6 de agosto 2009 - 22:47

Zaffaroni y el Gobierno expusieron sus posturas por la despenalización del consumo de drogas

Eugenio Zaffaroni y Aníbal Fernández.
Eugenio Zaffaroni y Aníbal Fernández.
Autoridades gubernamentales y judiciales abogaron por la despenalización del consumo de drogas para concentrar los esfuerzos en el combate al narcotráfico.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ratificó que "la postura (del Gobierno) no ha cambiado, es la postura de siempre: no criminalizar al adicto es un convencimiento y una política despiadada en la lucha contra el narcotráfico".

"Esperamos casi con impaciencia un fallo importante de la Corte Suprema, que sería una guía que no va a despenalizar el consumo, va a elaborar la inconstitucionalidad al castigo penal a un usuario privado", reveló Fernández durante la apertura de la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas.

El jefe de ministros consideró que "la política represiva de los últimos 20 años que tiene la Ley fue un fracaso". "También internacionalmente fue un fracaso porque no se ha reducido una sola hectárea de cultivo, ni las redes de narcotráfico ni el consumo", sostuvo.

El presidente de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, declaró por su parte que "no se puede despenalizar totalmente, hay una convención internacional que lo impide". "Lo único que se trata es lo que se hace en casi todo el mundo: no penalizar al consumidor", afirmó.

"Hay una razón de política criminal, que es muy importante: no podemos desperdiciar esfuerzos en hacer un papeleo que no sirve para nada. Creo que lo que hay que combatir es el tráfico y fundamentalmente la entrada del 'paco', cambia totalmente el panorama", señaló el ministro del máximo tribunal.

El Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad depende del Ministerio de Justicia, presentó hoy un documento en el que subraya que "el consumo de estupefacientes no puede ser considerado un delito".

El consumo de drogas "se trata de una problemática de naturaleza socio-sanitaria que exige políticas públicas enmarcadas en este contexto, que incluyan según los casos estrategias de reducción de riesgos y daños".

El comité de expertos sostiene que "despenalizar la tenencia de escasa cantidad de estupefacientes para el consumo personal no supone ningún reconocimiento de la legitimidad de su uso, sino por el contrario, parificarla con el consumo de otras sustancias no incriminadas penalmente para posibilitar abordajes preventivos y asistenciales, no interferidos por el sistema penal".

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