El Día de la Energía, una oportunidad para hablar del futuro

La Argentina posee en materia energética una enorme cantidad de recursos naturales, y recursos humanos de muy alta calidad. El Estado debe hacer lo correcto para que todo ese potencial se traduzca en riqueza exportadora.

Energía. Argentina necesita inversiones para que su sistema energético les brinde a sus habitantes, a sus comercios y a su industria la posibilidad de acceder a energía de calidad para vivir y prosperar.

El 14 de febrero se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Energía. El objetivo de esta celebración es poner sobre la mesa la importancia de cuidar un bien esencial para nuestras vidas y, a la vez, escaso. En nuestro país, además, esta fecha puede servir también de motivo para reflexionar sobre los recursos energéticos que poseemos, del impacto positivo que pueden tener en nuestra economía, y de la importancia de políticas públicas correctas, que generen los incentivos necesarios para la inversión en un sector que puede jugar un rol equivalente a la agroindustria en un futuro no muy lejano. Lamentablemente, esto último (buenas políticas públicas) ha brillado por su ausencia en la mayor parte de los últimos 20 años.

Efectivamente, sufrimos una política de subsidios al consumo que, quizás, puede haber sido correcta como respuesta coyuntural y de corto plazo a la crisis de principios del siglo, pero se fue transformando -debido al cortoplacismo brutal que guió a los gobiernos kirchneristas en la materia- en lo que los politólogos Bril Mascarenhas y Post definieron con mucha claridad como una “trampa de política”. Un esquema de subsidios al consumo cada vez más caro para el fisco y -a la vez- con costos políticos de desmantelamiento crecientes. Efectivamente, una trampa mortal o, dicho de otra manera, un esquema que en Argentina llevó la situación al paroxismo de que un país con recursos energéticos tuviera que enfrentarse a la necesidad de importar energía muy cara, y a la vez soportar cortes muy relevantes en el suministro.

Una reflexión inteligente sobre lo que nos pasó en materia energética en los últimos 20 años y sobre la necesidad de no repetir errores o políticas cortoplacistas nos puede abrir el camino a una nueva oportunidad. Oportunidad de construir un futuro energético sostenible que nos permita, en primer lugar, garantizar el suministro de energía a residentes, comercios y empresas dentro de nuestras fronteras y, en una segunda instancia, convertir a nuestro país en exportador neto de energía. Como condición necesaria para ello, se requiere algo que en gran parte del mundo -e incluso de nuestra región- se ha vuelto bastante normal, pero que a nosotros aparentemente nos cuesta mucho: reglas de juego económicas buenas y estables en el tiempo. Esto significa ni más menos que, sin una macroeconomía ordenada y estable en el tiempo, nada de lo que aquí se escribe será posible.

Asumiendo por un momento que ello tarde o temprano ocurrirá, pongamos el foco en los desafíos y las oportunidades que enfrenta el sector energético en nuestro país. Lo primero que tenemos que decir es que la naturaleza ha sido generosa con nosotros y nos dio lo que muchos países carecen: una matriz energética muy diversificada, con enorme cantidad de recursos naturales. Hidrocarburos, radiación solar, vientos, ríos muy caudalosos y abundante agua de deshielo. Asimismo, hemos desarrollado la capacidad de formar recursos humanos de calidad en materia, por ejemplo, de ingeniería civil, eléctrica, en petróleo o nuclear. En este último caso, formando parte del lote de países que juegan en primera división.

Todo esto significa que, salvo en los picos de altísimo consumo (a lo sumo un mes al año) deberíamos generar nuestra propia energía e, incluso, ser exportadores netos. ¿Cómo hacerlo?

Simplificando un poco, un sistema energético tiene tres usos principales: combustibles líquidos para industria y transporte, calefacción, y generación de energía eléctrica. Poniendo el foco en los dos últimos, es importante recordar que un sistema energético/eléctrico tiene -a su vez- tres partes: generación/producción, transporte mayorista, y distribución minorista. Lo primero que hay que decir es que, en todos sus componentes el sistema requiere -además de una macro ordenada y estable- que se lo libere de la maraña de regulaciones absurdas que se han ido acumulando como capas de cebolla a lo largo de los años. El Estado tiene que estar donde debe estar: regulando monopolios naturales, y generando los incentivos para acelerar inversiones privadas. El Estado es un mal empresario, pero puede ser un buen regulador, y un buen generador de incentivos correctos a la inversión. Asimismo, es importante tener en cuenta que la energía es un recurso que cuesta, y que -salvo la población en situación de pobreza- debe tener un precio derivado de sus costos. El sistema de subsidios a la energía y al transporte que rigió durante 20 años en nuestro país (con excepción del período entre 2016 y 2018) debe ser desmantelado. Ha ahuyentado la inversión, ha incentivado el consumo irresponsable y ha exprimido los recursos fiscales a niveles insostenibles. El sistema está, literalmente, quebrado.

Asimismo, cumpliendo con el principio de accesibilidad, se debe dar la posibilidad de acceso a la energía a quienes no pueden pagarla por ser pobres. La energía no sólo es un recurso esencial para la vida, sino también da la posibilidad, justamente, de salir de la pobreza. Sin embargo, sería mucho más justo y viable que se subsidie a la demanda (quien compra energía y no tiene los recursos para hacerlo) y no, como actualmente ocurre, a la oferta (quien produce o genera). Si, a modo de ejemplo, la energía le cuesta 100 a un hogar carenciado y se le cobra lo que cuesta, pero se le asigna 100 para que lo pueda pagar, ese hogar tendrá los incentivos a no gastar más de 100 (lo cual es bueno para ese hogar y también para todo el conjunto, dado que no se derrocha energía) e incluso a -quizás- gastar menos de 100, dado que podrá usar parte de esos 100 para otros gastos. Hoy con la “energía casi gratis” (subsidio a la oferta) eso no ocurre, generando sobreconsumo en los sectores bajos y -directamente- derroches obscenos en los sectores altos y medio altos. Para decirlo en corto: climatizar una pileta de natación debería ser un lujo carísimo, cuyo costo debería pagar exclusivamente el dueño de la pileta.

Como ya afirmamos, Argentina posee -en materia energética- una enorme cantidad de recursos naturales, y recursos humanos de muy alta calidad. El Estado debe hacer lo correcto para que todo ese potencial se traduzca en riqueza exportadora: ordenar el sistema, regular los monopolios naturales, permitir la competencia donde ésta es posible y liberar al sistema de precios de la maraña de trabas y regulaciones que lo único que ha generado es un sistema más pequeño y más precario. Y también invirtiendo donde no puede hacerlo el sector privado en los tiempos que el sistema necesita. Un buen ejemplo de ello es el transporte eléctrico mayorista: se requiere de una expansión rápida del sistema de transporte, y ésta no será posible sin inversión pública. Sin embargo, ello puede hacerse de manera transparente, y con un esquema de recuperación de la inversión de manera que, al final del camino, el costo no lo pague el Estado.

En resumen, Argentina necesita inversiones para que su sistema energético les brinde a sus habitantes, a sus comercios y a su industria la posibilidad de acceder a energía de calidad para vivir y prosperar. Y -a la vez- cuenta con recursos energéticos enormes (Vaca Muerta contiene la segunda reserva mundial de gas no convencional) que nos pueden dar la posibilidad de exportar hidrocarburos por decenas de miles de millones de dólares en un plazo relativamente corto.

La mejor manera de “cuidar la mesa de los argentinos” es liberar el músculo exportador para generar riqueza, lo que nos permitirá a los argentinos tener el dinero para elegir qué poner en nuestra mesa. Y ello se logra con el marco institucional necesario para que nuestros enormes recursos se transformen en esa riqueza.

Ex Subsecretario de Energía Nuclear de la Nación. Director del área de política y energía nuclear de la Fundación Argentina Global.