Ahora piden a la Corte Suprema que investigue a Dilma por el Petrolao

La Fiscalía ha pedido autorización a la justicia para investigar a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por asuntos relacionados con el escándalo en la estatal Petrobras, confirmó este miércoles ese organismo.

La petición fue dirigida al Tribunal Supremo y se basa en sospechas de que Rousseff, junto con su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, y el actual abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, intentó obstruir la acción de la justicia en las investigaciones sobre las corruptelas en Petrobras.

Según explicó la Fiscalía, en el caso de Rousseff se intentará determinar si se implicó en maniobras para proteger a algunos de los políticos y empresarios salpicados por la corrupción petrolera, con las que incluso habría intentado "obstruir" la acción judicial.

Si es aceptada la demanda de la Fiscalía por la Corte Suprema, complicará aún más la ya delicada situación de Rousseff, quien está a un paso de ser sometida a un juicio parlamentario con miras a su posible destitución, por diversas irregularidades fiscales en las que su Gobierno incurrió en los años 2014 y 2015.

Al respecto, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo este miércoles que la petición por parte del fiscal está basada en las mentiras de un ex senador de su Partido de los Trabajadores.

"Estoy segura de que cualquier apertura de una investigación mostrará que el senador Delcidio do Amaral estaba mintiendo", dijo Rousseff a periodistas tras anunciar el plan anual de subsidio financiero para el sector agrario.

La mandataria afirmó que, a pesar del estancamiento provocado por la crisis política generada por su posible juicio político, la economía brasileña está comenzando a mostrar señales de recuperación.

Su situación con respecto al posible impeachment dio un paso más este miércoles, cuando el senador Antonio Anastasia, instructor de una comisión del Senado que analiza el caso, presentó un informe en el que pidió avanzar con el proceso destituyente.

En ese último caso, el pleno deberá decidir la semana próxima si se instaura el juicio político, lo que obligaría a que Rousseff se separe del cargo durante los 180 días que pudiera durar el proceso.

Durante ese período sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, quien en caso de que se llegue a su destitución completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019.

Este martes, la Fiscalía también pidió a la Corte Suprema que se inicien sendas investigaciones contra Lula, tres de los ministros del gabinete de Rousseff y otros 27 políticos, en su mayoría de la base oficialista, por corruptelas vinculadas a los escándalos en Petrobras.

Esa demanda afecta a los ministros de la Secretaría de la Presidencia, Ricardo Berzoni; de Información, Edinho Silva, y al jefe de gabinete de la Presidencia, Jaques Wagner, así como al asesor personal de Rousseff, Giles de Azevedo.