fija una fecha para el regreso de las operaciones, no aprueba una contratación, no compromete recursos del presupuesto nacional y no determina cuál debería ser la estructura jurídica de un eventual acuerdo. La Comisión propone habilitar una negociación y establece una serie de condiciones que deberían cumplirse si finalmente Panamá y First Quantum alcanzan un entendimiento.
El propio Presidente Mulino hizo esa distinción al recibir el informe. “Recibí un estudio y una recomendación. No propone ninguna fecha de operación porque no es lo que se le pidió”, señaló. Y agregó una condición que presentó como propia: “si hay un arreglo para este sitio, se financia solo, o no hay ninguna solución o acuerdo”.
El informe, fechado el 30 de septiembre de 2026, fue elaborado por los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente. El documento que recibió Energy Report analiza las consecuencias económicas, ambientales y sociales de la paralización, revisa el estado actual del complejo y plantea 17 recomendaciones junto con seis criterios que, según Mulino, serán la base para evaluar cualquier alternativa.
First Quantum, que en Argentina posee le proyecto de cobre Taca Taca en Salta, respondió horas después con un comunicado en el que expresó su disposición a participar en el proceso. La minera canadiense sostuvo que reconoce que cualquier nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y un proceso liderado por el Gobierno.
También afirmó que participará “de manera constructiva y de buena fe” con el objetivo de establecer un marco jurídico “justo, transparente, duradero” y compatible con la Constitución y las leyes panameñas.
El cierre que dejó Cobre Panamá
Cobre Panamá, uno de los grandes complejos de cobre a cielo abierto de América Latina, quedó paralizado en noviembre de 2023 después de una fuerte crisis política y social alrededor del contrato de concesión. Las protestas cuestionaron las condiciones fiscales del acuerdo y el impacto ambiental del proyecto.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró posteriormente inconstitucional la Ley 406 que aprobaba el contrato con Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum. Según el informe de la Comisión, el fallo invalidó el instrumento contractual, pero no resolvió qué hacer con todo el complejo industrial ni estableció que la actividad minera estuviera prohibida de manera general.
Desde entonces, el sitio quedó bajo un esquema de preservación y gestión segura. La Comisión remarca que Cobre Panamá no está simplemente “apagado”: existe vigilancia permanente, mantenimiento de instalaciones, monitoreo ambiental y control de estructuras críticas.
Uno de los datos más llamativos es la cantidad de instrumentos utilizados para controlar la instalación de manejo de relaves. Son 164 dispositivos activos, mientras que el complejo mantiene además sistemas de monitoreo hídrico, vigilancia geotécnica y cámaras para el seguimiento de fauna.
El proceso también dejó un stock importante de material extraído antes de la suspensión. Son 31,6 millones de toneladas de roca que ya habían sido retiradas del yacimiento, de las cuales aproximadamente el 16% había sido procesado. Por eso, el procesamiento que se está realizando actualmente no equivale a una reapertura de la mina. No implica nueva extracción, perforación ni voladuras. Se trata de material que ya estaba acopiado antes de la suspensión.
Durante 2026 se realizaron además exportaciones de concentrado proveniente de ese material almacenado. El informe registra un embarque de 30.500 toneladas métricas secas el 22 de agosto, con destino a España y Bulgaria, y otro de 35.600 toneladas el 14 de septiembre, destinado a India. Hasta ese momento, se habían retirado y exportado unas 121.000 toneladas de concentrado, que generaron u$s30 millones en regalías para el Estado panameño.
El procesamiento del stockpile fue autorizado por el Gobierno en abril de 2026 y First Quantum había aclarado que esa actividad no constituía una reapertura de la mina. El objetivo declarado era reducir riesgos vinculados con el almacenamiento prolongado del mineral y mantener operativo el sistema de manejo de relaves.
El costo económico de la paralización
La Comisión puso buena parte de sus argumentos en números. Según el informe, el cierre de la actividad minera provocó la pérdida de más de 6.000 empleos directos y alrededor de 30.000 indirectos. También afectó a unos 2.000 proveedores panameños, de los cuales aproximadamente el 75% eran micro, pequeñas y medianas empresas.
Las ventas que esos proveedores dejaron de realizar durante dos años fueron calculadas en u$s2.004,7 millones, mientras que la actividad económica que dejó de circular en las provincias de Coclé y Colón fue estimada en u$s484,3 millones.
El impacto también aparece en las cuentas fiscales. La Comisión estima que el aporte sectorial al producto interno cayó 45,6% en 2024 y calcula que entre 2024 y 2028 Panamá dejaría de percibir unos u$s2.344 millones en impuestos directos.
El informe incluye incluso una comparación poco habitual para dimensionar el tamaño de Cobre Panamá. Según sus cálculos, el turismo necesitaría 114,8 años y la industria manufacturera 86,4 años para absorber por sí solos el producto minero correspondiente a un único año.
La Comisión utiliza ese dato para cuestionar la posibilidad de una sustitución rápida de la actividad minera por otros sectores económicos. Se trata de una estimación incluida dentro del análisis económico del propio informe.
La otra cuenta: cuánto cuesta cerrar una mina
El argumento que termina conectando la eventual operación con el cierre es precisamente el costo de cerrar Cobre Panamá. La Comisión diferencia entre detener la producción y cerrar física y ambientalmente un complejo minero de esta escala. Según las estimaciones incorporadas al informe, el cierre demandaría entre u$s800 millones y u$s1.000 millones durante siete a nueve años.
A eso habría que sumar el mantenimiento posterior. El informe recoge estimaciones de First Quantum de entre u$s15 millones y u$s20 millones mensuales durante al menos diez años.
El cálculo global se ubica así entre u$s2.600 millones y u$s3.400 millones durante un período de 17 a 19 años, con más de dos tercios de ese monto asociados al mantenimiento posterior al cierre.
La Comisión traduce esa cifra a una dimensión individual: entre u$s560 y u$s732 por habitante, o entre u$s2.118 y u$s2.769 por hogar. El propio informe aclara que no se trata de una factura que recibirían los ciudadanos, sino de una forma de dimensionar el costo potencial para las cuentas públicas. Ahí aparece el núcleo económico de la recomendación: si hubiera una nueva etapa de operación, debería generar los recursos suficientes para financiar su propio cierre.
La propuesta es, por lo tanto, un modelo de operación más cierre autofinanciado, y no una reapertura sin fecha de finalización. La Comisión recomienda que exista una reserva específica para el cierre y que los recursos destinados a ese objetivo comiencen a acumularse durante la vigencia del eventual esquema.
Qué encontró la auditoría ambiental
El informe también incorpora una auditoría integral realizada sobre 370 compromisos ambientales del proyecto.
Según los resultados incluidos por la Comisión, 366 compromisos fueron considerados conformes, equivalente al 98,92%. Si se incorporan los casos considerados parcialmente conformes, el cumplimiento pleno se ubica en 97,5%. La evaluación integral ponderada, que incorpora riesgos y pasivos futuros, alcanza 87,73%. Las cuatro no conformidades identificadas están relacionadas con flora, restauración ecológica y reforestación.
El informe señala que ninguna de esas cuatro observaciones corresponde a estabilidad de relaves, calidad del agua o emisiones atmosféricas y las considera "subsanables". Entre los sistemas que continúan funcionando aparecen el monitoreo de agua mediante un laboratorio externo acreditado, la vigilancia geotécnica diaria y los 164 instrumentos de control instalados en la infraestructura de relaves. También hay 108 cámaras trampa destinadas al monitoreo de fauna.
La revisión independiente realizada posteriormente concluyó que la metodología utilizada para la auditoría estaba correctamente estructurada. Sin embargo, el propio informe aclara que la validación final todavía estaba pendiente, por lo que algunas conclusiones debían ser consideradas preliminares.
Qué opinan los panameños de la mina
La Comisión incorporó además cinco mediciones realizadas por Gallup entre abril de 2025 y septiembre de 2026. El 57% de los consultados considera que el cierre afectó la economía del país, mientras que el 72% percibe una afectación grande o mediana.
Cerca de seis de cada diez quieren que el Gobierno resuelva el futuro del sitio de inmediato o dentro de tres meses. El respaldo aumenta cuando se incorporan condiciones: llega al 65% cuando se plantea el cumplimiento comprobado de estándares ambientales y sociales. Además, el 59% está de acuerdo con procesar el material ya extraído para prevenir daños ambientales.
Comunidades, proveedores y territorio
El informe no se limita al yacimiento. También plantea medidas para las zonas afectadas por la paralización. Una de las recomendaciones propone un programa inmediato para atender necesidades de agua, saneamiento, salud y electrificación.
Otra apunta a formalizar y ampliar el Programa de Monitoreo Participativo Comunitario, mediante el cual vecinos participan en la toma de muestras ambientales bajo procedimientos verificables y con resultados públicos.
Para los proveedores, la Comisión propone un programa específico destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el cierre, junto con un registro público y una política de compras.
El informe detectó una particularidad: la región minera había concentrado apenas 8,45% de las compras, pese a aportar más de un tercio de los trabajadores. La recomendación busca que una eventual nueva etapa de actividad genere una mayor participación de proveedores locales.
La propuesta de la Comisión: un nuevo esquema jurídico
Las 17 recomendaciones son el corazón del documento. La primera es la autorización para iniciar negociaciones formales con Cobre Panamá y First Quantum Minerals. El objetivo sería evaluar un nuevo acuerdo que permita terminar los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones de una eventual puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado, sin costo para la Nación y sin posibilidad de prórroga.
La segunda recomendación apunta a crear un modelo de gestión y cierre autofinanciado, manteniendo la titularidad de la Nación sobre los recursos minerales.
La tercera establece una condición jurídica especialmente relevante: el nuevo instrumento no debería ser ni un Contrato-Ley ni una concesión minera. El documento debería dejar expresamente establecido que no se está restaurando el contrato que fue declarado inconstitucional.
El esquema también plantea que la huella territorial del proyecto no aumente y que se reduzca progresivamente. La eventual operación debería convivir con un proceso de cierre por etapas, con hitos verificables y una fecha definitiva de finalización.
La Comisión propone además que el nuevo modelo genere beneficios para el Estado “sustancialmente superiores” a los de los instrumentos anteriores. La comparación económica debería hacerse pública y explicar su metodología.
Otra recomendación establece que una parte fija, automática e irrevocable de los ingresos estatales sea destinada a un plan ambiental administrado por el Ministerio de Ambiente.
El informe también propone una estructura institucional con autonomía, gestión profesional, transparencia y planificación de largo plazo, con mecanismos destinados a reducir la influencia de los ciclos políticos sobre la gestión técnica.
La transparencia ocupa otro capítulo. El eventual acuerdo debería permitir conocer los contratos, los beneficiarios finales, la participación estatal y los principales términos económicos. También se plantean auditorías con participación de las comunidades locales.
Los arbitrajes, el otro gran capítulo
La negociación también tiene una dimensión judicial y financiera. El informe registra reclamos internacionales por un monto mínimo acumulado de u$s27.000 millones. La cifra corresponde a las sumas reclamadas en los distintos procedimientos y no representa una deuda reconocida por Panamá, ni un monto liquidado o adjudicado por un tribunal.
Por eso la Comisión establece que la terminación definitiva de los arbitrajes internacionales pendientes debe ser una condición obligatoria para implementar cualquier eventual acuerdo.
En 2025 First Quantum había suspendido uno de los procedimientos arbitrales relacionados con Cobre Panamá, en el que reclamaba una indemnización de u$s20.000 millones. La compañía mantiene además otros frentes legales vinculados con la disputa. La resolución de esas controversias aparece así como una de las piezas necesarias para cualquier negociación sobre el futuro del complejo.
First Quantum abre la puerta al diálogo
La respuesta de First Quantum fue inmediata. En su comunicado oficial del 30 de septiembre, la compañía destacó que la primera recomendación de la Comisión consiste precisamente en autorizar negociaciones formales para evaluar un nuevo acuerdo.
La minera señaló que reconoce que cualquier nuevo esquema debe respetar “la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y un proceso liderado por el Gobierno”. Y expresó su disposición a avanzar: “First Quantum participará de manera constructiva y de buena fe”, con el objetivo de establecer un marco jurídico para Cobre Panamá que sea justo, transparente, duradero y compatible con la Constitución y las leyes panameñas.
La empresa también puso el foco en el componente ambiental. “La gestión y custodia ambiental responsable de Cobre Panamá es una prioridad central para First Quantum”, sostuvo en el comunicado que recibió Energy Report, en el que manifestó su compromiso de trabajar con el Gobierno para garantizar salvaguardas ambientales, supervisión efectiva y monitoreo transparente.
El mensaje empresarial también incorpora la dimensión económica. FiQM planteó que una eventual solución sostenible debería ofrecer estabilidad de largo plazo y beneficios tangibles mediante empleo, capacitación laboral, compras a proveedores locales, inversión comunitaria y aportes a la economía panameña. La compañía cerró su comunicado señalando que espera recibir orientación del Gobierno sobre los próximos pasos del diálogo.
Mulino: seis condiciones que “no se negocian”
Mientras First Quantum dejó abierta la puerta a una negociación, Mulino evitó anticipar cuál será su decisión. El Presidente dijo que estudiará el informe con su gabinete y sus abogados y que no resolverá el futuro del complejo de manera inmediata. “Y si hay algo, si hay un arreglo para este sitio, se financia solo, o no hay ninguna solución o acuerdo”, insistió.
Además, hizo propios los seis criterios que plantea la Comisión: cumplimiento integral del fallo de la Corte Suprema, rectoría del Estado y titularidad de la Nación sobre el yacimiento, ausencia de costo fiscal, transparencia verificable, prioridad para quienes fueron afectados por el cierre y supervisión independiente bajo estándares internacionales. “Esos 6 no se negocian, todo lo demás estudié”, afirmó Mulino.
El Presidente también remarcó que el informe es público y que su decisión no estará condicionada por la presión de los distintos sectores. “No voy a repetir el error de decidir en cuatro días sobre un asunto que este país va a cargar durante décadas”, sostuvo. Por ahora, entonces, el escenario no es el de una mina que ya tiene fecha de regreso. Es el comienzo de una posible negociación.
El Gobierno debe decidir primero si habilita formalmente esas conversaciones. First Quantum ya comunicó que está dispuesta a participar. Y si ese proceso avanza, todavía deberán resolverse cuestiones centrales: la estructura jurídica, los beneficios para el Estado, la duración de una eventual operación, la reducción progresiva de la huella, el financiamiento del cierre, los controles ambientales, la participación de las comunidades y proveedores y, especialmente, el destino de los arbitrajes internacionales.
La Comisión dejó planteado un modelo en el que una eventual actividad minera y el cierre del complejo forman parte de una misma ecuación. La decisión sobre si ese esquema puede convertirse en un acuerdo con First Quantum, y bajo qué condiciones, quedó ahora en manos de Mulino.
