Crean un sistema especial para mujeres detenidas consideradas de alto riesgo

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional y busca gestionar a internas vinculadas con organizaciones criminales complejas. El esquema contempla criterios específicos de evaluación, alojamiento, comunicaciones, visitas y tratamiento penitenciario.

CNN

El Gobierno aprobó un régimen específico para mujeres privadas de la libertad consideradas de alto riesgo, con el objetivo de prevenir que organizaciones criminales continúen desarrollando actividades desde las cárceles. La medida fue formalizada por la Resolución 878/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial, y crea una adaptación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) para la población femenina.

La resolución, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establece la implementación del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo - Mujeres” en el Servicio Penitenciario Federal. La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal tendrá a su cargo la adopción de las medidas necesarias para ponerlo en funcionamiento, incluida la planificación operativa, la selección y capacitación del personal y la asignación de recursos de infraestructura y tecnología.

El nuevo esquema toma como base el sistema para personas de alto riesgo aprobado en 2024. Según los fundamentos de la medida, aquella herramienta permitió reforzar la evaluación, clasificación y separación de personas vinculadas con organizaciones criminales y, de acuerdo con el Gobierno, limitar la continuidad de actividades delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

En ese sentido, la cartera de Seguridad sostiene que la experiencia acumulada permitió detectar una nueva situación: mujeres que ocupan posiciones de relevancia, liderazgo o coordinación dentro de estructuras criminales. El documento señala que estos casos comenzaron a observarse con mayor frecuencia y que algunas internas pueden continuar participando de actividades ilícitas aun cuando se encuentran privadas de su libertad.

El foco en las mujeres vinculadas al crimen organizado

Los fundamentos de la resolución remarcan que las organizaciones criminales pueden recurrir a familiares de sus integrantes para mantener determinadas funciones cuando sus principales referentes son detenidos. En particular, se menciona el desplazamiento de determinadas tareas hacia mujeres de los denominados “clanes familiares”, que pueden asumir funciones de enlace, coordinación y continuidad operativa.

El anexo de la norma sostiene que las mujeres pueden desempeñar distintos papeles dentro de estas estructuras, desde la transmisión de mensajes y la coordinación logística hasta la administración de recursos y la gestión de actividades ilícitas. También menciona casos en los que, tras el encarcelamiento de líderes, sus parejas asumieron funciones vinculadas con la comercialización y el transporte de drogas, la recaudación de dinero y la impartición de órdenes a otros integrantes.

El Gobierno también cita antecedentes de organismos especializados para fundamentar el cambio. Entre ellos aparece la PROCUNAR, que documentó casos de mujeres que ocuparon posiciones relevantes dentro de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Además, la resolución incorpora referencias a trabajos de organismos internacionales sobre el papel de las mujeres en estructuras de crimen organizado.

La norma aclara, sin embargo, que el nuevo sistema no estará destinado automáticamente a todas las mujeres detenidas. La incorporación dependerá de una evaluación individual del riesgo, basada en los criterios establecidos para el SIGPPLAR y en las características particulares de cada interna. Entre los aspectos que deberán analizarse se encuentran su eventual participación en posiciones de liderazgo, toma de decisiones, establecimiento de alianzas, supervisión de tareas y administración de recursos.

Cómo funcionará el nuevo régimen

Las internas alcanzadas por el sistema serán alojadas en sectores o establecimientos habilitados específicamente para este régimen, de acuerdo con la categoría de seguridad requerida. El objetivo declarado es gestionar los factores de riesgo vinculados con la seguridad pública sin dejar de contemplar las necesidades específicas de la población penal femenina.

La evaluación deberá prestar especial atención a las áreas de salud mental y criminología, además de considerar factores vinculados con antecedentes de conducta antisocial, patrones de comportamiento y asociación con pares antisociales. Las evaluaciones de riesgo serán realizadas con una periodicidad semestral, aunque ese plazo podrá reducirse ante situaciones excepcionales, previa aprobación del coordinador del SIGPPLAR y sobre la base de informes fundados.

El régimen establece además algunas situaciones en las que una interna no podrá ser incorporada. Entre ellas figuran las mujeres embarazadas, las que se encuentren en período de lactancia y aquellas que convivan con niños de hasta cuatro años cuando no sea posible adoptar otras medidas apropiadas para su cuidado.

En materia de alojamiento, se deberán respetar los estándares de habitabilidad correspondientes a los regímenes cerrados y las pautas específicas previstas para mujeres. La normativa establece que se procurará garantizar elementos de higiene personal adecuados y que las internas serán alojadas en celdas húmedas individuales.

Las internas incorporadas al sistema tampoco deberán mantener contacto con el resto de la población penal común. Las actividades laborales, educativas, recreativas y deportivas deberán realizarse dentro del mismo sector o módulo en el que se encuentren alojadas, de acuerdo con el régimen de vida establecido por los responsables del sistema.

Visitas, comunicaciones y tratamiento

El contacto con el exterior estará sujeto a las reglas específicas del SIGPPLAR. En el caso de las comunicaciones telefónicas, continuarán aplicándose los protocolos establecidos previamente para las personas incluidas en el sistema de alto riesgo.

La resolución incorpora además un régimen particular para las visitas de contacto con hijos menores. La coordinación del sistema podrá proponer encuentros previa autorización judicial, con una frecuencia quincenal, una duración máxima de 60 minutos y hasta dos visitantes por encuentro.

Los menores que ingresen a los establecimientos deberán estar acompañados por un adulto autorizado para las visitas. Por razones médicas de radioprotección estarán exceptuados del control mediante equipos de rayos X Body Scanner, aunque podrán ser sometidos al resto de los controles de seguridad previstos por la normativa.

El sistema también contempla una atención sanitaria acorde con las necesidades específicas de las mujeres, con especial consideración de la salud mental. A su vez, establece que los registros personales deberán ser realizados por funcionarias penitenciarias del mismo sexo que la interna y que la sección de videovigilancia del sistema estará integrada exclusivamente por mujeres.

En cuanto al tratamiento penitenciario, el programa deberá concentrarse en los factores de riesgo y las necesidades detectadas en cada caso, con el objetivo de reducir los riesgos de reincidencia. La evaluación tendrá en cuenta la historia criminológica y los factores asociados con la conducta antisocial, mientras que las intervenciones buscarán trabajar sobre los componentes psicológicos y sociales relacionados con la identidad criminal y los roles de liderazgo.

El personal penitenciario destinado al nuevo sistema deberá recibir, además de la capacitación específica del SIGPPLAR, formación en perspectiva de género. La implementación estará acompañada por mecanismos de monitoreo a cargo de distintas áreas del Servicio Penitenciario Federal, entre ellas las direcciones de Seguridad, Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, Inteligencia Penitenciaria e Investigaciones Judiciales y Asuntos Internos.

La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal tendrá 60 días para elaborar los protocolos complementarios y manuales específicos necesarios para el funcionamiento del sistema. Además, deberá realizar un seguimiento periódico y presentar informes técnicos semestrales sobre el avance de su implementación.

El Gobierno encuadra la medida dentro de su estrategia contra el crimen organizado. Los fundamentos de la resolución vinculan el SIGPPLAR con el Plan Bandera, el Plan Güemes, el Plan Paraná y el Plan Andrés Guacurarí, y destacan que actualmente hay 78 miembros de organizaciones criminales incorporados al sistema de alto riesgo, con presencia significativa de estructuras que desarrollan actividades en Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes.