Berlusconi rechaza cargos de corrupción

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, dijo el martes a un tribunal que había sufrido años de difamación, al comparecer ante la justicia por última vez en un caso de corrupción antes de que el Parlamento le conceda inmunidad de proceso.

Fue apenas la segunda comparecencia de Berlusconi en el caso de tres años, pero al parecer sería la última en el futuro previsible, ya que el Parlamento se disponía a conceder inmunidad a todo primer ministro en funciones, lo que congelaría los procedimientos por lo que queda de su mandato.

"No hay pruebas, ninguna prueba o testimonio, y no hay motivo", dijo Berlusconi en una declaración oral de 70 minutos, secándose el sudor de la frente en una abarrotada y calurosa sala judicial de Milán.

"Pregunto cómo un caso puede ser llevado de esta manera, exponiendo a alguien con un enorme papel institucional a las toneladas de fango que durante siete años me han arrojado", agregó.

Los jueces aceptaron luego su solicitud de posponer la audiencia hasta el 25 de junio debido a su apretada agenda.

Sin embargo, esa sesión será pospuesta indefinidamente si, como se espera, el Parlamento aprueba el proyecto de ley de inmunidad el miércoles.

Con Italia en camino de asumir la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio, Berlusconi esperaba ahorrarse la humillación de tener que testificar ante la corte el martes.

Sin embargo, se vio obligado a acudir al tribunal por temor a que la fiscalía tuviera tiempo de recomendar una condena de prisión antes de que el Parlamento aprobara la ley de inmunidad.

AMENAZA LEGAL

Tras sobrevivir a otros casos, Berlusconi enfrenta su mayor amenaza legal por el caso, en el que es acusado de sobornar a jueces para influir en la privatización de la empresa de alimentos SME en la década de 1980.

Berlusconi niega los cargos y dice que es víctima de una campaña política orquestada por magistrados de izquierda.

El primer ministro reiteró el martes que su participación en la privatización fue un intento de prevenir que la firma fuera vendida a precio de oportunidad a otro empresario italiano.

Con la bravuconada que lo caracteriza, dijo que ningún empresario en Italia pagaría sobornos mediante transferencias interbancarias fáciles de rastrear --la forma como los fiscales alegan que Berlusconi y otros acusados en el caso les pagaron a los jueces.

Un fiscal ha pedido condenas de hasta 11 años y cuatro meses para los acusados originales.

El primer ministro está siendo juzgado por separado, ya que sus deberes oficiales le impidieron asistir a las audiencias, lo que detuvo todo el proceso.

Perdiendo la paciencia con sus constantes ausencias, los jueces dijeron la semana pasada que seguirían adelante con la sesión del martes, con o sin la presencia de Berlusconi, lo que allanó el camio para escuchar las conclusiones de la fiscalía.

La ley de inmunidad, que está siendo apresurada en el Parlamento en un tiempo casi récord por sus aliados políticos, significa que Berlusconi no tendrá que regresar a la corte hasta que abandone el cargo.

Su mandato expira en el 2006, aunque podría buscar la reelección.

La inmunidad para los políticos fue anulada durante las investigaciones de "manos limpias" que sacudieron Italia en los primeros años de la década de 1990 y acabaron con toda una generación política.

Los simpatizantes de Berlusconi dicen que la medida es necesaria para prevenir que jueces poderosos se inmiscuyan en política y para situar a Italia al mismo nivel que otros países europeos.