Se realizó este 21 de septiembre de manera virtual la cuarta edición del Marval Annual Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations, un evento donde expertos locales e internacionales compartieron sus experiencias en desafíos, desarrollos y tendencias en este rubro. Liderada por Gustavo Morales Oliver, head del departamento de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones de Marval O'Farrell Mairal, la jornada contó con la participación de la jefa del área de Corrupción Internacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Lorinda Laryea, el exjuez brasileño Sergio Moro, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio y el subsecretario de la Oficina Anticorrupción de Argentina, Luis Villanueva, entre otros destacados expositores.
Se realizó el 4to Seminario Internacional de Compliance y Anticorrupción de Marval O'Farrell Mairal
Se realizó de manera virtual el evento donde expertos locales e internacionales compartieron sus experiencias en desafíos, desarrollos y tendencias en este rubro. La jornada contó con la participación Lorinda Laryea, Sergio Moro, Delia Ferreira Rubio y Luis Villanueva, entre otros destacados expositores.
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En la apertura del evento, Santiago Carregal, chairman de Marval O'Farrel Mairal, señaló: "Los temas de compliance y anticorrupción están entre los que más preocupan a los gerentes de legales de las empresas. El contexto particular que estamos viviendo, donde por primera vez se ha conjugado una crisis sanitaria, económica y una demanda global fuerte de justicia social, ha derivado en nuevas regulaciones que necesitamos conocer".
A su turno, Lorinda Laryea, compartió los desarrollos y tendencias en anticorrupción en el Departamento de Justicia estadounidense: "Hay una mayor cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y eso va a continuar, no va a disminuir. La lucha contra la corrupción es realmente global".
"En los viejos tiempos, obtener información de otros países era lento. Ahora no es así. Cada vez trabajamos más en paralelo con las autoridades extranjeras. Podemos compartir sin problemas las pruebas, obtener pistas de otros países. Y esto nos está ayudando", agregó.
En esa línea, Laryea dijo que "las empresas y los individuos son dos caras de una moneda. Las personas cometen delitos, y las empresas pueden ser responsables de aquellos delitos. Las empresas pueden aportar pruebas como parte de su cooperación. Y alternativamente, los individuos pueden también proporcionar información”. Al respecto, manifestó que el número de individuos acusados ha crecido exponencialmente en los últimos años, expresando una voluntad por que los individuos también rindan cuentas.
Además, hizo énfasis en la cooperación por parte de las empresas y la importancia de la evidencia en las investigaciones del Departamento de Justicia. “Intentamos ser transparentes en lo que esperamos de las empresas en su cooperación con nosotros. Una de las formas en que lo hacemos es a través de la Política Corporativa de Aplicación de la Ley (Corporate Enforcement Policy, o CEP) que proporciona una guía para las empresas que desean cooperar, y también explica los beneficios adicionales para las empresas en función de si eligen auto-divulgar su información o en función de cuánto cooperan", concluyó Laryea.
La Oficina Anticorrupción y el BID presentaron el Registro de Integridad para empresas
Por el otro lado, Luis Villanueva, subsecretario de la Oficina Anticorrupción de Argentina presentó el proyecto de Registro de Integridad (RITE) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "El RITE es una plataforma gratuita, federal y voluntaria, en la que empresas de todo tipo podrán dar cuenta de cuáles son sus programas y compromisos de integridad y podrán obtener una una plataforma de herramientas para mejorarlos. Desde la Oficina Anticorrupción creemos que es imposible pensar el abordaje de la corrupción sin integrar al sector privado como una de las partes fundamentales en la discusión. Por eso entendemos al RITE como un proyecto colectivo, un diálogo permanente entre el sector privado, el público y las organizaciones de la sociedad civil", afirmó.
En tanto, Karina Kucyk, consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detalló que "el RITE es un proyecto espectacular para Argentina, para que las empresas puedan mostrar sus programas anticorrupción y todos puedan dar cuenta de la importancia que tiene la integridad para crear un entorno de negocios más sano. Nuestro apoyo tiene que ver con el compromiso de nuestro organismo con la integridad y la lucha contra la corrupción y le da un encuadre y una perspectiva internacional, que es fundamental en este tipo de iniciativas. Pusimos a disposición del Gobierno argentino un equipo multidisciplinario para llevar a cabo el proyecto y ofrecer a las organizaciones un menú de opciones de códigos de ética y evaluación de riesgos que mejor se ajusten a su actividad".
El socio en Marval O'Farrell Mairal, Gustavo Morales Oliver, a cargo de la moderación de los paneles concluyó que "de acuerdo con nuestra experiencia, la mejor motivación para que las empresas se sumen a estos proyectos es que su participación permita integrarse a un entorno de negocios más sano, que exige este tipo de prácticas de integridad".
El exjuez Moro cerró la jornada
La segunda parte de la jornada se destacó por el panel de Sergio Moro, actual director en Alvarez & Marsal, y quien fuera el Juez a cargo del caso Lava Jato y ministro de Justicia de Brasil y Kara Brockmeyer, socia en Debevoise & Plimpton (ex Chief of the SEC's FCPA Unit) en donde se profundizó sobre las investigaciones internas en Latinoamérica.
El exministro de Justicia comentó sobre el programa de whistleblowers de su país: "En cuanto a los programas de whistleblowers, cuando fui ministro de Justicia pudimos aprobar una ley en Brasil que buscaba crear un programa de denuncia de irregularidades con una fuerte protección de los whistleblowers por parte de los funcionarios públicos. También la ley castiga con el despido a aquellos funcionarios públicos que pretendan tomar represalias contra el whistleblower. Además, tiene una disposición sobre recompensas para los denunciantes. Esencialmente, la ley busca emitir alguna regulación para las recompensas”.
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