9 de enero 2009 - 00:00
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La reciente escalada de cuestionamientos de funcionarios nacionales, provinciales y municipales contra los piquetes de ambientalistas no se había visto desde el inicio del conflicto.
El aparente cambio de estrategia del kirchnerismo fue bienvenido en el seno del Gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien tal vez ahora revea su negativa a favorecer a Néstor Kirchner para que sea ungido como el primer presidente de la Unión de Naciones Sudamericanas.
Ayer, la Casa Rosada -esta vez, a través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández- volvió a cuestionar la legalidad de la medida de fuerza que los entrerrianos realizan desde 2006 en el puente General San Martín. En esa línea, enfatizó que el Gobierno nacional «nunca estuvo de acuerdo» con los bloqueos y sostuvo que no cree que «los cortes traigan soluciones de ninguna índole».
La reacción de Fernández es, en verdad, la continuidad de la afrenta lanzada el martes por el jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien había dicho que los cortes hacia Fray Bentos «eran malos» y exhortado a los manifestantes a que «reflexionen» porque el cierre del paso perjudica, además, «a los vecinos». «Todos los cortes son malos, pero mucho más en un puente internacional», insistió.
No fueron los únicos. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, profundizó el enfrentamiento que mantiene con los vecinos de Gualeguay-chú y aseguró que, a su criterio, se está «cerca» del fin del bloqueo. Además advirtió que ejercerá la «acción política, cívica y estatal necesaria» para que no se extiendan los cortes a Colón y Concordia. Pero negó que se esté pensando en el uso de la fuerza, tal como lo reclama el gobierno de Uruguay.
«Estamos cerca de que los ciudadanos de Gualeguaychú que están apostados en ese lugar levanten el corte, porque el acompañamiento no es el de otros momentos», dijo. Y remarcó los «tremendos costos y daños que ha producido eso que algunos llaman el paradigma de la lucha. Yo digo que un tronco atravesado en la ruta no es paradigma de nada».
Urribarri -que, a diferencia de su antecesor, Jorge Busti se manifestó desde un primer momento en contra de los cortes en Gualeguaychú- no sólo suspendió el subsidio anual que recibía la Asamblea sino que bajó línea a sus intendentes en idéntico sentido, a sabiendas del rechazo y del desencanto social que cosecha la protesta de Gualeguaychú.



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