El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires estableció un nuevo criterio para afrontar los daños intencionales dentro de los establecimientos educativos. A partir de la implementación del “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, las propias escuelas deberán encargarse de reparar grafitis, mobiliario roto y otros deterioros provocados deliberadamente por estudiantes cuando no exista un riesgo inmediato para la comunidad educativa.
28 de agosto 2026 - 18:00
Las escuelas de CABA deberán cubrir las reparaciones por grafitis y daños intencionales de sus alumnos
Según advirtieron, los estudiantes no tendrán que afrontar el costo de forma directa. Las instituciones podrán recurrir a la caja chica o a los fondos de la cooperadora.
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Las escuelas porteñas deberán cubrir las reparaciones por grafitis y daños.
La modificación representa un cambio respecto del sistema anterior, bajo el cual el gobierno porteño asumía los gastos de reparación independientemente de cómo se hubiera producido el daño. Ahora, la conducción de cada institución y su cooperadora deberán definir cómo solucionar aquellos deterioros considerados intencionales.
Los estudiantes no tendrán que afrontar directamente el costo económico. Sin embargo, las instituciones podrán recurrir a recursos propios y diseñar estrategias que involucren a los responsables en la reparación. Fuentes vinculadas con la implementación sintetizaron el espíritu de la iniciativa: “Es un cambio menor, pero una forma de decir ‘el que rompe, paga’”.
De dónde saldrá el dinero para las reparaciones
Las escuelas porteñas disponen de dos vías principales de financiamiento: partidas provenientes del presupuesto de la Ciudad y recursos correspondientes al Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE), administrados en articulación con las cooperadoras.
Hasta el momento, esos fondos se utilizaban para afrontar diferentes gastos cotidianos de las instituciones y no para solucionar daños en la infraestructura. El nuevo protocolo habilita a que parte de esos recursos pueda destinarse a las reparaciones.
Entre las alternativas aparece la posibilidad de recurrir a la caja chica o a fondos de las cooperadoras. A su vez, el equipo de conducción podrá organizar jornadas de reparación con participación de los propios alumnos como parte de una estrategia educativa.
En qué casos seguirá interviniendo el gobierno de CABA
La resolución establece una diferencia entre los deterioros intencionales que no generan peligro y aquellos problemas que comprometen la seguridad de estudiantes, docentes u otros integrantes de la comunidad.
Cuando exista un riesgo, el Ministerio de Educación continuará interviniendo inmediatamente y asumirá la reparación, tal como ocurrió hasta ahora ante cualquier inconveniente de infraestructura.
Por lo tanto, el cambio se aplicará únicamente sobre daños deliberados que no requieran una respuesta urgente ni representen un peligro para quienes concurren diariamente a los establecimientos.
Un estudio con 3.000 estudiantes
El nuevo marco surgió a partir de un diagnóstico sobre conductas desarrollado conjuntamente por la Universidad de San Andrés y el Ministerio de Educación porteño. La investigación contó con la participación de 3.000 estudiantes de primero a tercer año pertenecientes a 42 escuelas secundarias distribuidas en las 15 comunas.
El trabajo detectó una relación entre el clima institucional y la conservación de las instalaciones. En aquellos establecimientos donde predominó el respeto entre los integrantes de la comunidad, se registraron menos daños sobre los espacios compartidos.
Además, los investigadores identificaron un efecto de contagio social: cuando los estudiantes observaron que sus compañeros cuidaban las instalaciones, aumentó también su compromiso individual con la conservación de la escuela.
Las estrategias para involucrar a los alumnos
La medida alcanzará a todos los niveles y modalidades educativas, tanto de gestión estatal como privada, e incorporará diferentes iniciativas destinadas a fortalecer el sentido de pertenencia.
Entre ellas aparecen los “Embajadores del cuidado”, mediante los cuales cada curso tendrá de manera rotativa la responsabilidad de supervisar un sector del establecimiento, y los “Últimos minutos para el cuidado del espacio”, destinados a ordenar el aula antes de terminar cada clase.
También se contemplan murales realizados por estudiantes sobre paredes vandalizadas, huertas escolares, jardines de polinizadores, campañas con mensajes positivos y “acuerdos de cuidado” elaborados con participación de los alumnos.
“En algunas escuelas de la Ciudad, y en muchos sistemas educativos del mundo, el cuidado y el mantenimiento del orden y la limpieza es tarea de toda la comunidad educativa. Nos proponemos extender estas prácticas y establecer un marco común para el cuidado de todas nuestras escuelas”, sostuvo la ministra de Educación, Mercedes Miguel.
“Observamos que el hábito del cuidado y el orden, tan presentes en las aulas del jardín de infantes, comienza a cambiar a lo largo de la primaria y, especialmente, en la secundaria. La escuela es el espacio que cientos de miles de estudiantes comparten todos los días y donde incorporan hábitos que los acompañarán durante toda la vida. Por eso, aprender a cuidarla también es parte de su formación”, agregó la ministra.
Un nuevo plan para gestionar los residuos
El protocolo también establece que cada establecimiento deberá implementar un Plan Institucional de Gestión Integral de Residuos, con medidas específicas para organizar la separación y disposición de los desechos.
Entre las acciones previstas se encuentran la designación de un Referente Ambiental, la instalación adecuada de cestos y contenedores para separar residuos y la conformación de un Comité Ambiental integrado por directivos, docentes, estudiantes y familias.
Ese comité tendrá entre sus responsabilidades realizar auditorías periódicas e impulsar campañas de concientización dentro de la comunidad educativa.
El programa comprenderá residuos reciclables como papel, plástico, vidrio y metales, además de materiales orgánicos destinados al compostaje, aparatos eléctricos y electrónicos, bienes en desuso, restos de obras y poda, aceite vegetal usado y residuos provenientes de talleres y laboratorios, cada uno con un circuito específico para su tratamiento.
