Sólo dos tarjetas telefónicas de las 21 auditadas por el gobierno identifican las llamadas realizadas desde teléfonos públicos ubicados en cárceles, según lo dispuesto con el fin de impedir los secuestros virtuales. Este fue el resultado de un relevamiento realizado por la Comisión Nacional de Comunicaciones en todas las cárceles del país, en el cual se determinó que 14 marcas de tarjetas directamente no cumplen con la medida, mientras que otras cinco tenían bloqueado el servicio y registró que sólo dos tarjetas cumplían con la resolución.
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El 25 febrero pasado se dispuso que todas las empresas de telefonía fija y móvil debían implementar un sistema para que el receptor identificara que la llamada provenía de un teléfono público ubicado en un establecimiento carcelario.
La medida surgió luego del caso de Facundo Azulay, el despachante de aduanas que fue asesinado el 10 de febrero pasado cuando un grupo de delincuentes transformó lo que era un secuestro virtual en uno real, cobró un rescate, pero le pegó un tiro en la cabeza. Los investigadores del caso Azulay determinaron que el llamado extorsivo provino de un teléfono público del penal de Ezeiza y que la banda estaba comandada por un preso de ese establecimiento carcelario.
Para evitar este tipo de casos, el 25 de febrero último la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, a través de la Resolución 36, estableció un plazo de 30 días para que la identificación se hiciera por medio de una «locución», es decir que al atender el llamado el receptor escuchara una voz que diga: «Esta llamada se realiza desde un establecimiento carcelario». La norma fue emitida en relación con las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
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