En Argentina hay casi 20.000 chicos recluidos en institutos de menores

Unos 20 mil niños, niñas y adolescentes argentinos están privados de libertad en institutos de menores a pesar de que el 85 por ciento no cometió ningún delito y fue encerrado por cuestiones asistenciales vinculadas con la pobreza o porque sufrió algún tipo de maltrato, según un informe oficial que se presentó hoy.

El relevo, que coordinó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la colaboración de UNICEF Argentina, se hizo a través de los estados provinciales que reportaron la cantidad total de menores de 18 años registrados en instituciones públicas, privadas y confesionales hasta el 31 de diciembre de 2005.

De acuerdo con los datos obtenidos, en Argentina hay 19.579 niños, niñas y adolescentes privados de la libertad, de los cuales el 84,8 por ciento se encuentra bajo una medida judicial por causas asistenciales que la mayoría de las veces, tiene como origen una situación de carencia socioeconómica.

No obstante, tanto las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos como de UNICEF Argentina afirmaron a la prensa que la estadística tiene un alto margen de error e infieren que la cantidad total de niños institucionalizados en el país sería, al menos, de un 40 por ciento más.

"La mayoría de los chicos está encerrado porque el Estado no se hizo presente con políticas públicas adecuadas que por ejemplo, fortalezcan a las familias para que sean los padres los que críen a sus hijos y no una institución", afirmó la directora Nacional de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables del Ministerio de Justicia de la Nación, Victoria Martínez.

La funcionaria señaló que a pesar de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) -que en Argentina tiene rango constitucional desde 1994- establece que la privación de la libertad es el último recurso al que debe apelarse, en la práctica su aplicación es habitual.

Martínez señaló que la intervención judicial en cuestiones sociales, amparada hasta el año pasado en la Ley de Patronato de 1921, es contraria a los tratados internacionales de derechos humanos y debería cesar a partir de la sanción de la flamante Ley de Protección Integral de la Infancia, en septiembre de 2005.

Sin embargo, advirtió que la nueva legislación supone un "cambio de mentalidad" en todos los ámbitos sociales y que su efectivización llevará años de trabajo porque además de modificar prácticas arraigadas en el campo judicial, implica la reconversión de las instituciones que reciben becas por cada niño internado.

"Hay que desterrar la idea de que los chicos en los institutos se corrigen", sintetizó la representante de UNICEF en el país y citó datos de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios que indican que entre el 50 y el 60 por ciento de los presos juveniles, pasaron antes por un instituto de menores.

En la misma línea, Vargas Acosta señaló que los índices de reincidencia de aquellos que estuvieron en programas alternativos al encierro, como las mediaciones judiciales y los trabajos de reparación de la pena, son mínimos.

"No es encerrando a los chicos que vamos a protegernos de la inseguridad", afirmó la representante de UNICEF y dijo que los niños le devuelven a los adultos y a la sociedad lo que reciben: "Si su propia vida no tiene valor, tampoco tiene valor la vida de los demás", concluyó.

El estudio, "Privados de Libertad. Situación de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina" se presentó esta mañana en el Senado Nacional, es el primero que compila información de todo el país.

"Estos datos de por sí son preocupantes -señala el documento-, en tanto la privación de la libertad debería ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible".

"Sin embargo, el modelo tutelar que impera en la actualidad no siempre garantiza ese derecho", continúa, irregularidad que se traduce en medidas que no están determinadas en el tiempo ni guardan relación con la imputación del delito cometido ni son proporcionales a la gravedad del mismo".