El futuro de Cobre Panamá quedó formalmente abierto a una nueva etapa de discusión en Panamá. El Informe Final de la Comisión Interministerial sobre el sitio minero Cobre Panamá, fechado el 30 de septiembre de 2026, no recomienda simplemente reabrir la mina ni establece una fecha para el regreso de las operaciones. Su propuesta es más específica: autorizar negociaciones formales con First Quantum Minerals para evaluar un nuevo acuerdo que contemple una eventual puesta en marcha y, al mismo tiempo, un cierre ordenado y autofinanciado del complejo.
Cobre Panamá: qué dice el informe de la Comisión y cuáles son las 17 condiciones para negociar su futuro
El documento entregado al presidente José Raúl Mulino no ordena reabrir la mina. Propone negociar con First Quantum un nuevo esquema de operación y cierre autofinanciado, con más controles, beneficios para el Estado, participación comunitaria y resolución de los arbitrajes.
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La Comisión Interministerial presentó su informe final tras analizar el impacto económico, ambiental y social del cierre de Cobre Panamá y formuló 17 recomendaciones para definir el futuro del complejo minero.
La diferencia es central. La Comisión no toma una decisión sobre la operación futura del yacimiento, sino que recomienda al presidente José Raúl Mulino habilitar un proceso de negociación bajo condiciones previamente definidas. El documento establece además que la eventual actividad futura no debería restablecer la concesión declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
El informe fue elaborado después del cierre de la operación minera en 2023 y analiza el estado actual del complejo, los efectos económicos de la paralización, las condiciones ambientales del sitio, los costos asociados a un cierre definitivo y los distintos escenarios para resolver los arbitrajes internacionales.
En total, la Comisión formuló 17 recomendaciones. Entre ellas aparecen la creación de un modelo de gestión y cierre autofinanciado, la reducción progresiva de la huella del proyecto, una fecha definitiva para el cierre, un fondo ambiental permanente, mayor transparencia, participación de las comunidades, apoyo a los proveedores afectados y la exigencia de resolver los arbitrajes antes de cualquier eventual acuerdo.
El informe aclara que la Comisión no decide el futuro del proyecto. La decisión corresponde al Presidente.
Casi tres años después del cierre
La historia de Cobre Panamá cambió en noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que había aprobado el contrato de concesión con Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals.
La sentencia dejó sin efecto el instrumento contractual, pero, según el análisis de la Comisión, no resolvió qué debía hacerse con el complejo industrial existente ni estableció la prohibición de toda actividad vinculada con el sitio minero.
Desde entonces, Cobre Panamá permanece bajo un esquema de preservación y mantenimiento. La operación minera se encuentra suspendida y no existe extracción de mineral nuevo.
Sin embargo, el complejo continúa requiriendo controles y vigilancia. Actualmente existen 164 instrumentos activos de monitoreo y control en la instalación de manejo de relaves.
También permanecen en el sitio 31,6 millones de toneladas de roca extraída antes de la suspensión de 2023. De ese material, aproximadamente el 16% ya había sido procesado.
La Comisión diferencia expresamente el procesamiento de ese material de una eventual reapertura minera. Lo que existe actualmente es actividad sobre material que ya había sido extraído, no una nueva etapa de explotación del yacimiento.
Durante 2026 también continuaron los embarques de concentrado almacenado. El informe registra 30.500 toneladas métricas secas enviadas el 22 de agosto a España y Bulgaria y otras 35.600 toneladas embarcadas el 14 de septiembre con destino a India.
Hasta ese momento se habían retirado y exportado unas 121.000 toneladas de concentrado, que generaron u$s30 millones en regalías para el Estado panameño.
El impacto económico del cierre
Uno de los capítulos más extensos del informe analiza las consecuencias económicas de la paralización.
Según la Comisión, el cierre provocó la pérdida de más de 6.000 empleos directos y unos 30.000 empleos indirectos.
También afectó a unos 2.000 proveedores panameños, de los cuales aproximadamente el 75% son micro, pequeñas y medianas empresas.
Las ventas perdidas por los proveedores panameños durante dos años fueron estimadas en u$s2.004,7 millones. En las provincias de Coclé y Colón, la Comisión calculó que dejaron de circular u$s484,3 millones de actividad económica.
El impacto también alcanzó al producto interno. El informe señala que el aporte sectorial cayó 45,6% en 2024.
Para el período 2024-2028, la Comisión estima además que Panamá dejará de percibir u$s2.344 millones en impuestos directos como consecuencia del cierre.
Son cifras que el documento utiliza para dimensionar el peso económico que tenía el complejo antes de la paralización.
Turismo y manufactura: una comparación llamativa
Entre los datos más particulares del informe aparece una comparación destinada a medir cuánto tiempo necesitarían otros sectores para sustituir el volumen de actividad económica asociado a la minería.
Según la Comisión, el turismo necesitaría 114,8 años y la manufactura 86,4 años para absorber por sí solos el producto minero correspondiente a un único año.
A partir de ese cálculo, el documento sostiene que la idea de una sustitución rápida de la actividad minera por otros sectores no encuentra respaldo en los datos analizados.
Se trata de una estimación de la propia Comisión, incluida dentro de su evaluación económica del cierre.
Qué encontró la auditoría ambiental
El componente ambiental ocupa otro de los capítulos centrales del informe.
La auditoría integral realizada por SGS Panamá Control Services revisó 370 compromisos ambientales correspondientes al proyecto.
De ese total, 366 fueron considerados conformes, lo que representa un cumplimiento del 98,92%.
El informe también contempla cinco compromisos clasificados como parcialmente conformes. Si se los incorpora al análisis, el cumplimiento pleno se ubica en 97,5%.
La evaluación integral ponderada alcanzó 87,73%, una medición que la Comisión considera más exigente porque incorpora riesgos y pasivos futuros.
Las cuatro no conformidades identificadas están vinculadas con flora, restauración ecológica y reforestación.
El informe señala que ninguna de las cuatro corresponde a estabilidad de relaves, calidad del agua o emisiones atmosféricas, y las caracteriza como subsanables.
La auditoría también verificó mecanismos de monitoreo hídrico mediante un laboratorio externo acreditado, vigilancia geotécnica diaria, los 164 instrumentos instalados en la infraestructura de relaves y 108 cámaras trampa para el seguimiento de fauna.
Una segunda revisión independiente fue realizada por ECOSTELLA. Según el informe, esa evaluación concluyó que la metodología utilizada estaba correctamente estructurada y que no presentaba deficiencias metodológicas graves.
Sin embargo, la Comisión introduce una precisión: la validación final todavía estaba pendiente. Por ese motivo, las conclusiones individuales de esa revisión debían considerarse preliminares.
Qué piensa la sociedad panameña
El informe también incorporó mediciones de opinión pública realizadas por Gallup entre abril de 2025 y septiembre de 2026.
El 57% de los encuestados considera que el cierre afectó la economía del país, mientras que el 72% percibe un impacto grande o mediano.
Cerca de seis de cada diez quieren que el Gobierno resuelva el futuro del sitio de inmediato o dentro de los tres meses.
El nivel de respaldo cambia cuando se agregan condiciones. Llega al 65% cuando la eventual actividad está acompañada por el cumplimiento comprobado de estándares ambientales y sociales.
Además, el 59% está de acuerdo con procesar el material que ya fue extraído para prevenir posibles daños ambientales derivados de su almacenamiento.
El dato que cambia la discusión: cerrar también cuesta
Para la Comisión, el debate sobre Cobre Panamá no puede reducirse a decidir si la mina continúa o permanece cerrada.
El complejo también tiene un costo de cierre físico y ambiental.
El informe estima que cerrar el sitio demandaría entre u$s800 millones y u$s1.000 millones durante siete a nueve años.
A esa cifra debe sumarse el mantenimiento posterior. Según una estimación de First Quantum incorporada al documento, esa tarea requeriría entre u$s15 millones y u$s20 millones mensuales durante al menos diez años.
El cálculo global llega a entre u$s2.600 millones y u$s3.400 millones durante 17 a 19 años. Más de dos tercios de ese monto corresponderían al mantenimiento posterior al cierre.
La Comisión lleva ese número a una dimensión por habitante: entre u$s560 y u$s732 por persona, o entre u$s2.118 y u$s2.769 por hogar.
El propio informe aclara que esas cifras no representan una factura que los ciudadanos deberían pagar, sino una forma de dimensionar el eventual costo económico del cierre. De allí surge uno de los principios centrales de la propuesta: el futuro esquema debe autofinanciarse. Es decir, el sitio debería generar los recursos necesarios para afrontar su propio cierre, sin recurrir al presupuesto general del Estado.
La Comisión propone además crear una reserva específica para el cierre y comenzar a acumular los recursos durante la vigencia del eventual modelo.
Las 17 recomendaciones para definir el futuro de Cobre Panamá
La sección de recomendaciones es la parte decisiva del informe. Allí la Comisión transforma su diagnóstico en 17 medidas concretas para el Presidente.
La primera propone autorizar negociaciones formales con Cobre Panamá y First Quantum Minerals para evaluar un nuevo acuerdo. El objetivo sería resolver los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones para una eventual puesta en marcha que permita, posteriormente, un cierre ordenado.
La autorización para negociar, aclara la Comisión, no compromete al Estado con un resultado. Es el inicio de un proceso y no una aprobación de la reapertura.
La segunda recomendación propone un modelo de gestión y cierre autofinanciado, manteniendo la titularidad de la Nación sobre los yacimientos.
La tercera establece que el nuevo instrumento jurídico no debería ser ni un Contrato-Ley ni un contrato de concesión. El texto debería dejar explícitamente establecido que no se está restaurando la concesión que la Corte Suprema declaró inconstitucional. Este punto busca separar jurídicamente cualquier eventual acuerdo futuro del contrato que estuvo en el centro de la crisis institucional de 2023.
Una explotación con fecha de cierre
Las recomendaciones 4, 5 y 6 introducen otro elemento clave: la huella del proyecto no debería crecer. Por el contrario, debería reducirse progresivamente.
El eventual plan tendría que establecer una fecha definitiva de cierre, identificar y financiar el pasivo residual y fijar hitos verificables para cerrar distintos sectores mientras continúa la actividad.
La lógica propuesta por la Comisión no es una explotación indefinida seguida de un cierre final. Es un esquema en el que el cierre empieza a ejecutarse durante la vigencia del modelo.
Las recomendaciones 7 y 8 plantean que cualquier nuevo modelo debería generar beneficios para el Estado “sustancialmente superiores” a los obtenidos mediante los instrumentos anteriores. La comparación económica debería hacerse pública y explicar la metodología utilizada.
Además, los recursos que reciba el Estado deberían tener destinos definidos y trazabilidad, de manera que pueda conocerse qué obras o beneficios concretos se financian con esos ingresos.
Un fondo ambiental permanente
La recomendación 9 propone crear un mecanismo ambiental de largo plazo. La Comisión plantea que una parte de los ingresos estatales sea asignada de manera fija, automática e irrevocable a un plan ambiental administrado por el Ministerio de Ambiente.
El objetivo sería que recursos provenientes del proyecto puedan financiar conservación, restauración, investigación científica y formación ambiental sin depender exclusivamente de las asignaciones anuales del presupuesto público.
Una estructura con autonomía
Las recomendaciones 10 y 11 apuntan a la institucionalidad que debería administrar el eventual esquema. La Comisión propone una estructura con autonomía real, gestión profesional, transparencia y planificación de largo plazo. También plantea mecanismos destinados a reducir la influencia de los ciclos políticos sobre las decisiones técnicas.
El informe no determina quiénes deberían ocupar esos cargos ni establece un mecanismo concreto de designación. Su planteo es que la independencia quede incorporada en los instrumentos jurídicos que eventualmente se aprueben.
Transparencia y participación ciudadana
La recomendación 12 exige publicar los principales elementos de un eventual acuerdo. Entre ellos aparecen los contratos, los beneficiarios finales, la participación estatal y los principales términos económicos. También plantea auditorías del sitio con participación de las comunidades locales y un régimen de transparencia con plazos definidos.
La idea es que los controles puedan ser comprobados y no solamente declarados. Agua, salud, electrificación y monitoreo comunitario
Las recomendaciones 13 y 14 apuntan directamente a las comunidades ubicadas en el área de influencia. La primera plantea implementar de manera inmediata un programa para atender agua, saneamiento, salud y electrificación. La segunda propone formalizar y ampliar el Programa de Monitoreo Participativo Comunitario, lanzado en agosto de 2026. La meta es incorporar a las comunidades al seguimiento de las condiciones ambientales del sitio mediante mecanismos formalizados.
El capítulo de las pymes
La recomendación 15 propone un programa específico para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el cierre. También plantea crear un registro público y una política de compras que permita ampliar la participación de proveedores locales.
El dato utilizado por la Comisión para justificar esta propuesta es significativo: la región había concentrado solamente 8,45% de las compras, pese a haber aportado más de un tercio de los trabajadores.
La propuesta apunta a corregir esa diferencia mediante desarrollo de capacidades y acceso competitivo de empresas locales a las compras vinculadas con el proyecto.
Los dos requisitos jurídicos finales
Las dos últimas recomendaciones son particularmente importantes para cualquier eventual negociación. La recomendación 16 exige un análisis jurídico exhaustivo y público que determine que cualquier nuevo acuerdo cumple con la Constitución y las leyes panameñas y que no reproduce los problemas que llevaron a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406.
La recomendación 17 establece que el finiquito de los arbitrajes internacionales debe ser una condición obligatoria para avanzar con cualquier eventual acuerdo.
El capítulo arbitral tiene una dimensión económica considerable. La Comisión registra reclamos internacionales por un monto mínimo acumulado de u$s27.000 millones.
Pero el propio informe introduce una aclaración fundamental: se trata de montos reclamados por los demandantes, no de obligaciones reconocidas, liquidadas o adjudicadas contra Panamá.
Qué propone realmente la Comisión
El informe deja planteado un escenario diferente al de una simple reapertura. La propuesta consiste en habilitar una negociación con First Quantum para evaluar un nuevo esquema de operación y cierre autofinanciado, jurídicamente diferente de la concesión anulada.
Ese eventual modelo debería reducir progresivamente la huella del proyecto, garantizar desde el comienzo los recursos necesarios para el cierre, generar mayores beneficios para el Estado, establecer mecanismos de transparencia, incorporar a las comunidades y proveedores afectados y resolver los arbitrajes internacionales.
La Comisión plantea, en definitiva, que cualquier eventual actividad futura quede vinculada desde el inicio con cuatro preguntas centrales: cómo se financiará el cierre, cómo se distribuirán los beneficios, quién controlará el proceso y cómo se verificará ambientalmente cada etapa.
El documento no fija una fecha de reapertura ni determina que Cobre Panamá vuelva a producir. Tampoco resuelve por sí mismo el conflicto con First Quantum. Lo que hace es proponerle al Presidente de Panamá un camino para negociar un eventual nuevo esquema.
La última palabra queda ahora en manos de José Raúl Mulino. El informe es la base documental de esa decisión y, desde su publicación, permite que el debate sobre el futuro de Cobre Panamá se desarrolle sobre las cifras, auditorías, costos y condiciones planteadas por la propia Comisión.
