Acelera España la repatriación de inmigrantes

José L. Rodríguez Zapatero

Madrid (ANSA, EFE, AFP, Reuters) - El gobierno español anunció ayer que impulsará una reforma de la Ley de Extranjería antes de fin de año, que prevé restringir el reagrupamiento familiar de inmigrantes y ampliar de 40 a 60 días la retención de indocumentados en espera de repatriación. Asimismo, ofrecerá el pago del subsidio de desempleo a los extranjeros sin trabajo a cambio de que regresen a sus países de origen.

La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que la nueva normativa pretende «facilitar el retorno a sus países a los inmigrantes que así lo quieran, decisión que corresponde a ellos tomar y que el gobierno apoyará». De la Vega hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa tras la constitución de la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Inmigración.

Poco después, un comunicado oficial informó que una manera de «facilitar el retorno a sus países de los emigrantes (en situación legal) que así lo deseen, sería mediante la capitalización de sus prestaciones» por desempleo en dos pagos.

«Es preciso también delimitar el ámbito del reagrupamiento familiar al cónyuge e hijos menores de edad», informó y agregó que «antes de promover estas reformas legales, el gobierno escuchará a todas las partes implicadas y, por supuesto, a los inmigrantes». «En este sentido, el gobierno quiere someter a debate la ampliación, en veinte días, del plazo de 40 días de detención de inmigrantes, porque en la mayoría de los casos resulta
insuficiente», reza el texto.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aseveró que quiere cooperar con los países de origen de los inmigrantes, aunque varias de esas naciones hayan calificado las medidas como « vergonzosas». «Uno de los elementos fundamentales en esta lucha es la cooperación con terceros países», dijo la vicepresidente.

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que España pasó de 2 millones a 4 millones de inmigrantes en cuatro años y la situación económica cambió, lo que hace necesaria una «reflexión» para adoptar políticas acordes a nuevas realidades.

Sobre las restricciones a la reagrupación familiar, Corbacho argumentó que si se permite ingresar a padres y suegros, y ellos al mismo tiempo también tienen derecho a reagrupar, la población que se incorpora es «pasiva y no activa», en un país en el que «el envejecimiento ya es muy importante», y puede provocar -según sugirió- un desequilibrio en los sistemas sanitario y asistencial.

Sin embargo, el principal problema de la reagrupación familiar es que los inmigrantes que llegan a España por esta vía no tienen derecho a trabajar, porque no se les da permiso de trabajo sino de residencia. El gobierno de Zapatero lanzó estas medidas además para evitar un mayor flujo migratorio a España a raíz de las restrcciones adoptadas por Italia, que declarará delito la inmigración ilegal.

El endurecimiento de las políticas en España, uno de los principales países receptores de inmigrantes procedentes de Latinoamérica y Africa, está en línea con la nueva directiva europea que permite la detención de indocumentados por hasta 18 meses.

En ese sentido, la secretaria de Estado española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, aseguró el miércoles en Ecuador que la nueva normativa del bloque no busca perseguir al inmigrante sino ordenar su entrada y asimilación al Viejo Continente. «El mensaje que se ha querido lanzar desde la Unión Europea, aunque no se haya realizado de la manera más clara (...) es que los flujos migratorios tienen que producirse, pero de manera ordenada y de manera legal», aseguró a periodistas en Quito, tras reunirse con el presidente Rafael Correa.

Indignación

Pese a la indignación de los países sudamericanos, la funcionaria explicó que la directiva apunta a proteger a los propios inmigrantes, para evitar que puedan caer en redes mafiosas.

En ese marco, entidades de argentinos y latinos en España dijeron ayer que lucharán en forma conjunta contra la nueva ley de expulsión de inmigrantes «sin papeles» de la Unión Europea a través de protestas y movilizaciones, mientras estudian la posibilidad de organizar una huelga general de inmigrantes en todo el continente.