Rio de Janeiro (AFP) - El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se vio obligado a intervenir personalmente para aplacar el malestar que se había instalado entre su gobierno y las FF.AA. debido a presiones para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar (1964-1985).
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«Debemos aprender a considerar a nuestros muertos, estudiantes y obreros, como héroes y no más como víctimas de la dictadura», dijo Lula, al afirmar que lo más importante «no es sancionar a los militares sino recuperar la historia de aquellos que fueron perseguidos».
Lula formuló esas declaraciones al firmar un proyecto de ley que admite la responsabilidad del Estado en el incendio de la tradicional sede de la Unión Nacional de los Estudiantes, en 1979, en Rio de Janeiro. Ese proyecto de ley prevé la reconstrucción del histórico edificio.
Con su discurso, que marca un claro contraste con la política que sigue el gobierno argentino, Lula buscó poner punto final a la polémica lanzada por el ministro de Justicia, Tarso Genro, quien el pasado 31 de julio cuestionó la llamada «Ley de Amnistía» de 1979. Mediante esa norma, las partes acordaron la liberación de los prisioneros políticos y el retorno de los exiliados a cambio del perdón a los delitos en el marco de la represión.
Genro provocó un verdadero incendio político al sugerir la necesidad de una nueva interpretación de esa ley, y pidió la sanción de militares, policías y agentes del Estado que practicaron torturas. «La tortura no es un crimen político y es un tema del derecho común», dijo el ministro, aunque admitió que «la apertura de procesos contra militares no es de nuestra competencia», sino del Poder Judicial.
La declaración generó intensomalestar en los altos rangos militares, que de inmediato denunciaron un «puro espíritu de revancha».
Para calmar las cosas, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), Gilmar Mendes, acotó que era mejor «cerrar un debate que acarrea riesgos de inestabilidad institucional», al tiempo que el ministro de Defensa, Nelson Jobim, afirmó que «La ley (de amnistía) no será revisada».
Jefes militares llegaron a organizar una demostración de fuerza el pasado 7 de agosto al reunir más de 500 oficiales en el Club Militar de Rio de Janeiro, incluido el coronel Carlos Alberto Ustra, un ex jefe de la represión en la ciudad de San Pablo.
La prensa brasileña afirmó que el presidente Lula convocó a Genro y le dio un «tirón de orejas» por el episodio, y que en una reunión de gabinete el mandatario explicó a sus colaboradores que «no quería una polémica con los militares». De hecho, Genro fue forzado a dar marcha atrás, y dijo a la prensa que sus ideas habían sido «mal interpretadas».
El gobierno de Lula incluye a varios ministros que participaron de la lucha contra el régimen militar. El propio presidente fue detenido durante un mes en 1978, cuando lideraba grandes huelgas obreras en San Pablo.
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