RIMI: habilitan beneficios fiscales para que las pymes reduzcan el consumo energético

La Secretaría de Energía aprobó un listado de equipos que podrán acceder a incentivos fiscales para reducir el consumo eléctrico y mejorar la competitividad industrial. Las empresas podrán utilizar la amortización acelerada de Ganancias y la devolución de créditos fiscales del IVA, sin necesidad de alcanzar los montos mínimos de inversión exigidos para otros proyectos.

Para acceder al régimen general, la legislación establece compromisos mínimos de inversión de u$s150.000 para microempresas, u$s600.000 para pequeñas empresas, u$s3,5 millones para medianas empresas del tramo 1 y u$s9 millones para las del tramo 2.

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El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con el objetivo de facilitar que las pequeñas y medianas empresas incorporen equipamiento destinado a reducir el consumo energético. La medida contempla beneficios impositivos para la adquisición de motores eléctricos, sistemas de bombeo, compresores, equipos de climatización y otras tecnologías de alta eficiencia, con una particularidad importante: las inversiones alcanzadas no deberán cumplir con un monto mínimo para acceder al régimen.

La decisión fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 311/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, que aprobó el listado de bienes y los requisitos técnicos que deberán acreditar las empresas interesadas.

La iniciativa busca responder a uno de los desafíos que enfrentan numerosas actividades industriales: el peso de los costos energéticos sobre la estructura productiva. En un contexto en el que las tarifas de electricidad y gas adquirieron mayor relevancia dentro de los gastos operativos, la posibilidad de reducir el consumo mediante nuevas tecnologías puede convertirse en una herramienta para mejorar la competitividad.

Sin embargo, la incorporación de ese equipamiento requiere inversiones iniciales que no siempre resultan accesibles para las empresas de menor tamaño. Allí apunta el nuevo esquema, que permite acceder a beneficios fiscales sin necesidad de comprometer grandes sumas de capital.

La reglamentación también completa el capítulo energético del RIMI, que ya contemplaba incentivos para bienes destinados a generar, almacenar y transportar electricidad a partir de fuentes renovables. Con la nueva resolución, el alcance se extiende a tecnologías que permiten utilizar de manera más eficiente la energía consumida dentro de los establecimientos productivos.

Qué beneficios tendrán las pymes y por qué no necesitarán una inversión mínima

El RIMI fue creado mediante la Ley 27.802 de Modernización Laboral y reglamentado por el Decreto 242/2026. Su objetivo es promover inversiones productivas mediante mecanismos impositivos que faciliten la adquisición de bienes de capital y la ejecución de determinados proyectos.

El régimen contempla dos beneficios principales: la amortización acelerada de las inversiones en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el primer caso, las empresas podrán deducir fiscalmente el valor de los bienes alcanzados en plazos más cortos que los establecidos por el régimen general, lo que puede reducir la carga tributaria durante los primeros años de utilización del equipamiento.

El segundo mecanismo permite recuperar créditos fiscales del IVA vinculados con las inversiones, bajo las condiciones previstas por la legislación. En ambos casos, se trata de herramientas que pueden mejorar la disponibilidad financiera de las empresas y facilitar la ejecución de proyectos.

La principal diferencia respecto de otras inversiones comprendidas en el RIMI está en los montos exigidos.

Para acceder al régimen general, la legislación establece compromisos mínimos de inversión de u$s150.000 para microempresas, u$s600.000 para pequeñas empresas, u$s3,5 millones para medianas empresas del tramo 1 y u$s9 millones para las del tramo 2.

Sin embargo, la ley contempla excepciones para determinadas inversiones productivas, entre ellas los bienes de alta eficiencia energética.

Esto significa que una pyme podrá incorporar equipamiento comprendido en el listado aprobado por la Secretaría de Energía y acceder a los incentivos sin necesidad de alcanzar esos umbrales, siempre que cumpla los requisitos técnicos, fiscales y registrales correspondientes.

La posibilidad resulta especialmente relevante para empresas que necesitan modernizar una parte de sus instalaciones, pero no cuentan con la escala suficiente para ejecutar proyectos de inversión millonarios.

Los beneficios estarán disponibles para las inversiones realizadas durante los dos primeros años de vigencia del régimen.

La reglamentación general establece, además, que las empresas deberán acreditar su condición de MiPyME y gestionar los beneficios a través del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) de ARCA.

Motores eléctricos, compresores y sistemas de frío: qué equipos podrán acceder al RIMI

El listado aprobado por la Secretaría de Energía se concentra en las tecnologías que tienen mayor incidencia sobre el consumo energético de los establecimientos productivos.

De acuerdo con los fundamentos técnicos de la medida, los motores eléctricos pueden representar entre el 60% y el 70% del consumo eléctrico de una planta industrial, mientras que los sistemas de aire comprimido pueden explicar entre el 15% y el 25% de sus necesidades energéticas.

En ese contexto, la modernización de equipos y la utilización de sistemas de control pueden representar oportunidades de ahorro relevantes, aunque su magnitud dependerá de las características de cada instalación.

Uno de los principales grupos comprendidos por el régimen es el de motores eléctricos de alta eficiencia, tanto monofásicos como trifásicos. Para acceder a los beneficios deberán cumplir, en general, con una clasificación de eficiencia IE3 o superior, de acuerdo con los estándares técnicos establecidos en la normativa.

También se incluyen los variadores electrónicos de velocidad, que permiten regular el funcionamiento de los motores según las necesidades del proceso productivo.

Esta tecnología resulta especialmente importante en instalaciones donde los equipos funcionan durante largos períodos, pero no necesitan utilizar permanentemente toda su potencia.

Según la Secretaría de Energía, la regulación electrónica de velocidad en sistemas de bombeo y ventilación puede generar reducciones de consumo de entre el 20% y el 50%, dependiendo de las condiciones de operación.

El régimen también comprende compresores de aire industriales, ventiladores, extractores y bombas centrífugas que cumplan los requisitos mínimos de rendimiento.

Otra categoría importante es la de generación de vapor y calor, donde se incluyen calderas industriales de alta eficiencia, quemadores modulantes, economizadores y equipos destinados a recuperar calor de los gases de combustión.

La resolución incorpora además intercambiadores de calor que permitan aprovechar energía residual de los procesos productivos, una alternativa para reducir la cantidad de combustible necesaria en determinadas operaciones industriales.

En materia de refrigeración y climatización, podrán acceder los equipos industriales de enfriamiento de agua, bombas de calor, acondicionadores de aire con tecnología inverter y sistemas de enfriamiento evaporativo, siempre que cumplan las condiciones técnicas exigidas.

El listado se completa con equipos para calentamiento de agua, dispositivos destinados a mejorar la calidad de la energía eléctrica y sistemas de medición y control del consumo.

No obstante, la inclusión de una categoría de equipos no significa que cualquier producto de ese tipo pueda recibir automáticamente el beneficio. Los bienes deberán cumplir simultáneamente con la clasificación arancelaria y los parámetros mínimos de eficiencia establecidos en los anexos técnicos de la resolución.

También habrá incentivos para proyectos que no estén incluidos en el listado

Uno de los aspectos más relevantes de la reglamentación es que no limita los beneficios exclusivamente a la adquisición de equipos previamente identificados.

La Secretaría de Energía también contempla la posibilidad de incorporar proyectos de eficiencia energética que no estén expresamente incluidos en el listado, siempre que permitan demostrar una reducción cuantificable del consumo.

Entre los ejemplos mencionados aparecen las iniciativas de recuperación de calor, reingeniería de procesos y mejoras integrales de instalaciones productivas.

En esos casos, las empresas deberán presentar un informe elaborado por un profesional idóneo, que permita comparar el consumo energético anterior con el esperado después de la inversión y justificar técnicamente el ahorro.

La exigencia apunta a establecer parámetros verificables que permitan distinguir una inversión destinada efectivamente a mejorar la eficiencia energética de una simple renovación de equipamiento.

Además, la normativa permite incorporar dentro del monto de inversión determinados servicios asociados con la implementación de las mejoras.

Entre ellos se encuentran los trabajos de ingeniería, instalación, puesta en marcha, programación y capacitación vinculados con los bienes o proyectos comprendidos, cuando formen parte del costo correspondiente.

Este punto resulta significativo porque, en muchos casos, el valor de un proyecto de eficiencia energética no se limita a la compra de una máquina. También requiere adaptar instalaciones, modificar procesos y capacitar al personal encargado de operar los nuevos sistemas.

La reglamentación establece que los criterios de eficiencia deberán acreditarse mediante una declaración jurada técnica. Asimismo, la Secretaría de Energía podrá realizar verificaciones y auditorías, incluidas inspecciones en los establecimientos donde se hayan implementado las inversiones.

El organismo también tendrá la facultad de evaluar los informes correspondientes a proyectos que no figuren en el listado y comunicar a ARCA los eventuales incumplimientos detectados.

El RIMI busca reducir los costos energéticos y mejorar la competitividad industrial

La ampliación del régimen introduce una diferencia importante respecto de otros programas de promoción de inversiones, que generalmente requieren compromisos de capital elevados y proyectos de gran escala.

En este caso, el Gobierno busca estimular mejoras tecnológicas que puedan aplicarse en empresas de distintos tamaños, sin exigir una inversión mínima para los bienes de eficiencia energética alcanzados.

El impacto potencial no se limita a una reducción de la factura eléctrica o del consumo de gas. La modernización del equipamiento también puede contribuir a mejorar el rendimiento de los procesos productivos, reducir pérdidas energéticas y disminuir los costos operativos.

Sin embargo, el beneficio económico efectivo dependerá de factores como el precio de los equipos, el ahorro de energía conseguido, los costos de instalación y el tratamiento impositivo que corresponda a cada empresa.

Por eso, los porcentajes de reducción de consumo mencionados por la Secretaría de Energía deben entenderse como referencias técnicas y no como ahorros garantizados para todas las inversiones.

Con la nueva resolución, el Gobierno completa la reglamentación de las inversiones energéticas comprendidas en el RIMI, que ya abarcaban proyectos vinculados con generación, almacenamiento y transporte de electricidad renovable.

La novedad es que ahora también se promueve una herramienta complementaria: consumir menos energía para producir la misma cantidad de bienes o servicios.

Para las pymes, la oportunidad estará en evaluar qué inversiones pueden mejorar la eficiencia de sus instalaciones y, al mismo tiempo, aprovechar los incentivos fiscales disponibles.

El listado de bienes será publicado por ARCA en su sitio web, mientras que la Secretaría de Energía conservará las facultades de actualización y control.

De esta manera, el RIMI incorpora un nuevo instrumento para fomentar la modernización industrial, con incentivos que no dependen de la magnitud de la inversión, sino del cumplimiento de los requisitos técnicos y de la capacidad de los proyectos para mejorar el uso de la energía.