México DF (ANSA, Reuters) - Las fuerzas armadas de México se declararon ayer en estado de alerta y desplegaron a unos 20.000 efectivos para vigilar instalaciones estratégicas del país, tras explosiones en oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) reivindicadas por un grupo guerrillero. El senador Alejandro González, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Justicia del Senado, exigió la aplicación de la Ley Antiterrorismo a los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y que sean condenados a 40 años de cárcel. El presidente Felipe Calderón, por su parte, exhortó a los mexicanos «a vivir en paz» y rechazó a «los que se dedican a destruir».
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El ejército, la marina y la policía federal tomaron posiciones desde los primeros minutos de ayer para «garantizar la seguridad» de las refinerías, plantas hidroeléctricas y termoeléctricas e instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza y la Comisión del Agua. La Policía Federal Preventiva vigila, en tanto, aeropuertos, terminales marítimas y las principales carreteras del país.
La vigilancia se extendió a las embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia y Alemania.
La movilización fue ordenada por la Presidencia luego de que el martes el grupo guerrillero, que se consideraba inactivo, reivindicó las explosiones en oleoductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro, centro del país, ocurridas desde el 5 de julio.
Las explosiones afectaron el suministro de hidrocarburos a los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro (centro), donde se asientan cerca de 50.000 empresas. El grupo guerrillero informó mediante un comunicado que tres pelotones mixtos de sus unidades rurales y urbanas realizaron «operaciones quirúrgicas de hostigamiento» e instalaron ocho cargas explosivas en conductos de Pemex. En la tarde del martes el presidente Calderón se reunió con el gabinete de seguridad, integrado por los ministros Guillermo Galván, de Defensa; almirante Mariano Saynez, de Marina; Genaro García Luna, de Seguridad Pública; y Francisco Ramírez, de Interior.
El grupo guerrillero dijo que decidió iniciar una «campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo». Afirmó, además, que continuará con sus acciones hasta que sean liberados dos de sus militantes detenidos en 2006 durante un conflicto de varios meses en la provincia de Oaxaca.
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