Ocho centros médicos fueron allanados por presunto fraude en la transfusión de plasma

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El allanamiento se produjo por una orden de la justicia federal, en el marco de una investigación abierta por el presunto delito de fraude en la transfusión de plasma de convaleciente para pacientes con coronavirus.

Ocho establecimientos médicos de Salta fueron allanados este martes por orden de la justicia federal en el marco de una investigación abierta por el presunto delito de fraude en la transfusión de plasma de convaleciente para pacientes con coronavirus.

Fuentes del Ministerio Público Federal de Salta informaron que la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez, ordenó los allanamientos en el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Salta.

El cumplimiento de estas medidas está a cargo de personal de la Unidad de Investigación de Procedimientos Judiciales y Complejos (Uniprojud), de Gendarmería Nacional y fueron llevados a cabo en ocho establecimientos médicos privados y en las instalaciones de la firma Hemo Salta SRL, en el casco céntrico de esta ciudad de Salta.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal general, Eduardo Villalba en el marco de una investigación abierta por el presunto delito contemplado en el artículo 91, de la Ley 22990, conocida como la Ley de Sangre.

Dicha norma establece penas de prisión de seis meses a cinco años y multas que van de los $10 mil a los $500 mil para el que "intermediare comercialmente y/o lucrare en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales", en este caso de plasma para el tratamiento de la enfermedad Covid-19.

El caso comenzó como actuaciones preliminares por la Fiscalía, el 2 de octubre pasado, a partir de un informe de la División de Investigación de Falsificación y Adulteración de Fármacos de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, que advirtió sobre sospechas en torno a la firma Hemo Salta SRL, dirigida por el médico Martín de la Arena.

La Unidad Fiscal de Delitos Completos del Ministerio Público de la Provincia inició actuaciones al respecto, y desde la Fiscalía Federal se requirió la participación en la investigación ya que la presunta infracción es de competencia federal.

La unidad fiscal provincial había imputado al médico De la Arena por el presunto delito de "fraude a la administración pública" en grado de tentativa y se estableció que la firma dirigida por De la Arena se hallaba habilitada para la realización del Servicio Transfusional Hospitalario, siendo a la vez prestador de la obra social provincial Instituto Provincial de la Salud (IPSS).

Esa empresa habría solicitado el pago de prácticas de transfusión de plasma -plasmaferesis- por un valor mayor al código nomenclado vigente. La Justicia advirtió otras irregularidades en la solicitud de pago por esos servicios teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud de la Provincia había dispuesto la entrega de las unidades de plasma de manera gratuita y a través del Centro de Hemoterapia.

Al seguir adelante con el caso, la Fiscalía Federal determinó la necesidad de profundizar la investigación respecto la cantidad de pacientes que recibieron transfusiones de plasma, por lo que requirió a la jueza Giménez diversas medidas investigativas, entre ellas allanamientos en ocho clínicas y centros médicos privados.

También se solicitó el allanamiento y secuestro de documentación pertinente para la investigación en las oficinas centrales de la firma Hemo Salta SRL, medidas que este martes se llevan adelante bajo la supervisión de Villalba, a través de la Uniprojud de Gendarmería Nacional.

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