Aranceles: la Corte Suprema de EEUU define el futuro de Donald Trump... y de la Argentina

No va a ser el fin del mundo, porque le quedan muchos ases en la manga, pero tampoco será una fiesta. Y en el ínterin la Argentina sin dudas sufrirá.

Reuters

Cuando el 2 de abril el presidente de EEUU Donald Trump declaró el “Liberation Day”, imponiendo un incremento masivo de tarifas a los productos importados de todo el planeta y comenzó a usar estos impuestos como instrumento de guerra política y comercial, lo hizo basándose en el Acta de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, arguyendo que le daba el poder unilateral de imponer tarifas a voluntad.

El acta, sancionada después de Watergate lo que buscaba era, irónicamente, limitar el poder del presidente (Nixon había impuesto una tarifa de 10% a todas las importaciones escudado en el Acta de Comercio con el Enemigo de 1917), al enmarcar su poder para regular, prevenir o prohibir transacciones internacionales -en ningún lado habla de tarifas o impuestos- a situaciones de emergencia que fueran oficialmente declaradas como tales (por caso, ha sido la base de las sanciones a Irán).

Inmediatamente, después de aquel anuncio de abril comenzaron a llover los cuestionamientos judiciales de las empresas, negocios y un grupo de Estados de la Unión, que sostenían que por un lado la “emergencia” había sido fabricada, y por el otro, que bajo la constitución solo el Congreso puede modificar los impuestos, y que las tarifas eran impuestos.

En agosto, los primeros casos comenzaron a llegar a la Corte Suprema, que el 9 de septiembre decidió considerar la cuestión consolidándolos en el caso “Learning Resources, Inc versus Trump” y Trump Versusu V.O.S. Selectios Inc., fijado para el 5 de noviembre la audiencia para la presentación de los argumentos orales (las presentaciones escritas se iniciaron el 19 de septiembre). Como el caso es “expeditivo” (involucra potencialmente ingresos por u$s1,8 billones -de los nuestros- y el poder del presidente), se espera que la resolución final se conozca hacia mediados del mes que viene, esto es antes del receso de la Corte que comienza el 22 de diciembre.

El ala “derecha” de la Corte Suprema norteamericana se encuentra en un brete. U opta por la justicia o apoya a Donald Trump o busca algún camino intermedio para que el presidente pueda cantar alguna forma de victoria

Así como durante la primera presidencia del neoyorkino la Corte falló en más casos en contra del Ejecutivo, desde que asumió esta vez ocurre exactamente lo contrario, con la Corte dándole una carta blanca en toda una serie de cuestiones.

Si bien se puede definir a la mayoría de los “Supremos” como “conservadores” y tres de ellos fueron puestos en su cargo por el mismísimo Donald Trump (Brett Kavanaugh, Neil Gorusch y Amy Coney Barrett) la cuestión legal en tono a las tarifas es tan “traída de los pelos”, que las apuestas han venido casi desde un principio, más a favor de que la Corte fallaría en contra, que que lo haría a favor, de la administración republicana.

Es que la “Doctrina de las Cuestiones Mayores”, por la que el Ejecutivo no puede invocar poderes especiales en base a resoluciones de segundo nivel, y la Corte debe bloquearlas, les resulta insoslayable. Ello sin contar el hecho de que, como defensores del libre mercado, vean a la política tarifaria de Trump como una injerencia innecesaria del Estado en la actividad privada.

Esto se profundizó ayer cuando en la primera hora de la audiencia Gorusch se mostró abiertamente hostil y le cuestionó al representante oficial, John Sauer la idea de que el Congreso pudiera delegar cualquier poder en el presidente. Kavanaugh no se quedó atrás y apuntó a que Trump es el primer presidente que en tiempos de paz apela a una ley de tiempos de guerra para aplicar de maneras indiscriminada tarifas globales. Coney Barrett fue más allá y pidió que le explicaran porque las tarifas globales eran necesarias para responder a “una amenaza extraordinaria e inusual”. Por su lado, el presidente de la Corte, John Roberts (también conservador) sostuvo que “las tarifas son una forma de impuesto” y “eso ha sido siempre el núcleo del poder del Congreso”.

La audiencia, programada a partir de las 10 de la mañana para durar 80 minutos -40 para el gobierno, 20 para los Estados, 20 para los privados- terminó extendiéndose por casi tres horas.

Las apuestas que veían una chance cercana al 40% de que el Ejecutivo se saliese con las suya, bajaron a la zona del 30%.

Las apuestas no están a favor de que la Corte Suprema no falle en contra de Donald Trump

Tal vez los jueces hayan decidido no dejar pasar por alto que en el descargo oficial los abogados del gobierno apelaran a un lenguaje hiperbólico que parecía esconder algo así como una amenaza de Trump, si no se situaban de su lado. Una amenaza que vista la renuencia de los comerciantes, industriales y el establishment republicano a las tarifas, no los afectaría demasiado en su vida privada y solo incrementaría su prestigio legal.

Si bien para sostener el argumento legal Sauer insistió en que “estas son tarifas regulatorias. No son tarifas para recaudar. El hecho que recaudan más, es solo incidental”, difícilmente alguien le haya creído.

En contra de los agoreros, hasta ahora la política tarifaria de Trump ha sido exitosa, generando un ingreso adicional al Tesoro de u$s330.000 millones al año, sin frenar la actividad local, con los comerciantes norteamericanos absorbiendo el grueso de las nuevas cargas -este mes comenzarían a trasladarse a precios-).

El problema es que una decisión en contrario le costaría al gobierno miles de millones de dólares al tener que devolver lo que cobró “ilegalmente”, esto sin contar el papelón internacional y la caída en el descredito del Gobierno de Trump.

Por su parte, el Presidente no pareciera estar contribuyendo demasiado a la claridad legal. El mes pasado anunció que incrementada en 10% las tarifas a los productos canadienses, luego que la Provincia de Ontario publicara un aviso en TV mostrando la oposición de Ronald Reagan a estos impuestos (¿dónde está la “emergencia” en esto?).

Claro que no todo es blanco o negro y posiblemente la Corte tome un camino intermedio. Por lo pronto, podría hacer concesiones respecto a algunas tarifas, en especial las relacionadas con el fentanilo.

También podría también fallar en contra del argumento del IEEPA, pero abrir la puerta a los poderes que concedió el Congreso al presidente en 1974 (Sección 122 del Acta de Comercio) para poner cuotas a las importaciones y establecer tarifas de hasta el 15% “para enfrentar problemas grandes y serios de la balanza de pagos”. Si bien estas tarifas solo pueden aplicarse por cinco meses (son solo extensibles por el Congreso; nunca se implementaron) darían tiempo para instrumentar tarifas individuales bajo la sección 301 de la ley (prácticas extranjeras injustas, Trump la uso durante su primer mandato en su enfrentamiento con China).

También está la posibilidad de apelar a la sección 338 de la ley de Tarifas de 1930, que autorizaba al presidente a imponer tarifas de hasta el 50% a los países que discriminen contra el comercio norteamericano y seguramente existan algunas otras alternativas.

Si bien Trump no debiera hablar de la cuestión, porque sería una injerencia en otro poder, siempre está el “Tio Bessent”, perdón, el Secretario del Tesoro Scott Bessent (se sentó en la primera fila durante la audiencia de ayer -Trump había jugado con la idea de hacerlo, pero lo disuadieron-), que viene insistiendo que la Corte Suprema fallará a favor del Gobierno. El 1 de septiembre arrancó afirmando que “confió en que la Corte Suprema la mantendrá -mantendrá la autoridad del presidente para usar la IEEPA. Hay un montón de otras autoridades que pueden ser utilizadas -no tan eficientes, no tan poderosas” y terminó esta semana con un más cauto “Gane o pierda en la Corte Suprema, Trump tiene otras herramientas tarifarias a su disposición”.

Claro que Trump, siendo Trump, no ha podido callarse, a pesar de la plaza electoral que recibió este martes, no puedo dejar de advertirle a los Supremos que "el Caso es literalmente uno de VIDA O MUERTE para el país”.

En este momento, la moneda sigue en el aire, aunque todo parece apuntar a que la Corte no le dará la razón -al menos no la razón plena- a Donald Trump, que seguramente se las arreglará para proseguir con su política tarifaria. Claro que el costo, en términos de su prestigio personal será inevitable.

Lo mejor para los argentinos, sin dudas sería que la Corte fuerce al Gobierno norteamericano a que elimine las tarifas (de paso: ¿qué pasó con eso que iban a anunciar un trato especial para Argentina luego del encuentro Milei-Trump?). El problema es que esto minaría el poder del presidente norteamericano como ninguna otra decisión judicial, lo que no es bueno para nuestro gobierno.

Ahora a esperar...