El Ombudsman denunció incumplimiento en la recuperación del Riachuelo

El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino presentó ante el Juez Federal de Quilmes, Dr. Luis Armella, los resultados de la investigación realizada junto a cinco ONGs al cumplirse el primer vencimiento del plazo establecido por la Corte Suprema de la Nación para que la organización conformado por Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma -ACUMAR- comience a dar cumplimiento del Programa de Recuperación de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Del informe se desprende que la ACUMAR incumplió la obligación referida a la inspección a las 10.000 industrias registradas a la vera del Riachuelo. El no cumplimiento implica la aplicación de una multa tal como lo prevé la Corte Suprema.

Con respecto al análisis del aire que respiran los habitantes de la cuenca, el informe no indica ningún tipo de acción realizada al respecto ni está acompañado por un cronograma de cuando se cumplirá.

La ACUMAR se limita a mencionar que está realizando los trámites para comprar los equipos de monitoreo. Por su parte la Ciudad Autónoma informa estar más avanzada por su red de monitoreo del aire, con una estación ya instalada en La Boca.

El incumplimiento de éste diagnóstica también implica una sanción dispuesta por el máximo tribunal de Justicia.

La denuncia del Defensor del Pueblo también pone la lupa sobre el falta de lo dispuesto en referencia a la información pública del Programa de Recuperación.

El fallo exige que la información ambiental esté en internet, de modo concentrado, claro y accesible para el público en general y que contenga toda la información relevante. En la actualidad ACUMAR sólo cuenta con una página web incompleta.

En este punto el ombusman solicitó al Juez Armella que intime a ACUMAR a completar el sitio web en el plazo de 30 días.

Para determina la calidad del agua del Riachuelo también se requirió un diagnóstico inicial y una actualización del estado del agua superficial y subterránea cada tres meses, para que la población esté informada sobre el estado del Ambiente. ACUMAR solo presentó los convenios que tiene con los centros que están haciendo los estudios y algunas planillas con información incompleta, imprecisa y poco defendible.

El fallo de la Corte que ordenó llevar adelante el Plan Integral que presentaran luego de la demanda colectiva por daño ambiental interpuesta por el Ombudsman nacional dispuso que el Control del Cumplimiento del Plan fuera efectuado por el Defensor del Pueblo garantizando la participación ciudadana a través de la conformación de un Cuerpo Colegiado con cinco ONG: Greenpeace, FARN, CELS, Asoc. Vecinos de La Boca, y Asoc. Ciudadana por los Derechos Humanos.

Además, se impuso un plazo de 30 días hábiles para inspeccionar las industrias de la Cuenca, hacer un sistema de información ambiental y presentar un informe inicial de Calidad del Agua y Aire.

A su vez, el informe, realizado entre el 23 de julio (fecha de la primera audiencia de ejecución) y el 16/9 (fecha del traslado conferido por el Juez) arrojó que se observó un fuerte cambio de ritmo de trabajo en las autoridades de gobierno, pero que la ACUMAR no ha logrado ser operativa, ni eficaz.

"Los controles que se efectúan siguen siendo distintos, según qué autoridad intervenga y la información generada es totalmente distinta de un lado u otro del Riachuelo. Esto lleva a concluir que los derechos ambientales en la cuenca no son respetados en forma homogénea.", indicó en Defensor del Pueblo. 

Con respecto al desempeño de la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, manifestó que " se muestra muy ocupada en remitir requerimientos por escrito a otras autoridades".