Blanqueo de bitcoin y criptoactivos

La moratoria podría dar una solución alternativa de regularización y cumplimiento fiscal, eventualmente más económica y en todo caso más consistente con la naturaleza y el ethos de bitcoin.

Es en bitcoin, no en las altcoins, shitcoins o NFTs, donde el dinero grande podría estar.

Es mi impresión que el blanqueo de criptoactivos ha quedado diseñado para ser aprovechado por pequeños tenedores cripto, posiblemente freelancers que cobraron USDT por servicios al exterior, o por algún sobreviviente del trading de shitcoins. Pero no veo el blanqueo como una herramienta apta para los grandes tenedores de bitcoin. Y es en bitcoin, no en las altcoins, shitcoins o NFTs, donde el dinero grande podría estar.

Es que la ley 27.743 no permite declarar y mantener bitcoin en autocustodia. La reglamentación quiso flexibilizar luego esto, pero igualmente obliga a transferir los bitcoins blanqueados a la custodia de exchanges locales o Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Lo que no llegan a apreciar quienes no son bitcoiners es la dimensión del cambio sustancial en los riesgos crediticios, regulatorios y de agencia a los cuales se propone exponer al titular de bitcoin con el abandono de la autocustodia y su delegación en un PSAV. En la sustancia y en el ethos mismo de bitcoin está que la tenencia de bitcoin en autocustodia es derecho y disponibilidad eminente de la propiedad, privacidad e incensurabilidad. No por otra cosa existe bitcoin y tiene algún valor hoy en día. Y todo ello desaparece totalmente con la delegación de la tenencia y llaves privadas en terceros.

Por otra parte las contradicciones entre la ley y la reglamentación están sembrando dudas entre los posibles beneficiarios del blanqueo de criptoactivos, y hacen pensar en que la reglamentación podría seguir cambiando, agregando requisitos, cercenando posibilidades. Y que la última palabra podría tenerla finalmente el diseño del aplicativo.

En cuanto al costo del blanqueo, el régimen propone hacer las paces con el fisco por un 5% al 15% (según la fecha del acogimiento y pago), y sin costo alguno hasta cien mil dólares. La base de cálculo de ese porcentaje es el valor en dólares al 31 de diciembre de 2023 —unos USD 45.000—, o el costo de adquisición si fuera mayor.

Sin embargo, este costo esconde otro costo que queda latente, y es el del 15% del eventual incremento de valor habido entre el costo de adquisición y el presente. Este porcentaje es el impuesto que habrá de devengarse por concepto de impuesto a la ganancia financiera o cedular, en el momento de la venta de estas tenencias. Al obligar a informar en el blanqueo el costo de adquisición y no ofrecer la ley ni la reglamentación una solución distinta, parece claro que el impuesto a las ganancias deberá tomarse de punta a punta (adquisición contra futura venta), y que el valor actual por el cual se va a pagar el impuesto especial en el blanqueo no podrá ser utilizado como costo base para establecer la ganancia imponible.

Entonces cabe preguntarse ¿qué beneficio tendría blanquear bitcoin que hoy están en autocustodia, fuera del alcance y conocimiento de la AFIP? El impuesto a las ganancias por todo su incremento de valor habrá que pagarse igual en el futuro. El impuesto sobre los bienes personales no aplica pues los bitcoins están exentos por ley pues son bienes inmateriales (y en el peor de los casos o interpretaciones fiscalistas están gravados sobre la base del valor histórico en pesos, un valor probablemente irrelevante).

Y demás del costo económico se plantea una sumatoria y escalada de riesgos que se disparan por sacar los bitcoins del lugar hiperseguro en el cual descansan desde hace años, para ponerlos a disposición de un PSAV. Un PSAV que podrá ser muy solvente, cumplidor y bien intencionado, pero que no podrá negar que está expuesto a recibir instrucciones, embargos o bloqueos de las autoridades, que podrían dificultar o impedir al titular retirar sus bitcoins y retomar el dominio eminente sobre ellos. Y muy probablemente estos riesgos se potencien por el mero hecho de que cuando el PSAV reciba de un don nadie una transferencia por un valor importante sus oficiales de compliance van a decidir informar la operación como sospechosa, dándole así pie a la UIF para comenzar una persecución al bitcoiner. Una persecución de incierto destino.

Por todo esto es que dudo que el blanqueo sea una herramienta de la cual quepa esperar gran recaudación de parte de bitcoiners y regularización de tenencias significativas. Y es una lástima, porque no estaría mal incorporar pacíficamente al comercio, sin riesgos, las riquezas bien habidas de los early adopters de bitcoin.

Tal vez alguno pueda ver con algún interés la moratoria que también propone la misma Ley 27.743. Es una alternativa válida: establecer exactamente qué impuestos ha dejado de pagarse con relación a una determinada tenencia o adquisición de bitcoin, y —si no están prescriptos— pagar esos impuestos con quita de intereses y remisión de multas y responsabilidades penales.

Para establecer el exacto importe de impuestos omitidos y la eventual prescripción de todo o parte de dichas obligaciones, será necesario poder establecer en forma fehaciente la fecha de adquisición de los bitcoins. Esto no siempre es algo posible, pero en algunos casos sí lo es ya que la blockchain de bitcoin en el medio de prueba más irrefutable sobre la fecha en que cada transacción ha sido realizada. El tema será probar cuándo una transacción ha sido realizada por un determinado titular, cosa que se puede hacer también de modo irrefutable si es que el titular maneja aún las claves privadas de las transacciones o billeteras originales.

Esto de someter tenencias de bitcoin a la moratoria es un análisis para realizar caso por caso y que difícilmente genere un movimiento masivo de regularización, pero es una alternativa a tener en cuenta.

Al menos porque en el marco de la moratoria nadie le va a exigir al bitcoiner que abandone la autocustodia y transfiera sus tenencias a un PSAV, ni que genere con este solo movimiento una escalada de riesgos patrimoniales y regulatorios de los cuales hoy está totalmente exento.

Así, la moratoria podría dar una solución alternativa de regularización y cumplimiento fiscal, eventualmente más económica y en todo caso más consistente con la naturaleza y el ethos de bitcoin.

Del blanqueo no creo que se pueda esperar gran cosa.

Abogado. Especialista en impuestos. Presidente de la ONG Bitcoin Argentina