El Ministerio de Justicia creó un programa nacional para combatir el microtráfico y fortalecer la persecución penal en las provincias

La Resolución 590/2025 del Ministerio de Justicia puso en marcha el PRONADEM, que prevé asistencia técnica y capacitación para operadores judiciales, con el objetivo de completar el proceso de desfederalización y unificar estrategias contra el narcomenudeo.

La iniciativa responde a la necesidad de completar el proceso de desfederalización de la persecución penal del microtráfico, iniciado hace veinte años pero aún pendiente en doce jurisdicciones.

El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó este lunes la creación del Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM). La medida, dispuesta a través de la Resolución 590/2025 publicada en el Boletín Oficial, designa como coordinador ad honorem al doctor Leandro Gastón y apunta a reforzar la respuesta judicial frente al narcomenudeo en distintas provincias del país.

La iniciativa responde a la necesidad de completar el proceso de desfederalización de la persecución penal del microtráfico, iniciado hace veinte años pero aún pendiente en doce jurisdicciones. El documento advierte que la falta de adhesión de esas provincias limita la eficacia de los sistemas judiciales locales y federal. Además, subraya que el narcotráfico y el microtráfico representan una amenaza directa para la seguridad, la cohesión social y el funcionamiento institucional.

De acuerdo con datos citados en la resolución, en 2022 las condenas por delitos de drogas representaron el 74,7% de las sentencias en la justicia federal, y en 2023 el 74,1%. Sin embargo, sólo el 0,4% correspondió a delitos graves, como organización o financiamiento del narcotráfico.

El PRONADEM funcionará en la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia, con el objetivo de “fortalecer la capacidad de las jurisdicciones locales en la investigación y persecución del microtráfico, asegurando un abordaje coordinado y basado en evidencia empírica”.

Entre sus metas se incluyen la asistencia técnica para diseñar planes estratégicos de persecución penal, la capacitación especializada de fiscales y jueces, el fomento de la cooperación entre provincias y justicia federal, y la adopción de buenas prácticas nacionales e internacionales. El coordinador del programa deberá presentar anualmente un plan de actividades al Ministerio de Justicia, con diagnósticos sobre la problemática, propuestas de formación y estrategias diferenciadas por jurisdicción.

El esquema contempla asesoramiento técnico en la implementación de políticas de persecución penal, colaboración en programas de fortalecimiento institucional y formación de fiscales, jueces y operadores en técnicas de investigación, uso de tecnologías digitales, protocolos de coordinación con fuerzas de seguridad y enfoques de justicia restaurativa.

En materia de articulación interinstitucional, se impulsará la estandarización de protocolos y el intercambio de información entre agencias locales y nacionales, con la finalidad de asegurar un trabajo coordinado. También se realizarán estudios diagnósticos sobre el estado del microtráfico en cada provincia y se aplicarán indicadores de impacto para evaluar los resultados, con apoyo de centros de investigación y organismos especializados.

El programa forma parte del Plan de Política Criminal que conduce el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, y busca el desmantelamiento de los mercados minoristas de drogas, la reducción de delitos asociados y la recuperación de los espacios públicos.