Inversión en Educación: por qué la meta del 6% del PBI no siempre se cumple

Un informe privado mostró que la pauta del 6% del PBI de cada año destinado a Educación se cumplió tan solo tres veces entre 2006 y 2020. Los funcionarios y especialistas explicaron la situación y analizaron los motivos que generan debate sobre las prioridades a la hora de distribuir recursos.

La educación es uno de los pilares para el desarrollo de las naciones. Se trata de una vía que incide directa e invariablemente en el progreso de una sociedad. A través del presupuesto, estipulado por ley en Argentina, se debe destinar una cifra (en pesos) no menor al 6% del PBI para cubrir salarios docentes, becas, infraestructura y escuelas, programas, entre otros puntos. Sin embargo, esa pauta de recursos no siempre se cumple en el país.

De acuerdo a un reciente informe, entre los años 2006 y 2020, la pauta de 6% de recursos presupuestados para educación, solo se cumplió en tres ocasiones, en los años 2009, 2013 y 2015. El resultado del relevamiento evidenció las luces y sombras sobre la forma en que el Estado, sin importar el gobierno de turno y su política económica, gestiona los fondos destinados a un área estratégica para el desarrollo del país.

Inversión en Educación: la importancia de garantizar recursos

Tomando como punto de partida el estudio que la organización Argentinos por la Educación (AE) hizo sobre esta problemática, Ámbito consultó a funcionarios y especialistas en la materia para entender qué pasa cuando se habla de presupuesto educativo y del incumplimiento de la meta de recursos que cada año deben sostener el engranaje clave de la educación.

El informe, titulado “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación”, demostró que si se suman los recursos estipulados que no se invirtieron en educación en Argentina entre 2006 y 2020 (último dato disponible), equivalen a una deuda que alcanzó los 3,4 billones de pesos.

Al respecto, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, respondió ante la consulta de Ámbito y reconoció que si bien ”hace falta más inversión y más recursos”, al mismo tiempo consideró que es un desafío “continuar ampliando el presupuesto educativo año tras año, lo cual es una realidad desde que este Gobierno asumió”, manifestó.

“Después están las palabras y los discursos. La realidad es que en nuestra gestión hubo aumento en la inversión educativa y vamos al Congreso a pelear por más recursos. Hacemos que crezca el PBI para que aumente la inversión en educación”, argumentó Perczyk.

Educación: la inversión del 6% del PBI no siempre cumple

La pauta del 6% del PBI no es por capricho ni azar, ya que está determinada en dos leyes que garantizan lo que se invierte en Educación: la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075, de 2005; y la Ley de Educación Nacional N° 26.206, del 2006, año que se toma como punto de partida para comprobar cuántas veces un gobierno cumplió con lo que prometió en materia de gasto en educación. Solo en tres años, entre 2006 y 2020, se cumplió el objetivo presupuestario estipulado, como en 2009, 2013 y 2015. Este último, superó la cifra y alcanzó el 6,1%.

“No hay un mecanismo concreto para garantizar ese 6%”, señaló Martín Nistal, uno de los autores del informe y encargado del área Análisis de Datos de AE. “Entre los presupuestos de Nación y de las provincias, al aprobarse, es donde se debe asegurar que la inversión proyectada en educación se concrete”, explicó.

Justamente, es el Congreso Nacional y los de las provincias, los que aprueban el presupuesto de cada año, donde se determina cuánto se destinará de la “torta” a todo lo referido en materia educativa: infraestructura, salarios, becas, programas de fomento, investigación, y un largo etcétera.

Argentinos por la Educación

Del lado de la gestión, el Director General de Escuelas de la provincia de Mendoza, José Thomas, aseguró al respecto que tanto “en Educación como en Salud y Seguridad, los recursos nunca son suficientes y siempre se puede hacer más”. En ese sentido, remarcó que “todos reclaman por la importancia de la educación pero después no se cumple con la ley”, y señaló que “las definiciones son netamente en el Congreso”, es decir, el lugar clave para defender y sostener la inversión proyectada en el área.

En general, indicó el economista e investigador de IIEP BAIRES y UBA-CONICET, Javier Curcio, “los recursos son de libre disponibilidad, salvo aquellos asignados por organismos internacionales y los que son parte del fondo de incentivo docente”, como así también otros enmarcados en la Ley de Financiamiento Educativo. “Quiere decir que Nación se lo transfiere a las provincias con el compromiso que las provincias los inviertan exclusivamente en educación. Por lo tanto las potestades para definir cómo se invierte en educación son de cada Poder Legislativo, tanto en las provincias como a nivel nacional”, destacó.

“Esto tiene que ver con priorizaciones”, agregó, dado que “el problema del incumplimiento se da a pesar de que la ley es estricta”. Por lo tanto, no sería una cuestión de modificar la letra vigente, argumentó , puesto que hay un mix de variables donde confluyen “los distintos signos políticos, los distintos momentos del país”, que dan sentido a esas prioridades para “lograr las metas de cumplimiento”, consideró.

Más presupuesto no garantiza mejor calidad sin planificación

Aumentar las partidas presupuestarias en Educación es el común denominador, es un punto en el que hay acuerdo rotundo. Cabe preguntar entonces, a partir de este punto, si eso representa una garantía en la calidad educativa, en tanto se definen los criterios para el uso eficiente de los recursos.

“Tenés que saber qué hay que hacer. La política educativa es eso, es la que marca qué es lo que hay que hacer. Todo requiere inversión”, explicó Perczyk. Según el ministro, “los chicos tienen que estar más tiempo en la escuela, esa es la clave. Para eso tenés que ofrecer una infraestructura con escuelas preparadas, docentes más capacitados, más personal auxiliar, sumado al aporte de libros, computadoras y material didáctico”, detalló.

Por su parte, Nistal hizo una aclaración: “Más cantidad de recursos no garantiza mayor calidad pero la calidad de la educación tiene su condición en la cantidad de recursos disponibles”. Si bien “no necesariamente se relacionan uno a uno”, garantizar los recursos es fundamental “porque es lo que dice la ley”, sumado a la discusión sobre “cómo se garantiza la calidad con esos recursos”, explicó.

“Es condición necesaria y no suficiente”, aclaró Curcio, quien remarcó que es esencial cumplir el objetivo de lograr “más recursos y mejor invertidos”. Como ejemplo del incremento de partidas presupuestarias para la mejora en la calidad educativa, citó la disposición del Consejo Federal Escolar para este año, de ampliar las horas de clase. “Eso requiere más infraestructura, más aulas, mayor disponibilidad de espacios, más salarios para docentes y eso requiere aumento del financiamiento”, señaló.

Thomas puntualizó que “los recursos nunca son suficientes y siempre se puede hacer más”. Destacó en ese sentido que “hay distritos que gestionan mejor los recursos con el uso de sistemas nominales de seguimiento de los recursos educativos”, para establecer dónde hace falta invertir según la necesidad. “Creo que la gestión basada en evidencia y con gestión nominal es fundamental para hacer un uso eficiente de los recursos”, remarcó.

Argentinos por la Educación

La deuda acumulada entre 2006-2020 y la prioridad de la inversión

El informe también relevó la deuda acumulada entre 2006-2020, es decir, los montos de recursos que faltaron para alcanzar el 6% de piso. De este modo, en el período relevado se alcanzó un rojo de $3,4 billones (en pesos de 2022).

Otro punto del trabajo de AE es que hay cuatro años con porcentajes de deuda mayores al 10% del total. Por lo tanto, si sumamos la deuda de 2010 sumado con la que se generó entre 2018-2020, representan el 68,4% del total de la deuda educativa argentina.

“La puja de los salarios docentes entra en conflicto con otras discusiones salariales, como las de Salud, Justicia, Seguridad, etc. Muchas veces esto trae problemas al esquema de política económica de los distritos, por lo que requiere sostener una fuerte priorización del presupuestos educativo”, apuntó Curcio.

Ahí es donde entra en juego la disputa de lo político, lo que puede destrabar la situación. Al respecto, Thomas resumió esta dinámica, desde la perspectiva de la provincia de Mendoza. “Desde 2006 la relación del Ministerio de Educación nacional y las provincias no es buena, hay burocracia que dificulta bastante esa relación y creo que entorpece mucho ese vínculo con el poder central en términos de definir políticas que son jurisdiccionales por ley”, explicó.

“Creo que Nación debería tener un sistema más moderno y federal sobre todo, basado en la equidad del reparto de recursos pero también orientado en la búsqueda de resultados en términos de aprendizaje, escolaridad, etc.”, argumentó.

El debate sigue abierto. La relevancia del tema lo amerita, puesto que discutir sobre planificación e inversión en la educación es primordial. Es un eje transversal a todos los gobiernos y signos políticos, como base del desarrollo de un país y su sociedad.