Estados Unidos se anotó una nueva victoria en la guerra comercial que comenzó tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025: el pasado jueves, el principal tribunal de Justicia de Panamá anuló los contratos portuarios de concesión del Canal de Panamá de una filial de la empresa CK Hutchinson, fundada por Li Ka-shing, uno de los hombres más ricos del centro financiero chino. Así, la gestión del republicano busca disminuir la presencia del gigante asiático en América Latina.
Canal de Panamá: anulan el contrato de la china CK Hutchison y EEUU suma un triunfo en su guerra comercial
La Justicia de Panamá anuló, el pasado jueves, los contratos de Panama Ports Company, una filial de la empresa china fundada por Li Ka-shing, el hombre más rico del centro financiero chino. Ahora, la compañía danesa Maersk se perfila como nueva operadora de los puertos.
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Estados Unidos se anotó una victoria en su guerra comercial con China.
En detalle, la Corte Suprema panameña desestimó los contratos de Panamá Ports Company (PPC) - filial de CK Hutchson - que mantenía contratos desde la década del 1990 para operar terminales de contenedores en las entradas del canal por el océano Pacífico y el Atlántico. Según el fallo del tribunal, el acuerdo entre el Estado y Panama
Company para el desarrollo, la construcción, la explotación y la gestión de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal eran inconstitucionales.
La decisión toma relevancia cuando es inscripta en un panorama de fuerte guerra comercial entre EEUU y China, con las rutas mercantiles mundiales en el centro de la escena. Con la decisión, Trump busca restar la influencia de China que, en 2024, había inaugurado el puerto de Chanchay (en Perú) desarrollado junto al gobierno peruano. Por el Canal de Panamá circula alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.
La suspensión de las concesiones en el Canal de Panamá
Desde fines de la década del 90, PPC administra los dos principales puertos ubicados en los extremos del Canal de Panamá. La compañía opera Cristóbal, sobre el Atlántico, y Balboa, en la costa del Pacífico, bajo una concesión otorgada en 1997 por el Estado panameño.
PPC forma parte del holding CK Hutchison y tiene presencia global: participa en la gestión de 53 terminales portuarias distribuidas en 24 países, incluidos mercados clave como Reino Unido, España y Australia. En Panamá, los cinco principales puertos se concentran en las inmediaciones del canal y están en manos de concesionarios de Estados Unidos, Hong Kong, Taiwán y Singapur.
La concesión que habilita a PPC a operar en el país había sido prorrogada de manera automática en 2021 por un plazo adicional de 25 años. La empresa sostuvo el año pasado que es “el único operador portuario del país en el que el Estado es accionista” y que en los últimos tres años abonó al gobierno panameño u$s59 millones. Sin embargo, sectores críticos de estos contratos —renovados en los últimos años— denunciaron que eran inconstitucionales y que generaban perjuicios económicos para Panamá.
El fallo judicial abre ahora un escenario de alta incertidumbre. La decisión podría forzar al país a redefinir el marco legal que regula las concesiones portuarias y, eventualmente, convocar a nuevas licitaciones para la explotación de las terminales. Para las navieras internacionales, la continuidad operativa es un factor clave: Panamá es uno de los principales hubs de transbordo del mundo, donde los contenedores se redistribuyen entre buques que cubren múltiples rutas.
La situación se da en medio de una creciente tensión política con Estados Unidos. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump puso el foco en quién controla el tráfico marítimo del Canal de Panamá, una infraestructura que Washington construyó hace más de un siglo y que luego transfirió al país centroamericano. El mandatario republicano llegó a amenazar con el uso de la fuerza para retomar el control de la vía interoceánica, al sostener que el contrato de CK Hutchison para operar los puertos le otorgó a China influencia sobre una ruta estratégica.
Panamá rechazó de plano la idea de que Pekín controle de facto el canal —por donde circula cerca del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos— y adoptó distintas medidas para descomprimir la relación con la Casa Blanca. En esa línea, en marzo del año pasado CK Hutchison anunció la venta del 90% de su participación en PPC, junto con otros activos portuarios no chinos, a un consorcio liderado por la gestora estadounidense BlackRock, en una operación valuada en unos u$s19.000 millones.
En paralelo, las autoridades panameñas intensificaron la presión sobre Hutchison. De acuerdo con datos de la Autoridad Marítima de Panamá, la empresa gestionó el 39% de los contenedores que pasaron por los puertos del país durante 2024.
El conflicto escaló definitivamente este jueves, cuando la Corte Suprema de Panamá declaró “inconstitucionales” las leyes que sustentaban la operación de Hutchison en los puertos vinculados al canal. En este tenso escenario, analistas del sector consideran probable que Panama Ports avance con una demanda de arbitraje internacional tras el revés judicial. El fallo reconfigura el tablero legal y político de uno de los nodos logísticos más sensibles del comercio global.
Qué pasará con la concesión del Canal de Panamá
En medio de la decisión contra CK Hutchinson, el foco está puesto sobre quién se hará cargo de la concesión para seguir operando los puertos mientras se termina de redefinir la lógica del comercio a través del canal de Panamá.
En este sentido, uno de los nombres de peso que surgieron en las últimas horas es la compañía originaria de Dinamarca, Maersk.
Así, el presidente panameño, José Raúl Mulino, detalló: "Se han adelantado conversaciones con una subsidiaria del grupo APM Moller Maersk quien ha mostrado disposición para asumir transitoriamente la operación de ambas terminales y que cuenta con la capacidad y experiencia necesarias"
La respuesta de China
Ante la decisión de la Justicia panameña, diversos medios estatales chinos cuestionaron públicamente la transacción y funcionarios del gobierno central reclamaron a las partes involucradas actuar con “cautela”, con la advertencia explícita de eventuales consecuencias legales si avanzaban sin la autorización correspondiente.
Desde la óptica oficial china, el acuerdo excede una lógica estrictamente comercial. Las terminales del Canal de Panamá son consideradas activos estratégicos dentro de la iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda, el ambicioso plan de infraestructura global impulsado por el gigante asiático, por lo que cualquier cambio en su control tiene implicancias geopolíticas, según subrayaron medios alineados con el Gobierno.
Especialistas en comercio internacional advirtieron, además, que una eventual revisión de CK Hutchison por parte de las autoridades chinas podría tener efectos colaterales relevantes para Hong Kong y su rol histórico como plataforma de conexión entre China y los mercados globales.
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