Capital ya puede penar por armas

Aníbal Ibarra

Por primera vez, la Legislatura porteña rechazó un veto del Ejecutivo y consiguió los dos tercios de votos para insistir en la sanción de un código procesal que permite juzgar los delitos por tenencia y portación de armas, una figura penal que le fue transferida a la Ciudad de Buenos Aires por la Nación.

Sin embargo, los legisladores hicieron una ley correctiva que sancionaron a continuación de la insistencia y que satisface los requerimientos de Juan Carlos López -el secretario de Seguridad y Justicia de la Capital Federal-, quien había pedido a Aníbal Ibarra que vetara la ley.

• Vacío legal

La norma era necesaria porque la Ciudad sólo tiene una ley de procedimiento para contravenciones -figuras que no son penales-, y algunos jueces dejaron en libertad a imputados por portación de armas, a los que corresponde una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Otros magistrados, como ocurrió en un juicio oral la semana pasada, optaron por utilizar el código penal nacional para aplicar la pena, pero la Cámara porteña había solicitado a la Legislatura que sancionara una norma ante la incertidumbre o distintos tipos de interpretación de los jueces a la hora de juzgar.

Los legisladores hicieron una «ley parche», pero Ibarra la vetó por tres artículos: imponía sólo 48 horas para la obtención de la semiplena prueba, cuatro meses para la investigación o caducaba la causa, y, finalmente, en la redacción se hablaba de fuero correccional que en la Ciudad no existe, lo que se interpretaba como la creación de éstos que debe hacer el Consejo de la Magistratura. Esas observaciones las habían hecho jueces contravencionales y fiscales porteños al Gobierno, lo que provocó el veto de Ibarra.

Los legisladores insistieron en el veto y de esa manera la ley ya está vigente, no se puede vetar nuevamente. Luego sancionaron una ley correctiva para establecer que:

• El plazo para producir la semiplena prueba será de 5 días (no 48 horas como en la ley original).

• Los jueces tendrán un plazo de dos meses para la investigación que podrá prorrogar a 4, pero excepcionalmente pueden ampliar más el plazo.