Ibope debió medir ayer con equipo de emergencia

Tras el allanamiento en Ibope y el secuestro de uno de los servidores principales con los que esa agencia mide el rating, se le complicó ayer la tarea de procesamiento de datos que efectuaron con un equipo de emergencia, según reconoció Alberto Rawe, de la gerencia comercial de la empresa. Javier Alvarez, gerente general de Ibope, se reunió ayer con miembros de la Cámara de Control de Mediciones de Audiencia para ofrecer detalles del allanamiento en la sede de la medidora, dispuesto el lunes por el juez Rodolfo Canicoba Corral, tras la denuncia del particular Héctor Polito.

En tanto, Miguel De Godoy, gerente de relaciones institucionales del Canal 9, negó que la denuncia tuviera relación con esa emisora: «Esta vez nos tomó por sorpresa que nos vincularan con la causa gratuitamente. La denuncia la hizo un abogado, nada tuvo que ver Canal 9 ni conocemos a esta persona. Ibope nos solicitó, como al resto de los canales, una cédula pidiendo información sobre la incidencia del rating en la pauta publicitaria. Quisimos conocer la causa pero no nos permitieron acceder por no estar imputados».

De Godoy diferenció esta denuncia con lo ocurrido en enero, cuando Canal 9 se sumó al cuestionamiento de la veracidad de los ratings de Ibope, que había tenido origen en una denuncia de un supuesto ex empleado de Telefé y que, tras la investigación de la CCMA, se resolvió que la acusación a la medidora carecía de sustento.

En tanto, Javier Alvarez sostuvo que, ante el allanamiento policial, se dejaron a disposición del juez las planillas de rating de los 365 días de 2002 y el listado de panelistas que integran la nómina de 810 poseedores de «people meters» (dispositivos conectados al televisor que indican los programas vistos por hogar).

Consultado por este diario, Juan Llamazares, de la CCMA, expresó: «Según Alvarez no se ofreció resistencia alguna de parte de Ibope para entregar el material solicitado, pero la solicitud del listado de panelistas es un tema delicado, pues tal nómina permanece encriptada en el sistema. Fue por eso que decidieron llevarse el server y no porque hubieran tenido que fotocopiar 20 mil hojas. En rigor, eran menos de 2 mil».

Llamazares señaló que el CPU fue trasladado con faja judicial y precintado, con lo que se estima no peligaría la difusión de los datos particulares de los panelistas. «Esa información es estrictamente confidencial y de trascender, complicaría el funcionamiento del sistema».