Denuncian ahora "escuadrones de la muerte" en San Pablo

Una calle de San Pablo, escenario de la cruenta guerra declarada por grupos mafiosos, muestra restos de sangre. Se teme ahora un descontrol de la policía.

San Pablo (AFP, ANSA, EFE, Reuters, diarios locales) - La policía de San Pablo lanzó ayer una cruenta contraofensiva tras la reciente ola de ataques y rebeliones carcelarias del crimen organizado, que en cinco días dejó 155 muertos. El accionar policial fue inmediatamente repudiado por grupos de derechos humanos, que denunciaron la existencia de «escuadrones de la muerte».

«La situación está bajo control», dijo el gobernador Cláudio Lembo (del opositor Partido del Frente Liberal, PFL), y en parte tuvo razón, ya que la población de la ciudad volvió a desarrollar sus actividades con normalidad, con escuelas, empresas y comercios abiertos y el transporte público restablecido. Sin embargo, los medios locales destacaron que en la madrugada de ayer la policía abatió a 22 sospechosos de haber participado en ataques contra sus dependencias, elevando a 93 el número de presuntos delincuentes muertos desde el estallido de la violencia, el viernes último.

Según dijo el jefe policial Elizeu Teixeira Borges a la TV Globo, los últimos atentados no fueron responsabilidad del grupo mafioso Primer Comando de la Capital (PCC), sino de « surfistas delincuentes (oportunistas)que están aprovechando la ocasión, principalmente en el interior» del estado.

Las autoridades reconocieronayer 155 muertes, 93 de ellas de supuestos delincuentes, desde el viernes.

Las fuerzas del orden anunciaronque, tras contener los ataques y los motines carcelarios, pasarían a la ofensiva. «La policía está matando a quien osa enfrentarnos», manifestó en rueda de prensa Teixeira Borges. «La caza continúa», añadió en tono duro.

El mayor Sergio Olimpo Gomes, de la Asociación de Oficiales policiales, alertó al diario «O Globo» que los agentes seguirían la máxima del «ojo por ojo». «A partir de ahora, morirá un promedio de 10 a 15 bandidos por día en San Pablo», advirtió. Si hubiera una tregua entre el gobierno de San Pablo y el PCC, Gomes alertó que «no se cumplirá porque 130.000 policías en las calles no la respetarán».

James Cavallaro, de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, reclamó respeto a la legalidad y a la investigación de todas las muertes ocurridas en los enfrentamientos. «Es necesario que las fuerzas del orden actúen dentro de la ley, aun en tiempos difíciles, porque, de lo contrario, la policía se convierte en una banda más, un grupo armado actuando sin ley», dijo Cavallaro a «Folha de Sao Paulo».

Civiles

En tanto, varios testimonios dieron cuenta de la actuación de civiles dentro de patrullas en barrios de la ciudad, reavivando el temor a la actuación de « escuadrones de la muerte» parapoliciales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos) expresó su «profunda» preocupación por la violencia y recordó la obligación de los estados de garantizar la seguridad pública y el estado de derecho dentro del pleno respeto a los derechos humanos.

Mientras continúa la polémicapor la supuesta tregua negociada entre el gobierno paulista y el PCC -que no parece ser acatada por la policía en las calles-, el gobernador Lembo admitió que hubo contactos con el jefe mafioso, Marcos Williams Camacho, alias «Marcola».

El gobernador confirmó informes de prensa que habían asegurado que la reunión se realizó el domingo a pedido de una abogada que quería cerciorarse de que el preso estaba en buenas condiciones de salud, pero insistió en que «no se celebró ningún acuerdo».

Otro líder del PCC, Orlando Mota Junior, alias «Macarrao» («Macarrón»), admitió desde la cárcel a un canal de televisión que «hubo sí una negociación». Este declaró que se suavizaron las restricciones a recreos y visitas de abogados, aplicadas a reclusos en condiciones de máxima seguridad.

Sondeo

La población de San Pablo reprueba la supuesta negociación con los narcotraficantes. Una encuesta de Datafolha realizada el martes señaló que 65% cree que se alcanzó un pacto y 42% reprobó que el gobierno haya negociado. El mismo sondeo da cuenta de que para 55% la responsabilidad de lo ocurrido recae en el Poder Judicial, mientrasque a nivel político las culpasse reparten entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (39%) y el ex gobernador y actual candidato presidencial opositor Geraldo Alckim (37%). Según Lula da Silva, la violencia es «resultado de la falta de inversiones en educación» de los gobiernos precedentes. «Si hubiéramos invertido en educación en los años 70, 80 y 90, muchos de esos jóvenes presos estarían trabajando, dando clases o estudiando», dijo.

El mandatario afirmó que para contener el crimen organizado no tienen sentido «el bloqueo de teléfonos (celulares) ni la pena de muerte».

Pese a ello, su gobierno anunció ayer que las empresas operadoras de telefonía celular serán obligadas, mediante un decreto presidencial, a comprar, instalar y administrar bloqueadores de teléfonos en las cárceles. Es sabido que los líderes del PCC montaron la ofensiva narcoterrorista desde dentro de sus lugares de reclusión mediante el uso de teléfonos celulares.