20 de diciembre 2012 - 23:58
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Los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky entendieron que tampoco estaba en juego una cuestión "federal", por lo que vedaron la llegada de los condenados a la Corte.
"Aun reconociéndose la gravedad de los hechos investigados, cuya repercusión y efectos tienen vigencia en la actualidad, la manera en que fue sustentada la alegada gravedad institucional, sólo permite observar la existencia de un interés que involucra al recurrente", sostiene el fallo de la Cámara.
Para los camaristas, "los recurrentes no han planteado concretamente la cuestión federal a debatir". Esta decisión judicial, tomada a diez días de cumplirse ocho años de ocurrida la tragedia, fue celebrada por las partes querellantes en la causa.
"Es una excelente noticia, la Justicia ha dado un paso importante", dijo el abogado Patricio Poplavsky, quien representa a un numeroso grupo de familiares de víctimas.
"Como padre es una bocanada de aire que ocurra a escasos días del 30 de diciembre. Por lo menos esta gente va a cumplir su responsabilidad, es hora que desde atrás de las rejas empiecen a pensar lo que ocurrió", expresó José Iglesias, padre de unas de las víctimas y también abogado querellante.
Por su parte, Chabán, que debe cumplir una pena de 10 años y nueve meses de prisión, se presentó esta tarde en los tribunales porteños ubicados en Paraguay 1536 y quedó alojado en la alcaidía a la espera de ser trasladado al penal de Marcos Paz, al igual que Villarreal, donde ambos ya estuvieron detenidos al inicio de la causa. "Vine con la cabeza alta porque no tengo nada que ocultar", dijo el ex mano derecha de Chabán al llegar a los tribunales para cumplir una pena de seis años de cárcel.
En tanto, Diego Storto, abogado de Djerfy dijo que su defendido y Delgado, ambos condenados a cinco años de prisión, también quedaron alojados en la alcaidía y pidieron ser llevados al penal de Ezeiza.
El 17 de octubre, la Cámara de Casación fijó las condenas de todos los responsables y además le impuso una pena de ocho años al ex subcomisario Díaz, de siete a Santos Fontanet, de seis a Vásquez, y de cinco a Torrejón, Carbone y Argañaraz. También fijó penas de cuatro años a Fiszbin, de tres años y nueve meses a Torres, de tres y medio a Fernández, y de tres a Cardell.




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