La fiscalía de Bolivia descubrió ayer que varios argentinos recibieron trasplantes de órganos de bolivianos entre 2005 y 2006, al requisar documentos en el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la ciudad oriental de Santa Cruz.
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«Hemos encontrado un buen número de receptores argentinos y todos los donantes son bolivianos», afirmó ayer el fiscal asignado al caso, José Luis Molina, luego de visitar el Sedes, que depende de la Prefectura cruceña.
La entidad registró seis o siete solicitudes de órganos en 2005, y 21 en 2006, agregó Molina, quien no pudo precisar aún la cantidad exacta de los beneficiarios argentinos.
No obstante, afirmó que le llamó la atención el hecho de que no existen datos de receptores de otras nacionalidades y remarcó que la ley establece que los bolivianos tienen prioridad en estos casos sobre los extranjeros.
Agregó que se investigará si ciudadanos de la nación andina demandaban esos trasplantes de órganos y «por qué no se optó primero por ellos», en lugar de los argentinos, «toda vez que (ese servicio) debe ser gratuito».
Costos
La investigación comenzó a raíz de la denuncia sobre la existencia de cirujanos bolivianos que venden órganos en forma ilegal para trasplantarlos a pacientes, muchos de ellos argentinos. Los «paquetes» para que los argentinos se sometan a esas cirugías tendrían un costo de entre 30.000 y 40.000 dólares.
Los doctores Hernán Peinado Diniz y Raúl Bocángel Oliva serán citados a declarar, pero antes la fiscalía «hará investigaciones importantes» que le permitan «capturar mayor información». El Ministerio de Salud ha ordenado una investigación, que según el fiscal será «profunda».
