Colombia: amenazan disolver el Congreso

Bogotá (Reuters, EFE, AFP, ANSA) - El gobierno colombiano dio ayer un ultimátum al Congreso para que apruebe un referendo destinado a combatir la corrupción y controlar el gasto del Estado al advertir que, si no lo hace, lo disolverá y acudirá al apoyo popular.

La advertencia, hecha a través del ministro del Interior, Fernando Londoño, dejó en entredicho el principal proyecto del presidente Alvaro Uribe, quien prometió en su campaña una profunda reforma política para acabar con la corrupción y evitar el despilfarro de recursos controlando gastos.

«Hoy es el día para desenredarlo (el referendo) para saber dónde estamos», declaró el ministro Londoño a periodistas.

• Recolección de firmas

Londoño dijo que si las comisiones del Congreso no aprobaban el proyecto de referendo, que consideró crucial para salvar el Estado en aspectos económicos y sociales, lo retirará e intentará impulsarlo a través de la recolección de firmas. Un referendo para realizar reformas a la Constitución de Colombia puede ser aprobado por el Congreso directamente o, en caso contarlo, éste debe aprobarlo luego de que el pueblo lo haya autorizado a través de voto.

Aunque Colombia tiene una de las demo-cracias más antiguas de América latina, el Congreso es considerado como una de las instituciones más corruptas y la mayoría de los legisladores es acusada de aprobar leyes a cambio de beneficios personales otorgados por el gobierno de turno.

«Simplemente se aprueba el referendo (en el Congreso) o se le abre camino a una política distinta o el pueblo tendrá que decidir la última palabra», aseguró Londoño.

El ministro admitió que en esa eventualidad el gobierno propondrá la disolución del Congreso, integrado por 266 legisladores, y un nuevo llamado a elecciones legislativas. Las declaraciones del funcionario fueron interpretadas por congresistas como una amenaza.

La posición del Ejecutivo podría provocar fuertes roces con el Congreso y paralizar la aprobación de decisivas reformas tributarias, laborales y del sistema de pensiones pactadas con el FMI, y fundamentales para recuperar el crecimiento de este país de unos 40 millones de habitantes. La aprobación de las reformas también son de vital importancia para que la banca multilateral desembolse 5.000 millones de dólares, que necesita el gobierno para su funcionamiento.

Horas después de que hablase su ministro, Uribe advirtió que no negociará nada con el Legislativo. «Aquí no llegamos a congraciarnos con el establecimiento politiquero, sino a reformar la política para que nuestro país funcione correctamente», declaró el mandatario al insistir que la reforma se hará con el Congreso o con el apoyo del pueblo. Pero los congresistas rechazaron el ultimátum del gobierno y lo consideraron como una presión indebida. «No aceptamos ultimátum», advirtió el senador independiente Antonio Navarro, mientras que el presidente del Congreso, Luis Alfredo Ramos, quien apoya a Uribe, dijo que el Congreso es independiente y no un «apéndice del gobierno».

En 2000 el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana retiró un proyecto de referendo que incluía la disolución del Congreso luego de que el Legislativo amenazó también con revocar su mandato, lo que desató una crisis política.

Aunque Uribe inicialmente había plan-teado la disolución del Congreso, desistió ante las claras señales que dio el Poder Legislativo de querer contribuir a las reformas que incluyen una reducción del tamaño del Parlamento, el congelamiento del gasto del Estado y la eliminación de oficinas estatales.