Con bomba saldó ETA debate sobre el diálogo: 52 heridos

Así quedó el lugar donde explotó ayer el coche bomba de ETA, en Madrid. La violencia de la organización separatista vasca pone en aprietos al gobierno de Rodríguez Zapatero.

Madrid (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El grupo terrorista ETA irrumpió ayer en el debate sobre un eventual diálogo con el gobierno con la colocación de un coche bomba en Madrid cargado con 20 kilos de explosivos, que causó lesiones leves a 52 personas y cuantiosos daños materiales.

Se trata del segundo atentado con coche bomba en la capital de España en 2004 y, como en la ocasión anterior, los terroristas advirtieron previamente del lugar donde se iba a producir la explosión en una llamada telefónica al diario vasco «Gara». La policía dispuso de tiempo suficiente para evacuar la zona, en el barrio madrileño de San Blas, lo que no evitó que tres personas tuvieran que ser atendidas por problemas en los oídos, a causa de la onda explosiva, y otro medio centenar, por crisis nerviosas.

Las reacciones políticas fueron inmediatas, y el presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que el objetivo del Ejecutivo sigue siendo «combatir y acabar con el terrorismo» y que el único destino de ETA es abandonar las armas.

Incomodado por el atentado, que a los ojos de muchos españoles termina dando la razón a la oposición de centroderecha, que afirma que no se debe negociar con ETA, Zapatero expresó su deseo de que en el combate contra el terrorismo haya «plena unidad» y todos se sientan «identificados con una política antiterrorista». Se refirió así a las divergencias que mantiene con el Partido Popular (PP) en esta materia.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, dijo que las fuerzas de seguridad seguirán persiguiendo a los etarras y pidió a la clase política y periodística que rebajen el «nivel de ruido» y las «especulaciones» sobre un posible diálogo con ETA.

El atentado ocurrió ocho días después de que el Congreso de los Diputados, Cámara baja del Parlamento español, aprobara una moción presentada por el mayoritario grupo socialista, que autoriza al gobierno a establecer contactos con ETA si renuncia a las armas.

La moción fue respaldada por todos los grupos, a excepción del PP, cuyo portavoz, Eduardo Zaplana, dijo que el atentado de ayer demuestra que es «un gran error todo lo que sea darles a los etarras balones de oxígeno».

• Reclamo

Zaplana pidió al gobierno que reflexione sobre su política antiterrorista y que vuelva a «combatir con toda contundencia» a ETA porque «los terroristas sólo quieren matar» y lo «único» que puede hacer el estado de derecho y la democracia «es combatirlos».

No obstante, el presidente del PP, Mariano Rajoy, expresó su apoyo al Ejecutivo en el combate contra ETA y pidió recuperar el Pacto Antiterrorista firmado por socialistas y conservadores como la vía para derrotar de manera definitiva a los terroristas.

La portavoz del gobierno regional vasco en funciones, Miren Azkárate, se preguntó si ésta «es la contribución de ETA a la paz», y pidió a la organización terrorista «que se retire y deje las armas», tras expresar su «condena más rotunda y firme» del atentado.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), mayoritaria entre los afectados por las acciones de ETA (que ha asesinado a más de 800 personas desde 1968), consideró que el coche bomba demuestra «inequívocamente el error de aquellos que pretenden dialogar con ETA sometiendo al estado de derecho a los designios de los asesinos».

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, destacó la coincidencia del atentado con la presencia ayer en Madrid de Arnaldo Otegi, líder de Batasuna (ilegalizado brazo político de ETA), para declarar como imputado por un delito de integración en banda armada. Otegi y otros dirigentes de Batasuna son acusados por la fiscalía de recaudar fondos para financiar las actividades de los etarras. El último atentado mortal de la banda terrorista fue el 30 de mayo de 2003, cuando murieron dos policías. En estos dos años, ETA ha centrado su actividad en la colocación de bombas contra empresas, intereses turísticos e infraestructuras eléctricas y de ferrocarriles en distintos puntos de España.