Una jueza porteña dejó sin efecto "las instrucciones dadas por las autoridades educativas del Gobierno de la Ciudad a los Directores y/o Rectores de establecimientos educativos" para que efectúen denuncias ante eventuales toma de colegios por parte de los estudiantes.
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La medida fue dispuesta por la jueza en lo contencioso administrativo y tributario porteña Elena Liberatori, quien dejó sin efecto las instrucciones a los directores de establecimientos ante eventuales tomas de colegios, en momentos en que hay más de 30 ocupaciones por parte de estudiantes.
"Queda claro que por un lado los estudiantes están haciendo uso de derechos constitucionales", dijo la jueza en su resolución, y aclaró que "las autoridades administrativas ejercen sus competencias fuera de un marco mínimo de legalidad".
La causa fue iniciada tras una presentación realizada por los legisladores porteños Gonzalo Ruanova, Francisco Nenna y María José Lubertino, así como por el secretario general de Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo Marcelo López.
"Mediante la presentación efectuada por los actores se denuncia que con fecha 25 de septiembre de 2012, la vice-Ministra de Educación Profesora Ana Ravaglia organizó una reunión con los rectores de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en las que les entregó un instructivo respecto de la situación de toma (en alusión a las tomas en los colegios que cobraron visibilidad recientemente)", explicó Liberatori.
Al respecto, la jueza se preguntó "qué normas de procedimiento son las que cumple el Ministerio y sus altos funcionarios si en la especie toda formalidad se resume en una reunión a los fines de entregar un instructivo con un supuesto procedimiento para enfrentar una situación de toma estudiantil en los establecimientos educativos de la Ciudad" si ese "documento obliga a los directivos de esos establecimientos en tanto son subordinados jerárquicos de quien imparte las instrucciones, a concurrir inmediatamente a la Comisaría de la jurisdicción del establecimiento ".
"Por lo expuesto, encontrando reunidos en grado más que suficiente los requisitos de verosimilitud y peligro en la demora en grado palmario, resuelvo dejar sin efecto las instrucciones dadas por las autoridades educativas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Directores y/o Rectores de establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires en situación de toma por estudiantes, relativas a la denuncia en comisaría", determinó la jueza.
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