10 de mayo 2004 - 00:00
Se teme que la masiva purga en la Federal derive en más delito
En un país sobresaltado por el crimen no parece oportuno que el gobierno introduzca una purga con la ferocidad con la que atacó a la Policía Federal. No hacía falta desmembrar esa fuerza si lo que se pretendía era aumentar la presencia policial en las calles y depurarla de los elementos que la usan para delinquir. Bastaba con una mayor autoridad política para manejarla y con una mejor administración de los recursos humanos, por caso, sacando a numerosos policías de la absurda tarea de confeccionar actas de choque o certificados de domicilio. Sin embargo, -con la recomendación de una ONG de izquierda-decidió expulsar de la Federal a 107 altos oficiales con el pretexto de que tenían causas pendientes o enfrentaban sospechas de corrupción. Puede que existan uniformados vinculados al delito pero, en rigor, Béliz se desprendió de muchos policías profesionales con vasta experiencia. El resultado de esa decisión es una mayor debilidad y una fractura en la estructura policial, que tendrán impacto en un aumento de los índices delictivos, como ocurrió en 1998, cuando León Arslanian y Eduardo Duhalde hicieron algo parecido en la provincia de Buenos Aires.
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Esta medida de Béliz deja la seguridad y la investigación criminal en manos de personas con formación profesional, pero con escasa o nula experiencia para enfrentar el accionar delictivo.
Este debilitamiento de la estructura policial tendrá un impacto en el seguro crecimiento de los índices delictivos. Se quita del medio a personas que conocían el radio de acción de los delincuentes (tenían -como en todas partes del mundo- «soplones» que facilitaban la prevención y las tareas de inteligencia) y se los reemplaza por otros que deberán empaparse del panorama. El tiempo que demorarán en hacerlo es una ventaja concreta para los delincuentes.
El gobierno de Kirchner parece desprofesionalizar a la Federal para convertirla en lo que es su aspiración inmediata: una Policía Comunitaria, más dedicada a labrar actas de infracción que a perseguir el delito.
Para el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Jorge Enríquez la feroz purga de la fuerza responde a una «politización absoluta de la Policía», con una prescindibilidad que atenta con el principio de inocencia.
El legislador sostiene que si la intención era incorporar más efectivos a la calles, se podría haber logrado eliminando tareas burocráticas a las que está afectada la Policía, por caso, confeccionar certificados de domicilio, actas de choques o certificados de supervivencia. O unificando horarios en dependencias administrativas de la entidad.
Enríquez no tiene dudas de que se trató de una medida de despido «indiscriminada» y « arbitraria». Por eso, esta semana impulsará un pedido de informes para que el gobierno nacional explique, caso por caso, los motivos de la expulsión del centenar de policías.
Algo de esto ya se imaginaba. Hace pocos días inquietó en la Sala de Comisarios Mayores e Inspectores un informe que reseñaba que una ONG tenía bloqueados los legajos de un centenar de policías a los cuales había rotulado como de «ascenso negado», porque algunos de ellos tenían sumarios demorados y, otros, por su pasado durante el Proceso militar.
Los comisarios retirados le hicieron conocer al comisario Caruso su preocupación por este hecho inédito en la historia policial. Ya se sabe cuál fue el destino del ex subjefe de la Federal.
Las Fuerzas Armadas conocen también de esta ONG. Cuando Kirchner llegó a la Casa de Gobierno pasó a retiro a los principales jefes del Ejército junto a varias decenas de oficiales a los que identificaba con la dictadura y despejó el camino para un hombre de su confianza, como el actual jefe del Ejército, el general Roberto Bendini. A éste lo humilló ordenándole retirar los cuadros de ex generales y dejando su poder de mando lastimado.




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