Apertura a un millón de nuevos ciudadanos

Barcelona (Télam) - La prevista aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica, que amplía el derecho a la nacionalidad española a hijos y nietos de emigrantes y exiliados por la Guerra Civil y el franquismo, podría alcanzar a cerca de un millón de descendientes, en su mayoría argentinos. Sin embargo, muchos de ellos quedarán al margen de este beneficio porque será necesario acreditar una «continuidad» en la nacionalidad.

Para preparar a la administración con el objetivo de evitar el colapso de los consulados españoles, se acordó que el artículo referente a la nacionalidad entre en vigor en el plazo de un año.

La ley establece que los descendientes de españoles tendrán dos años para solicitar la nacionalidad española, plazo que el gobierno de España puede prorrogar un año más, dijo ayer el diputado ecologista Joan Herrera.

Por su parte, el presidente del Movimiento Argentinos en el Exterior, Lois Pérez Leira, señaló que la ley es «muy positiva» porque « reconoce el papel histórico de la inmigración española, y se les da el lugar que corresponde a los descendientes de emigrantes».

Impedimento

No obstante, Pérez Leira advirtió que habrá nietos de españoles, entre ellos muchos argentinos, que no podrán acceder a la nacionalidad porque la ley establece que sus progenitores deben ser «españoles de origen», es decir que «deben haber optado por la nacionalidad española».

El límite de la ley es que debe haber una « continuidad» en la nacionalidad, requisito que no podrán cumplir los nietos de emigrantes españoles cuyos padres hayan fallecido sin haber optado por la nacionalidad española.

Pérez Leira, quien lleva veinte años luchando por los derechos de los emigrantes españoles y sus descendientes, reclamará que la ley tenga en cuenta la situación particular de los hijos de desaparecidos.

El derecho a la nacionalidad española para nietos de emigrantes es un reclamo histórico de la emigración y un compromiso que asumió ante ellos el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en marzo de 2008 intentará revalidar su gestión en las urnas.

Esta es la primera vez que un jefe del Ejecutivo vasco es imputado en un proceso penal por «colaboración» con el delito de «desobediencia», atribuido a dirigentes de Batasuna por participar de una reunión. La portavoz del gobierno vasco, Miren Azkarate, denunció la «grave» decisión del tribunal, acusándolo de «abrir un proceso contra la sociedad vasca» y de « criminalizar el diálogo político».