Identificaron los restos de doce víctimas del centro clandestino La Perla en Córdoba

El hallazgo se produjo en un sector cercano al predio donde funcionó uno de los mayores centros de detención ilegal del país durante la última dictadura. La Justicia federal avanza en la notificación a familiares tras el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Excavaciones realizadas en el predio del ex centro clandestino La Perla, en Córdoba, permitieron hallar restos óseos que fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense como pertenecientes a doce personas desaparecidas durante la última dictadura.

EAAF

La Justicia federal de Córdoba confirmó la identificación de los restos de doce personas detenidas-desaparecidas que habían sido enterradas en un sector cercano al predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales dispositivos represivos de la última dictadura militar.

La tarea fue realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, en el marco de una investigación que encabeza el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Una vez completado el proceso de notificación a los familiares de las víctimas y cuenten con la autorización de los mismos para la difusión de los nombres, se prevé que el juzgado brinde detalles públicos sobre las identidades recuperadas y las circunstancias del hallazgo.

Asimismo, el juzgado señaló que las identificaciones corresponden a “resultados parciales” del trabajo pericial, lo que sugiere que podrían encontrarse nuevos restos o avanzar otras identificaciones a medida que continúen los análisis. Desde el Equipo Argentino de Antropología Forense remarcaron además la importancia de que las familias de personas desaparecidas mantengan actualizados sus datos de contacto, ya que el cruce de información genética es clave para lograr nuevas identificaciones.

Un hallazgo en el predio del excentro clandestino

Los restos fueron encontrados en un terreno lindero al predio de La Perla, ubicado a la vera de la Ruta 20, entre la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz. Durante la última dictadura, ese lugar funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1978, bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo de Ejército.

De acuerdo con investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria, por ese centro pasaron entre 2.200 y 2.500 personas secuestradas, de las cuales la gran mayoría permanece desaparecida.

Los trabajos de excavación que permitieron localizar los restos comenzaron el 16 de septiembre del año pasado, cuando equipos especializados iniciaron tareas de búsqueda en una zona previamente delimitada del predio. A los pocos días aparecieron restos óseos humanos, lo que confirmó la posibilidad de encontrar enterramientos vinculados a víctimas del terrorismo de Estado.

Testimonios judiciales y de sobrevivientes reconstruyeron durante años el funcionamiento del centro clandestino. En Córdoba, a diferencia de otros lugares del país, los llamados “vuelos de la muerte” no fueron el mecanismo predominante para hacer desaparecer los cuerpos, sino que se utilizaban enterramientos clandestinos dentro o cerca de instalaciones militares.

Las víctimas que iban a ser ejecutadas eran separadas del resto de los detenidos, vendadas, amordazadas y atadas de manos, antes de ser trasladadas en camiones militares. En el interior del centro clandestino, los represores utilizaban eufemismos para referirse a los enterramientos, como “los pozos” o “el metro ochenta”.

De acuerdo con testimonios incorporados a las causas judiciales, los traslados solían realizarse por la tarde y los camiones regresaban al poco tiempo, lo que permitió inferir que los fusilamientos y enterramientos se realizaban dentro del mismo predio militar o en sus inmediaciones.

Parte de esa mecánica fue revelada años después en un documento presentado por el teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda en 2004, cuando reclamó su ascenso dentro del Ejército. En ese escrito reconoció haber participado en fusilamientos y en la posterior remoción de cadáveres en 1979, cuando las autoridades militares intentaron eliminar evidencias antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).