El Gobierno creó un programa de asistencia tecnológica para supervisar medidas restrictivas de la libertad ambulatoria

Funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal y brindará dispositivos de monitoreo electrónico a la justicia penal federal y nacional. Estará a cargo de Brian Ezequiel Gallo, designado coordinador ejecutivo ad honorem.

El Ministerio de Justicia oficializó este miércoles la creación del Programa de Asistencia Tecnológica para la Supervisión de Medidas Restrictivas de la Libertad Ambulatoria, a través de la Resolución 434/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.

El nuevo organismo funcionará en la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia y tendrá como objetivo brindar asistencia técnica y tecnológica a los órganos judiciales y al Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción federal y nacional, a través del suministro de dispositivos electrónicos de monitoreo, la capacitación de operadores judiciales, la elaboración de protocolos de actuación y la producción de información estadística.

Según establece la resolución, el programa comprenderá tres tipos de situaciones: las medidas de coerción personal previstas en los incisos i) y j) del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal; los casos de detención domiciliaria contemplados en el artículo 10 del Código Penal y en los artículos 32 y 33 de la Ley N° 24.660; y las medidas o penas no privativas de la libertad con monitoreo electrónico previstas en la Ley de Régimen Penal Juvenil N° 27.801.

La resolución precisa que el programa alcanzará a personas que no hayan ingresado previamente a un establecimiento penitenciario o a una dependencia de alojamiento transitorio, con excepción de los casos contemplados en los artículos 215, 216, 245 y 258 del Código Procesal Penal Federal, siempre que no se haya dictado la prisión preventiva y que la persona tenga domicilio constituido en el territorio de la República Argentina.

El texto oficial aclara que el nuevo esquema no reemplaza ni se superpone con las competencias de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, que depende de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, sino que actúa de manera complementaria: mientras esa dirección supervisa a personas que ya estuvieron privadas de su libertad en un establecimiento, el nuevo programa asistirá a quienes transitan el proceso penal en libertad.

La resolución también designó a Brian Ezequiel Gallo como coordinador ejecutivo del programa, cargo que desempeñará con carácter ad honorem. Además, aprobó el Protocolo de Actuación para la implementación de la medida, que forma parte de la norma como Anexo I.

De acuerdo con los considerandos de la resolución, el sistema acusatorio federal se encuentra implementado en 17 provincias del país, mientras que 19 distritos adoptaron sistemas procesales penales de carácter acusatorio en sus jurisdicciones locales. La norma cita además el Relevamiento Nacional sobre Personas Detenidas con Prisión Domiciliaria y Vigilancia Electrónica de 2024, que registró 12.643 personas cumpliendo prisión domiciliaria, de las cuales el 54,71% (unas 6.917 personas) estaban sujetas a monitoreo electrónico.

El financiamiento del programa estará a cargo de los recursos y fuentes de financiamiento del Ministerio de Justicia. La resolución establece que el monitoreo electrónico será ejecutado por la empresa que resulte adjudicataria de la contratación del servicio, mientras que la cartera solo actuará como intermediaria entre esa prestataria y los organismos interesados.