Washington - De acuerdo con expertos, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos parecían inclinados ayer a bloquear una ley de Texas que amenaza con convertirse el mayor golpe al derecho al aborto en el país en casi medio siglo.
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Cuatro de los nueve miembros del máximo tribunal -su presidente, John Roberts, y los tres jueces progresistas-, habían votado anteriormente para detener la aplicación de esta ley que, desde hace dos meses, ha limitado drásticamente el derecho de las texanas a interrumpir embarazos.
En tanto, dos jueces conservadores designados por el expresidente Donald Trump, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, también parecían dispuestos, después de horas de escuchar argumentos, a votar por congelar la nueva normativa, que, de manera novedosa, delega la aplicación de la ley a los ciudadanos comunes.
“Parece que seis jueces son escépticos del sistema de justicieros creado por Texas”, tuiteó durante la audiencia Neal Katyal, quien fue fiscal general adjunto durante el gobierno de Barack Obama.
“Delación premiada”
La ley aprobada en mayo por los legisladores republicanos de Texas prohíbe el aborto tan pronto como se perciban los latidos del corazón del embrión, o sea, en torno a las seis semanas de embarazo, cuando la gran mayoría de las mujeres no saben aún que están embarazadas. La prohibición rige incluso en caso de incesto o de violación.
Una docena de otros estados han adoptado leyes similares, pero todas han sido declaradas inválidas en los tribunales porque violan la jurisprudencia de la Corte Suprema. Esta reconoció en 1973 el derecho de las mujeres a practicarse abortos y especificó en 1992 que ello se aplica siempre que el feto no sea viable fuera del útero, es decir, hasta alrededor de las 22 semanas de embarazo.
La ley de Texas confía a los ciudadanos “exclusivamente” la tarea de hacer cumplir esta prohibición, alentándolos a emprender acciones civiles contra las personas y organizaciones que ayudan a las mujeres a tener abortos más allá de las seis semanas. En caso de victoria en los tribunales, estos ciudadanos obtendrán una indemnización de 10.000 dólares, establece la ley. Sus detractores lo ven como un “bono por denunciar”.




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