22 de julio 2010 - 23:31
Evalúan citar a Manzur por la polémica en torno a la guía sobre abortos no punibles
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Juan Manzur.
Según trascendió, la medida era estudiada también por senadores del resto de la oposición, quienes pretenden que Manzur detalle la situación generada tras la publicación y la posterior aclaración.
Por su parte, la diputada radical María Luisa Storani consideró que "lo del ministro es una hipocresía", ya que señaló que trabajó varios meses para ponerla en práctica en todos los hospitales y finalmente se "echó para atrás". "Es una política acostumbrada del kirchnerismo echarse atrás", amplió Storani en declaraciones radiales y conjeturó que "debe haber tenido presiones".
En sentido inverso, el abogado católico Jorge Luis Vitale presentó una denuncia judicial contra Manzur por presunta "apología del delito, violación de los deberes de funcionario público e instigación a cometer delitos". En la presentación, que recayó en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, también fue acusado el "cuerpo de expertos del Ministerio de Salud".
"En aproximadamente dos semanas estará lista la primera edición de la Guía, que incluirá unos 20 mil ejemplares que serán distribuidos entre los jefes de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales de todo el país", señaló el letrado en su denuncia.
Incluso, aseguró que "la Guía estará publicada en la página web del Ministerio de Salud y, además, están previstos cinco encuentros regionales con equipos de salud de todo el país para darle mayor difusión".
"Esta presentación tiene por objeto y propósito evitar que los estímulos del elogio público, la guía elaborada y la resolución ministerial contraríen la concepción de la vida", indicó el abogado. Además, acusó a Manzur de "elogiar públicamente y enaltecer las acciones y actos relacionados con el aborto que son delito, haciendo aparecer a dichos actos como laudables y meritorios".
Vitale pidió a la Justicia que como medida previa ordene al Ministerio de Salud que "se abstenga de la aplicación de la Guía que es objeto de esta denuncia". En ese documento -la resolución 1184/10-, se ordena a los médicos las causales que deben tomarse en cuenta para realizar -en un plazo no mayor a 10 días- la interrupción de un embarazo.
La disposición también aclara que ante el pedido de la interesada, los especialistas no pueden recurrir a la Justicia, bajo pena de ser "responsables penales, civiles o administrativos".




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