Bolivia: definen la ley del gas y vuelve la tensión

La Paz (AFP, ANSA) -Convertida en una «papa caliente», la Ley de Hidrocarburos boliviana será sancionada y remitida hoy por el Legislativo al presidente Carlos Mesa, que se resiste a promulgarla alegando que es confiscatorio para las petroleras extranjeras.

La legislación, que restituyelas competencias del Estado boliviano en la producción petrolera, fue aprobada en marzo por la cámara de Diputados y discutida en las últimas dos semanas por la de Senadores, donde se le introdujeron cambios.

Así, la norma volverá hoy a Diputados, cuyas bancadas expresaron consenso en expedirla «sin la más mínima tardanza», y Senadores la sancionará de inmediato para luego someterla al presidente Mesa, como establece la Constitución.

Esta ley podría cambiar radicalmente la política hidrocarburífera boliviana, marcadamente privatista desde 1996, cuando se privatizó la mayor parte de las empresas públicas del país, el más pobre del continente.

Opuesto a la nueva ley petrolera boliviana, porque asegura que ahuyentará la inversión extranjera, acabaría con el principio de seguridad jurídica y promovería en consecuencia juicios internacionales contra el Estado, Mesa anticipó el mes pasado, cuando amagó con renunciar, su decisión de vetar la norma.

En la eventualidad de que Mesa la rechace, el Congreso boliviano podría promulgar la ley en un lapso de diez días.

Grupos de trabajadores y otros sectores sociales en Bolivia han señalado que protestarán en caso de que el presidente no firme la ley.

La legislación, que ideó Diputados bajo la influencia del Movimiento Al Socialismo, la primera fuerza política del país, liderada por el cocalero Evo Morales, eleva a 32 por ciento los impuestos «no deducibles ni acreditables» y reafirma 18 por ciento de regalías del global de las ventas al exterior de hidrocarburos, llevando la carga tributaria a 50 por ciento. También recupera para el Estado la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, donde se controlan los volúmenes de exportación, y refunda la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como operador estatal en el mercado internacional. La promulgación y aplicación de la nueva ley, por cualquiera de las vías, presidencial o congresal, supondrá que Bolivia duplique hasta 600 o 700 millones de dólares sus ingresos anuales por exportación de hidrocarburos.

En tanto, miles de campesinos y de trabajadores bolivianos se movilizaron ayer en reclamo de la nacionalización directa de los recursos energéticos del país.