La Cámara de Senadores de Uruguay dio media sanción a un proyecto de ley que flexibiliza el secreto bancario y grava con el Impuesto a la Renta los intereses de los depósitos de los uruguayos en el exterior.
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La iniciativa fue aprobada con los votos de los legisladores del Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno y de un sector del Partido Nacional, oposición conservadora.
El proyecto prevé que el juez aceptará levantar el secreto bancario cuando la administración tributaria haya acreditado la existencia de "indicios objetivos" que "hagan presumir razonablemente" la existencia de evasión.
Del mismo modo, el secreto será levantado solamente en el caso en que la información solicitada resulte necesaria para la correcta determinación de adeudos tributarios o tipificación de infracciones.
Asimismo, establece que el pedido debe realizarse "por solicitud expresa" del director general de Rentas, mientras que las solicitudes desde el exterior quedarán limitadas a los países con los que Uruguay mantiene acuerdos de intercambio para evitar doble imposición.
Estas medidas son tomadas a raíz de los condiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a efectos de excluir al país de la denominada "lista gris" de paraísos fiscales.
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