Bélgica: los cinco líderes de la coalición llegaron a un acuerdo de gobierno
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Van Rompuy reemplaza a su compañero de partido Yves Leterme, que dimitió el 19 de diciembre en medio de las acusaciones de interferencias políticas en el rescate del atribulado banco Fortis.
A continuación se iba a celebrar la ceremonia de toma de posesión, mientras que la votación parlamentaria tendrá lugar el viernes.
Se espera que Van Rompuy retome el plan de su predecesor de luchar contra la recesión que se acerca causada por la crisis financiera mundial. También tendrá que afrontar las tensas relaciones entre Flandes, la región rica y más poblada que habla holandés, y la zona valona, que habla francés.
"Nada es simple en nuestro país, pero lo importante es que tenemos un Gobierno para conducir con seriedad, estabilidad y serenidad", dijo a periodistas el líder del Partido Socialista Francófono, Elio di Rupo.
Van Rompuy, de 61 años y con una reputación tanto de intelectual como de duro en los presupuestos, es el tercer primer ministro desde las elecciones generales de junio de 2007. Entre 1993 y 1999 fue ministro de Presupuestos y redujo fuertemente la deuda pública el primer año.
"Creo que tenemos una buena fórmula para tener un Gobierno este año", manifestó Didier Reynders, líder del Partido Liberal francófono, que seguirá siendo primer ministro.
Se espera que Bélgica caiga en recesión en el último trimestre y los bancos más importantes han recibido rescates financieros, por lo que luchar contra la crisis económica será el principal reto de Reynders.
Su otra tarea será arreglar la debacle de Fortis. Sus accionistas ganaron en un tribunal de apelación este mes, congelando la división prevista por los gobiernos holandés, belga y luxemburgués y la posterior venta de activos de Fortis a BNP Paribas.
El Gobierno de Leterme había previsto un paquete de medidas de 2.000 millones de euros para impulsar el crecimiento, incluyendo recortes fiscales, menores costes energéticos y acelerar proyectos de infraestructuras.
Ese Ejecutivo se hundió después de que el Tribunal Supremo dijera que había claras indicaciones de interferencias políticas en una sentencia judicial sobre el rescate de Fortis.



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