Correa podría clausurar el Congreso
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La elección de
convencionales
constituyentes
transcurrió sin
problemas
ayer en
Ecuador,
despejando
los temores
de los observadores
(abajo). El
presidente
Rafael Correa,
marcado con
rouge por una
simpatizante
(arriba),
buscará
avanzar ahora
con su
proyecto
socializante.
«Esta ha sido una elección limpia, democrática, eficiente, transparente. Las proyecciones son claras: la victoria de la ciudadanía es incuestionable», señalóCorrea en una conferencia de prensa en el Palacio ( presidencial) de Carondelet.
Asimismo aseguró que la Asamblea no tendrá «poderes totalitarios».
Ese es, justamente, el temor de la oposición, que ve avanzar un liderazgo socializante, clientelista y de cuño chavista que se plasmará en el nuevo texto constitucional.
Correa, que en su breve gestión ha logrado una elevada popularidad gracias a un amplio reparto de subsidios, necesita al menos 66 escaños para aprobar sus reformas sin el apoyo de ninguna otra fuerza, incluida la extensión del rol del Estado en la economía y la disolución del Parlamento unicameral, en el que Correa no tiene representación puesto que no había presentado candidatos durante las elecciones generales de 2006 como repudio a los políticos tradicionales.
El cierre del Congreso que, según aseguró el propio gobierno, decidirá la Asamblea Constituyente a poco de instalarse, atemoriza a la oposición, que ya denuncia un atentado a la democracia.
La agenda de Correa incluye reducir el poder de los partidos tradicionales, consolidar la autoridad presidencialismo y expandir la intervención del Estado en sectores económicos clave, todo en el marco de la instauración del « socialismo del siglo XXI» defendido por el venezolano Chávez, su gran aliado internacional.
La Asamblea -que tendrá poderes totales para modificar el esqueleto jurídico, institucional y económico de Ecuador- capitalizó el descontento de la población con los partidos tradicionales, a los que se acusa de corrupción.
Los 130 asambleístas tendrán 180 días con una prórroga de dos meses adicionales para estructurar la nueva Constitución, lo que mantiene alertas a los inversores por la preferencia de Correa por políticas que corroen la política fiscal o golpear las perspectivas para la inversión privada.




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